Protestar es algo inherente a la naturaleza de los franceses. En menos de tres meses han convocado 10 huelgas generales y centenares de manifestaciones que han movilizado a millones de trabajadoras y trabajadores de todo el país que se rehúsan a renunciar a una jubilación digna.
Enfrentamientos con la policía, represión, calles inundadas de basura, centrales nucleares totalmente paralizadas, cientos de detenidos y heridos de ambos bandos figuran como parte del saldo que ha dejado la decisión del Gobierno de Macron. Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que el próximo 13 de abril dará comienzo una nueva huelga indefinida de recolectores de desechos.
Pero Francia no es el único país cuyo sistema previsional enfrenta un proceso de reforma: España, República Checa —también en Europa—, Uruguay, Colombia y Chile —en América Latina— se suman a una marea de naciones que están modificando uno de los pilares de la seguridad social: la jubilación.
Uno de los argumentos principales para reformar los sistemas de pensiones es que la población está envejeciendo.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que la esperanza de vida al nacer aumentará, de manera global, de 72,8 años en 2019, a 77,2 en 2050. Mientras que el promedio de natalidad continúa a la baja, especialmente en Europa, en donde la fecundidad "está ahora por debajo del nivel necesario para el pleno reemplazo de la población a largo plazo (alrededor de 2,1 hijos por mujer), y en la mayoría de los casos la fecundidad ha estado por debajo del nivel de reemplazo durante varias décadas".
23 de marzo 2021, 15:50 GMT
A luz de estos datos, Macron y su Gobierno afirman que la reforma al sistema de pensiones es necesaria por "el envejecimiento de la población". En concreto, las autoridades temen que en el futuro no haya trabajadores en activo suficientes que paguen las pensiones de los jubilados.
Por ello, aseguran que la reestructura del sistema permitirá evitar ese desequilibrio y, con ello, mantener el estado de bienestar. Con la aprobación de la reforma, Francia comenzará a retrasar la edad de jubilación tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030. Actualmente, la edad de retiro es de 62 años, tanto para hombres como para mujeres.
Por su parte, la reforma de pensiones de la República Checa pretende incrementar la edad de jubilación de 65 a 68 años.
Muy similar es el razonamiento del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cuya iniciativa se basa en la premisa de que es necesario enfrentar el déficit del sistema previsional y las problemáticas provocadas por la baja natalidad y la creciente expectativa de vida de los uruguayos. De ahí que la reforma al Sistema de Seguridad Social en el país sudamericano pretenda que la edad requerida para jubilarse sea de 65 años, cinco más que en la actualidad.
22 de marzo 2023, 21:46 GMT
Los fondos de pensiones enfrentan problemas
Al respecto, el economista Joaquín Sánchez Gómez, que ha sido consultor para distintas dependencias de gobierno y organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), explicó en entrevista para Sputnik que "este tipo de reformas se dan debido a que los sistemas de pensiones enfrentan problemas de financiamiento".
Lo anterior porque cuando las pensiones de reparto fueron creadas —en la Alemania del Kaiser Guillermo, en 1881—, "no se esperaba que la gente viviera tanto tiempo (...) fueron pensadas en una lógica en la que la esperanza de vida era determinada".
De acuerdo con el especialista, los modelos de pensiones tradicionales fueron diseñados a partir de lo que se conoce como bolsas de reparto, en las que "una generación aporta cierta cantidad, que beneficia a los pensionados de ese momento y, en un futuro, se espera que la generación de los que están trabajando contribuya a las pensiones de los que más adelante van a envejecer". Sin embargo, este sistema demostró debilidades, por lo que los procesos de reforma "vienen desde mucho tiempo atrás", detalló Sánchez Gómez.
Por ejemplo, México aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 y la medida entró en vigor en 1997 —durante el sexenio del priista Ernesto Zedillo—, lo que representó el "cambio del sistema de bolsa solidaria a un sistema de cuentas individuales, que es más o menos la lógica que siguen los diferentes procesos de reforma: cambiar de una bolsa solidaria a un bono de cuenta individual", apunta Sánchez Gómez.
"Eso quiere decir que están invertidos en instrumentos de diferentes tipos, tanto de renta fija como bonos, en algunos casos, de renta variable, pero con una estructura de rendimiento que busca que los trabajadores obtengan beneficios de mediano y largo plazo", explicó a este medio el economista especializado en análisis macroeconómico aplicado y finanzas públicas Víctor Gómez Ayala.
El caso de Chile
En América Latina, Chile fue el primer país en privatizar su sistema previsional durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1981, "abandonando el régimen previo donde el Gobierno era el responsable totalmente del pago de las pensiones", detalló a este medio el académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Moritz Alberto Cruz Blanco.
De esta manera, en el país sudamericano las pensiones dependen de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), diseñadas por José Piñera, el hermano menor del ahora expresidente Sebastián Piñera.
Mientras que el modelo de las AFP ha sido evaluado como un éxito por los grandes grupos económicos del país latinoamericano, una buena parte de la población, en cambio, lo considera un fracaso. Incluso, una de las demandas principales del estallido social de 2019 fue el cambio de un sistema privado a uno de solidaridad generacional.
