"El hecho de que el Estado mexicano firme y busque la aplicación de los convenios internacionales de protección de los derechos humanos no sirve de mucho si en la práctica no hay castigo para quienes cometen los más abominables crímenes contra la población civil indefensa", dijo a esta agencia Teresa Radilla de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem).
De una manera expedita, el Senado mexicano reconoció formalmente la semana pasada la competencia del Comité de la ONU de Derechos Humanos, en los casos de desapariciones y de asesinatos de civiles a manos de integrantes de las fuerzas estatales.
La portavoz de Afadem dijo que "el escrutinio internacional es muy importante, pero no lo podemos considerar suficiente, se necesita demostrar la voluntad política" por parte del Gobierno.
Por décadas los familiares de personas desaparecidas y organismos internacionales habían pedido que el Estado mexicano permitiese la participación de investigadores internacionales en las averiguaciones sobre violaciones a los derechos humanos que involucren a agentes estatales.
Pero hasta ahora, las autoridades del país latinoamericano solo habían admitido, entre reticencias, la participación en algunos casos puntuales, por ejemplo, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros Ayotzinapa, sin esclarecer desde septiembre de 2014.
Más tragedia sobre el dolor
Desde Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la Desaparición Forzada celebró la decisión que, entre otras acciones, facilita el acceso de ese organismo a las comunicaciones sostenidas por funcionarios gubernamentales involucrados en estas violaciones.
"Felicitamos a México por empoderar y reforzar el apoyo a los allegados de las víctimas y a aquellos que les ayudan en su lucha diaria en búsqueda de la verdad y justicia por medio del reconocimiento de la competencia del Comité para examinar las comunicaciones individuales", indica la declaración del Comité, emitida desde su sede en la capital suiza.
El horror ha emergido en los últimos 15 años de unas 4.000 fosas clandestinas identificadas, relacionadas con la suerte que corrieron estas personas en el marco de las atrocidades de la guerra sin cuartel contra el crimen organizado, pero las investigaciones oficiales avanzan muy lentamente.
Patricia Manzanares, cuyo hijo desapareció en febrero de 2011, cuando se desempeñaba como agente de la Policía Federal en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recalca que para las familias al dolor por no saber lo ocurrido con sus seres queridos "se suma un sentimiento de frustración" por la falta de contundencia en la acción de las autoridades.
"Muchas veces vamos a las oficinas de funcionarios, a la propia Comisión Nacional de Búsqueda y no nos atienden", declaró Manzanares a Sputnik, desde ese estado fronterizo con EEUU.
La posibilidad de que organismos como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puedan intervenir crea una esperanza de que se cierre el largo ciclo de impunidad que rodea a estos casos.
Desde diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman casi 28.000 nuevas denuncias de desapariciones, casi 40% de todas las ocurridas en 14 años.
En el pasado, la intervención de la ONU había sido rechazada por los gobiernos mexicanos.
En 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se opuso a una visita del relator especial de la ONU sobre la tortura.
Seis años antes otro presidente, Felipe Calderón (2006-2012), se opuso a las observaciones de organismos de la ONU sobre la militarización de la lucha contra el narcotráfico.
