La desaparición de Leonel Baez Martínez, Jesús Armando Reyes Escobar y Ángel Gerardo Ramírez Chaufón es por un lado, el dolor cotidiano para su gente y por otro, la constatación de un nivel de criminalidad que no se explica por la trayectoria personal de las víctimas, sino por el sitio en dónde se encontraron.
Sputnik acompañó distintas diligencias de búsqueda e investigación de este caso para reflejar su complejidad y aportar en la comprensión de qué es lo que falla para que, a un año de lo sucedido, la autoridad no tenga ninguna pista o línea de investigación que indique dónde están y qué pasó con ellos.
"Hacen las búsquedas nada más porque es una obligación, porque les están pagando pero entre las familias las hemos hecho aparte y hemos salido hasta treinta personas a andar buscando, preguntando, pegando pesquisas", relató a Sputnik Paula Reyes, una de las cuatro hermanas de Jesús que llegaron a manifestarse frente a la Fiscalía General de la República, en su sede en la Glorieta de Insurgentes, al cumplirse un año de la desaparición de los tres jóvenes.
Además de esta tarea, las familias visitan regularmente los servicios forenses de la ciudad y algunos del Estado de México, así como participaron de las dos primeras búsquedas de fosas clandestinas que se hicieron en el segundo semestre de este año en la capital mexicana.
5 de febrero 2020, 03:37 GMT
La primera fue realizada de manera autónoma por familiares de otras personas desaparecidas que tienen experiencia en la tarea en los estados del país, a quienes les había llegado la pista de la existencia de restos humanos en el Cerro del Ajusco. Esa vez, hallaron un cráneo y una mandíbula, y al hacerlo dieron aviso a la autoridad.
La segunda fue en el Parque Nacional La Armella, que está al norte de la capital, a unos 20 minutos de dónde ocurrió la desaparición de los jóvenes. Pero en este caso, no se contaba con ninguna pista específica que señalizase alguna zona en dónde buscar dentro de un parque enorme, que forma parte de la Sierra de Guadalupe y que se extiende hasta el Estado de México, en las localidades de Tlalnepantla, Tultitlán y Ecatepec.
Durante su protesta en la Fiscalía General de la República, la cual rechazó asumir el caso por no haber "un delito federal que perseguir", como le dijeron a las familias al recibirlas ese día, pudo verse una pequeña muestra de la cantidad de gente que afecta cada persona que es desaparecida. Hermanos, sobrinos, padres que de un día para otro asumen la responsabilidad de lograr que se avance en el conocimiento del paradero de quien les fue arrebatado sin explicación.
"Nuestro propósito no es hablar mal de las autoridades, sino exponer que desde el inicio, en nuestro caso hubo una serie de omisiones que nos llevan a dónde estamos hoy", dijo Gerardo Ramírez, padre de Ángel, uno de los jóvenes desaparecidos.
Quiénes son y qué se sabe
"Jesús es un chico alegre, que le gusta el gimnasio pero ante todo está su Dios, papá Jehová, que no se soltó de él y dónde quiera que esté, sé que está clamando a él", recordó su hermana Paula en diálogo con este medio.
Ángel, de 20 años, que tenía casi seis meses trabajando como mesero en Sanborns, salió primero del turno con otro amigo, con el que estuvo esas horas del viernes de quincena. Luego, pasadas las nueve de la noche, salieron juntos Leonel, de 35 años, y Jesús, 30 años, que habían sido llevados a cubrir puestos en esa sucursal de Parque Lindavista, aunque no trabajaban allí regularmente.
Leonel tenía su motocicleta aparcada en un estacionamiento a pocas cuadras, pero no llegó a buscarla. Gracias a las familias, se tienen las imágenes de las cámaras de seguridad de un negocio particular dónde se ve pasar primero a Ángel que regresa de dejar a su compañero en el metrobús; y luego a Leonel y Jesús, juntos, doblando por la Avenida Montevideo, en la esquina que hace con la calle Río Bamba.
Minutos después, a las 21:45 de la noche, los celulares registraron su última conexión. Justo a dos cuadras de esa esquina se tiene la última ubicación de sus teléfonos. Más adelante en línea recta sólo hay tres cuadras cortas que no tienen salida, pero la cámara ubicada en Montevideo y Coquimbo no registró su paso.
A pesar de la abundante presencia de cámaras de seguridad, se tienen pocas imágenes de esa noche. Según los familiares, la Fiscalía no revisó ni resguardó la grabación de la vigilancia de días previos y posteriores, buscando algún dato inusual o que permita identificar a personas habituales en el lugar.
8 de septiembre 2020, 00:28 GMT
En el epicentro de ese cuadrante exacto donde ocurrió la desaparición de los jóvenes, hay un local comercial dónde funcionaba una cervecería llamada La 22, el sitio que para las familias despierta mayores sospechas sobre su papel en lo ocurrido esa noche. Por eso la han señalado desde el inicio de su búsqueda.
"Si bien es cierto que no tenemos la certeza de que ahí dentro ocurrió el suceso, tampoco sabemos cómo fue y por eso, no lo podemos descartar. Hay elementos que nos hacen pensar que ocurrió aquí, de alguna manera, porque somos tres familias que ni nos conocíamos y estamos empatadas en la idea de señalar a la cervecería", explicó uno de los familiares que habló con Sputnik.
