Trabajadores uruguayos se movilizan contra reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno
21:46 GMT 22.03.2023 (actualizado: 21:56 GMT 22.03.2023)
© Foto : Twitter/PITCNT1
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La central única de trabajadores de Uruguay, PIT-CNT, convoca el 23 de marzo a un paro general y una movilización contra la reforma jubilatoria que impulsa el Gobierno por considerar que es negativa para los intereses populares, dijo a Sputnik el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Gabriel Molina.
"Convocamos un paro a nivel nacional con una gran movilización en Montevideo el día jueves 23 para rechazar de plano este proyecto totalmente adverso y negativo para los intereses populares", indicó el dirigente, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores).
La movilización, que la central sindical espera que sea masiva, comenzará en la mañana y se dirigirá hacia el Palacio Legislativo (sede del parlamento), donde desde la semana pasada funciona una carpa en la que se realizan actividades informativas en contra de esta reforma.
23/03 PARO GENERAL
— PIT CNT (@PITCNT1) March 22, 2023
📢 CONTRA LA REFORMA JUBILATORIA DEL GOBIERNO
📍 10 h · Concentración explanada UdelaR y movilización hacia el Palacio Legislativo
Estamos ante una reforma jubilatoria regresiva, que el gobierno pretende generar, aumentando las brechas desigualdad.
PIT-CNT pic.twitter.com/4QvsCEXSb5
Molina explicó que el PIT-CNT rechaza el proyecto porque afecta a los trabajadores y trabajadoras, que se "resolvió entre pocos técnicos y pocos espacios cerrados" sin un intercambio real con los involucrados.
"Nos están invitando directamente a trabajar más años, porque nos aumentan la edad para jubilarnos y a cobrar menos", agregó el dirigente.
El proyecto elaborado por el Gobierno, que considera que la reforma es urgente ante los desafíos de sostenibilidad que presenta el sistema previsional hacia el futuro, ya fue aprobado en el Senado, únicamente con votos del oficialismo, y ahora busca respaldo en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La normativa propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, en un proceso gradual que no abarca a toda la población.
En ese sentido, Molina dijo que con todos los cambios que se proponen, la jubilación que recibirán los trabajadores, en general, será menor a la que se obtiene con el sistema actual, algo contrario a lo que afirman sus impulsores.
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Para el dirigente sindical, los parlamentarios deben rechazar el proyecto para dar espacio a un amplio debate sobre la forma de mejorar el sistema actual, sin perjudicar el futuro de trabajadores y trabajadoras.
"Uruguay es el único país del mundo en el que al sistema previsional, en nuestro caso el Banco de Previsión Social (BPS, estatal), aportan más los trabajadores que los empresarios, y esa es una de las cosas que nosotros entendemos que se tendrían que revisar y esta reforma no lo hace", señaló.
Tema mundial
La discusión sobre una reforma jubilatoria no es un tema exclusivo de Uruguay.
Los sistemas de seguridad social están en la mira en varios países de Latinoamérica y el mundo ante el aumento de la esperanza de vida a 80 años o más y la baja en las tasas de fecundidad, lo que hace que cada vez haya más población anciana o en edad de retiro y menos jóvenes y adultos en edad de trabajar y realizar aportes jubilatorios.
Esto lleva a que el aporte de los trabajadores no alcance para sostener a los pasivos y se genere un déficit previsional que los distintos gobiernos buscan paliar con reformas al sistema.
Las protestas contra los proyectos de reforma tampoco es un fenómeno que esté ocurriendo únicamente en el país sudamericano.
El movimiento sindical de Brasil protagonizó intensas movilizaciones contra los cambios en la seguridad social que finalmente se aprobaron durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023).
En Chile, que ha sido epicentro de protestas sociales en la región en los últimos años, el reclamo de una reforma al sistema previsional, hoy en manos de las Administradoras del Fondo de Pensiones, es un reclamo permanente en la agenda de las movilizaciones.
Cruzando el Atlántico, en Francia se realizan por estos días multitudinarias manifestaciones contra la reforma jubilatoria liderada por el presidente Emmanuel Macron, que sube de 62 a 64 años la edad mínima de retiro, cuando ya había aumentado de 60 a 62 años hace poco más de una década.