Para poner el problema en perspectiva, en 2016 el fondo acumulado de previsión tenía 108 billones de pesos chilenos (138 millones de dólares). Ese año, el conjunto de trabajadores cotizó 14 billones de pesos (17,9 millones de dólares), pero las AFP repartieron a los jubilados únicamente 7 billones de pesos (8,9 millones de dólares), de acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones del Gobierno de Chile.
Al año siguiente, sucedió lo mismo: los grupos que administran los fondos se quedaron con la mitad de los ingresos. En ese contexto, en noviembre de 2022, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el envío de un proyecto de ley para cambiar el sistema privado de pensiones.
"En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de pobreza", declaró el mandatario. "Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos", agregó el mandatario sudamericano.
No obstante, el financiamiento de la reforma del sistema previsional propuesta por el oficialismo depende de la aprobación de la reforma tributaria, que fue rechazada el 8 de marzo por el Congreso chileno.
El argumento demográfico lo usan los Gobiernos conservadores
Ahora bien, no todas las reformas han planteado extender la edad de jubilación. Tal es el caso de la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no toca la edad de retiro a pesar de que sí contempla el incremento de la población mayor.
Para Cruz Blanco, lo anterior está relacionado con la visión política de quienes están en el Gobierno.
"El argumento [del envejecimiento] plantea una base económica pero una base ideológica también: que el Gobierno no puede sostener este ritmo de pago de pensiones porque los recursos se extinguen o se agotan y tiene presiones de presupuesto público", detalló a este medio el especialista en análisis macroeconómico.
Así, explicó que esa perspectiva corresponde generalmente a Gobiernos conservadores y de derecha, "que tienen una visión más tecnócrata del manejo de la administración pública y de las políticas económicas".
Sin embargo, dijo, esas administraciones "nunca hacen mención que también puede ser insostenible tocar otros rubros del presupuesto, como, por ejemplo, la deuda, todo se toca menos la deuda pública, las deudas que se tienen que pagar en el futuro".
"Ahí hay una visión más bien ideológica, insisto, sobre que el Gobierno debe deshacerse de ciertas responsabilidades, trasladándolas al trabajador y, en este sentido, deshacerse de lo que originalmente era una visión de Estado del bienestar, de ahí vemos el rechazo de la sociedad francesa, por ejemplo, y por dos años nada más, que ha aumentado la edad, todo el alboroto que se ha generado porque es parte de su bienestar general, de su Estado de bienestar y el no respetarlo implica que realmente se priorizan otros elementos, menos al individuo o a la sociedad en general", consideró el universitario.
Asimismo, Cruz Blanco cuestionó la idea de que los problemas macroeconómicos, "generalmente, se deben a un exceso de gasto público".
"Eso tiene la base de todos los programas de ajuste tipo FMI (Fondo Monetario Internacional) y Banco Mundial: equilibrar el gasto público no necesariamente gravando más, sino reduciendo el gasto público, y esto le abre la puerta al mismo tiempo al sector privado, es un doble mecanismo, reduces el gasto, por un lado, y equilibras, en teoría, tus finanzas públicas, y, al mismo tiempo, se lo das al sector privado, ese negocio, para que, en teoría, sea más eficiente que el Gobierno", criticó el economista.
¿Cómo hacer sostenible un modelo previsional?
Una forma de darle sostenibilidad a largo plazo a un sistema previsional es aumentar el porcentaje de cuotas, explica Joaquín Sanchez Gómez.
"Algo que plantea, por ejemplo, la reforma española, es que sean los empleadores los que den una porción mayor a lo que daban anteriormente y, entonces, pues vas haciendo una cuenta mucho más grande conforme pasan los años", apuntó el experto.
Y añadió que las reformas deben tener dos objetivos muy claros. El primero: tener como base abatir las desigualdades.
"Esto podría dotar de sostenibilidad, teniendo en cuenta que sean los empleadores quienes aporten una cantidad mayor a los fondos de seguridad social y entonces las aportaciones ya no sean tan pequeñas y tengamos una bolsa un poco más grande que, al final de un tiempo, se pueda repartir mejor entre los trabajadores. Puede ser a través de un fondo social o a través de cuentas individuales, eso creo que se tiene que discutir", apuntó.
En segundo lugar, tomar en cuenta las formas de trabajo que están fuera de la formalidad. "Recientemente la gente hace home office, la gente trabaja como Uber, la gente hace entregas a domicilio y son formas de trabajo que antes no se preveían en ninguna legislación y que ahora son parte de la discusión: ¿quién va a pagar las pensiones de los choferes de Uber? Es algo que se debe discutir", aseveró.
Por su parte, Cruz Blanco consideró que la gran fuente de ingresos de un Gobierno "debe de provenir de la riqueza, ahí es donde se debe de gravar, no poner como problema la informalidad y la menor recaudación que de ahí se pueda obtener para transformar el sistema de pensiones".
"Si uno grava esos recursos se pueden financiar sin ningún problema —como se hace en los famosos países nórdicos— las pensiones y mucho más, generar un estado de bienestar realmente eficiente y benévolo en el sentido amplio de la palabra", aseveró el investigador en materia económica.
Sólo de esa manera, incrementando los impuestos a los que más tienen, será posible enfrentar los problemas de financiamiento que enfrentan las pensiones, concluyó el especialista.
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