La diligencia en la cervecería
Rodeada de vidrio, La 22 permite ver aún los avisos que había dentro del local comercial que ahora está vacío. El principal de ellos anuncia que la cerveza se vende "todo el día, todos los días" a 18 pesos mexicanos, menos de 1 dólar la botellita.
El local tiene su entrada principal sobre la Avenida Montevideo, justo frente a la estación del metrobús Ríobamba, y es el único negocio en ese tramo de la calle, junto hay un espacio abierto de una pizzería. La otra entrada es por la calle Pernambuco: enfrente hay varias tiendas comerciales que tiene cerrado el paso vehicular por las rejas de un fraccionamiento habitacional.
Sobre Pernambuco, el local cuenta con un anexo que se conecta por dentro. Tiene dos pisos, pero sólo la parte frontal tiene vidrios, la de atrás está cerrada y hay unas pequeñas ventanas horizontales en esta parte. Previamente, las familias habían acudido a una diligencia que la Fiscalía especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas (Fipede) hizo en la casa contigua, en el número 700 de Pernambuco, pero descartaron que los edificios estuviesen conectados.
En la mañana del viernes 27 de noviembre de 2020, a dos días de cumplirse el primer año de la desaparición de los jóvenes, la Fiscalía convocó nuevamente a las familias para realizar una diligencia en el local vacío. Fueron citados a las 11 de la mañana y el trabajo comenzó pasadas las dos de la tarde, debido a que los dueños del predio llegaron con horas de retraso.
El equipo de la Fiscalía tenía a José Luis Quintero como agente del ministerio público, cinco policías de investigación y una perito, encargada de un georradar para escanear el piso buscando remociones. Horas más tarde, llegará una camioneta pericial con una encargada de tomar fotografías y dejar constancia en la carpeta de investigación de lo hecho.
Sin embargo, los familiares apuntaron desde el inicio con desazón que este movimiento era en vano al realizarse con un año de atraso. Lo lamentaron porque ellos señalaron su sospecha sobre la cervecería apenas tres días después de la desaparición de los jóvenes. A pesar de esto, el local continuó abierto hasta iniciado el 2020. Aunque fue cerrado en dos ocasiones por la autoridad local, la cervecería nunca fue tratada por la Fiscalía como el sitio sospechoso de la comisión de un delito grave.
Desde el Colectivo Hasta Encontrarles —que fue fundado por familiares de personas desaparecidas en la capital mexicana y acompaña el caso— se explicó a Sputnik que han pedido a la autoridad capitalina que realice un análisis de criminalidad por zonas específicas de la ciudad de México, que esperan pueda brindar información de utilidad al avance de estos casos.
La colonia Lindavista dónde sucedió la desaparición de los jóvenes forma parte de la alcaldía Gustavo A. Madero, a cargo de Francisco Chiguíl Figueroa, quien fue electo por Morena, el partido de Gobierno, cuyo mandato se extiende hasta 2021.
Chiguíl es una polémica figura al norte de la capital ya que en 2008 renunció al mismo cargo que ahora ostenta —antes de cumplir dos años en la función— debido al caso News Divine, en que nueve jóvenes murieron como consecuencia de un operativo policial en una discoteca.
Durante la diligencia en la excervecería ubicada en el número 192 de la Avenida Montevideo, una arteria vehicular de la zona, algunos vecinos señalaron a Sputnik que el lugar había abierto originalmente como una marisquería, pero cambió radicalmente al comenzar a vender la cerveza barata, por lo que siempre estaba atestado de jóvenes. Ángel y sus hermanos habían acudido alguna vez anteriormente al sitio por lo mismo.
Sin embargo, relatos conseguidos por las familias apuntan a que había personal de seguridad armado en el lugar y que también se facilitaba la venta de drogas al público que asistía.
Por todo esto, en la última reunión que mantuvieron con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en marzo de 2020, las familias manifestaron su intención de que la Fiscalía asegurase el edificio, que ahora luce carteles que lo ofrecen en renta para volver al rubro comercial.
"El Fiscal especial de desaparecidos, Willy Zúñiga, nos aseguró a las familias con textuales palabras que "iban a reventar la cervecería" pero eso no ocurrió", explicó uno de los afectados en diálogo con este medio.
Durante la diligencia hecha a días de cumplirse un año del caso, el ministerio público les dijo que "no había ningún elemento que les permitiera asegurar" el local comercial, debido a que la Fiscalía había hecho una diligencia previa, en la que no consiguió indicios que lo justificase.
"Nosotros señalamos este sitio desde el primer día y es nuestro derecho por la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares poder participar de las diligencias, pero la hicieron sin nosotros. Que nos traigan a tres días de que se cumpla un año es inútil porque ya no vamos a encontrar ninguna pista", así es la molestia de los familiates.
El trabajo con el georradar no aportó información, porque se veía a simple vista que el piso del lugar no había sido removido.
"Sabíamos que esta diligencia no iba a dar resultados de nada, que ya nada más es por cumplir, porque a un año, todo se borra, todo se quita. Pero si esto estaba como nos dicen que se llenaba de gente, necesitamos que si alguien vio algo, nos lo haga saber, sin comprometerse, lo único que queremos saber es qué pasó con ellos", apuntó Melecio Báez, el padre de Leonel.
Hasta ahora, la investigación oficial del caso no ha conseguido ningún testimonio de relevancia entre los asistentes al lugar, sus trabajadores o transeúntes que puedan aportar información. Ni los responsables del bar ni los dueños del local comercial dónde funcionaba han sido emplazados por el caso. La autoridad entiende que no hay motivo para ello.