Otra reforma es posible
En diálogo con Sputnik, Hugo Bai, economista integrante del Instituto Cuesta Duarte, centro de pensamiento e investigaciones del PIT-CNT, señaló que es innegable que Uruguay necesita una reforma de la seguridad social, pero no como la que está planteada en el proyecto que se discute actualmente en el parlamento.
El Instituto Cuesta Duarte realizó un análisis del texto en estudio y concluyó que "otra reforma es posible", frase que se convirtió en lema del movimiento social y sindical para las movilizaciones en rechazo al proyecto.
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Una de las principales críticas a la iniciativa actual es que se centra en el gasto y no aborda el tema del financiamiento.
"No es acompañable una reforma centrada exclusivamente en rebajar prestaciones y derechos que hacen recaer todo el gasto del cambio demográfico en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras", dijo el economista.
En ese sentido resaltó que se deben abordar las "inequidades verdaderamente importantes" que existen en el sistema actual, ya que hay sectores que están exonerados del pago de sus aportes patronales, con el que se financian las jubilaciones y pensiones, distintos regímenes jubilatorios que son más beneficiosos para unos que para otros, entre otros factores, que directamente no se tocan en el proyecto del Gobierno.
El instituto también es crítico con el sistema mixto que funciona en el país, donde conviven un pilar de reparto de solidaridad intergeneracional (en el caso del BPS), con uno de capitalización individual en manos de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), de carácter privado.
Desde el movimiento sindical están a favor del ahorro individual, pero consideran que debe ser rentabilizado por el Estado, ya que las AFAP "han tenido ganancias de lucro absolutamente desmedidas" desde que comenzaron a operar en el país, en 1996, al tiempo que no han demostrado mayores beneficios para los usuarios.
A su vez, consideran que la reforma, además de haberse elaborado "a las apuradas", es incompleta, porque aborda solo la parte jubilatoria y de pensiones, cuando debería plantear una transformación integral de toda la seguridad social, que incluya discapacidad, atención a la primera infancia y el sistema nacional de cuidados.
Edad
Respecto a uno de los pilares de la reforma, que sube cinco años la edad de jubilación, el economista reconoció que ante el aumento de la longevidad "es razonable pensar que la gente pueda trabajar un poco más", pero no puede ser una norma general.
"Nosotros efectivamente estamos de acuerdo con buscar los incentivos para que aquellos trabajadores que están en condiciones físicas, psíquicas y laborales de hacerlo, puedan retirarse más tarde", dijo.
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Por ejemplo, un profesional universitario, en determinado contexto laboral, con una expectativa de vida de entre 80 y 85 años seguramente puede trabajar un tiempo más y tal vez no tenga sentido que se retire a los 60 años, pero esa no es la realidad de todos los uruguayos, explicó.
"Lo que planteamos es no obligar a aquellos que no están en condiciones de hacerlo a retirarse más tarde, no solo porque no podrían físicamente, psíquicamente, sino porque su empleo no va a estar garantizado", añadió.
El economista destacó que en el mercado laboral uruguayo hay situaciones de precariedad muy importantes, niveles de informalidad y desempleo altos y condiciones laborales en general que hacen que muchos trabajadores y trabajadoras lleguen "muy complicados" a la edad mínima de retiro, que hoy son 60 años.
El plazo dictado por el presidente Luis Lacalle Pou para aprobar el proyecto de ley es el 29 de marzo, pero se especula con que el partido Cabildo Abierto (derecha), que integra la coalición de gobierno, solicite una prórroga para definir su votación ante dudas y desacuerdos con el texto actual.
Se espera además que el proyecto sufra modificaciones tras el análisis en la Cámara de Diputados; el Poder Ejecutivo ya adelantó que dará lugar a muchas de las recomendaciones, mientras que calificó a algunas propuestas, como la de bajar la edad de jubilación de 65 a 63 años, como "inviables".
Tanto Molina como Bai resaltaron que el tema de la seguridad social debería ser una política de Estado, que supere los períodos de gobierno y las preferencias de quienes están circunstancialmente en el poder.
