En este 2020, Bolivia compartió con muchos países las penurias económicas y sociales provocadas por la pandemia de COVID-19, agravadas por un quiebre institucional producto del golpe de Estado de fines del año anterior.
Tras destacar en la última década con los índices de crecimiento y reducción de pobreza más altos de la región, en exitosa conjunción de entorno económico y modelo estatista, Bolivia pasó a formar parte en el último año de la lista de países que, desde la periferia del neoliberalismo, no pudieron combatir la pandemia.
A crecer de nuevo
Instalado el 8 de noviembre con la promesa de reconstruir con tono socialista la economía que declaró "quebrada" tras un año de crisis y COVID-19, el nuevo Gobierno que encabeza Luis Arce se ha planteado metas muy optimistas para el 2021, proclamando el fin del "intento de restauración neoliberal".
El neoliberalismo fue la lógica que guio a casi todos los gobiernos bolivianos en las últimas décadas del siglo pasado, hasta que fue sacado formalmente del escenario tras el triunfo electoral de Morales, con su "proceso de cambio", que rompió con el Fondo Monetario Internacional, nacionalizó los recursos naturales y priorizó las inversiones públicas sobre las privadas.
El gobierno transitorio neoliberal de Jeanine Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020) y sus aliados culparon a los gobiernos de Morales y a la pandemia por el hundimiento económico del último año.
Para el Gobierno de Arce, también del Movimiento al Socialismo, el partido que llevó a Morales al Palacio Quemado, la culpa solo la tendrían Áñez y la pandemia.
La realidad muestra que Bolivia ha sufrido en 2020 una caída económica que cortó 34 años de crecimiento sostenido.
Año de esperanza
"En la medida en que en el mundo pueda cambiar las perspectivas por el coronavirus, por el momento no debemos pensar que el próximo año sea catastrófico; es un año esperanzador porque hay muchas posibilidades de volver a crecer y rearmar la economía", dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
El jefe económico del Gobierno hizo esta afirmación al defender en el parlamento el proyecto oficial de presupuesto nacional 2021, reformulado por la administración de Arce tras el rechazo parlamentario al que había presentado Áñez antes de dejar el poder.
El parlamento, de mayoría oficialista, aprobó esta semana la nueva propuesta, en una coyuntura económica que Montenegro definió como "el fin de una irresponsable aventura neoliberal para retornar a un manejo responsable y solidario de la economía".
El presupuesto define para 2021, como objetivos mayores, un crecimiento de 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB), tras una caída prevista de 8,4% año, y una inflación acumulada de hasta 3,1%, el doble que en 2020.
Establece además una reducción del déficit fiscal a aproximadamente 9% del PIB, tres puntos porcentuales menos que lo previsto por Áñez para este año.
Curiosamente, el crecimiento del PIB programado por Arce, aunque mayor que el perfilado por Áñez, es inferior a las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que pronostica 5,2%, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima 5,6%.
"Ser cautelosos es una parte de ser responsables, para mirar al futuro con esperanza", justificó Montenegro.
Claves de cambio
Según una presentación oficial del presupuesto, presentada en línea por el Gobierno, las diferencias de las proyecciones entre el gasto previsto por Áñez y el de Arce, reflejan el retorno del modelo "sociocomunitario".
El proyecto neoliberal se caracterizaba por la incertidumbre, el descuido de la demanda interna, el favorecimiento a las grandes empresas privadas y la paralización de la inversión pública, según esa presentación.
En cambio, el presupuesto "sociocomunitatio" promete certidumbre económica, apoyo a la demanda interna, impulso a los sectores productivos y aumento prioritario de la inversión pública, agrega el informe.
Resumiendo, Arce se propone alcanzar un crecimiento mayor con menos inflación y menos déficit fiscal, y ambos modelos solo coinciden en el mantenimiento del tipo de cambio monetario, fijado en 6,96 bolivianos por dólar.
Para lograr esas metas, Arce subió las previsiones de inversiones públicas a unos 4.000 millones de dólares, cuatro veces más que este año, y redujo la programación de gasto corriente al equivalente a unos 6.900 millones de dólares, casi 10% menos que lo que había previsto Áñez.
Aun así, el presupuesto aprobado duplica los gastos en salud y educación, sectores muy golpeados por la pandemia, y los lleva al 10%, incorporando previsiones de más de 150 millones de dólares para comprar vacunas contra la COVID-19 y proyectos de digitalización del sistema educativo.
En total, el presupuesto público de Bolivia para 2021 suma el equivalente a 32.800 millones de dólares, sin contar los gastos de las empresas públicas, como la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la telefónica Entel, la aerolínea BoA, la minera Comibol, varias eléctricas y otras.
Si se cumple la proyección de crecimiento, el PIB boliviano alcanzará a fines de 2021 un valor nominal de 41.437 millones de dólares.