Fue el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), quien en 2014 y a instancias del Congreso empezó a ajustar la soga al Gobierno venezolano con medidas directas contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, asegurando que estas no afectarían a la población del país sudamericano.
Las sanciones contemplaron el congelamiento de activos y la prohibición de emitir visas a funcionarios acusados de violar los derechos humanos de opositores al Gobierno durante las manifestaciones y protestas de principios de ese año.
Hasta 2017, cuando dejó la Casa Blanca, Obama renovó cada año el decreto.
Sin embargo, tres años antes, en 2011, Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por hacer negocios con el Gobierno y empresarios de Irán.
Aquellas primeras sanciones contra Venezuela limitaron a la principal compañía del país para suscribir contratos con el Gobierno estadounidense, recibir financiamiento para importaciones y exportaciones, y obtener licencias de exportación de tecnología sensible; pero continuaron las operaciones a través de la filial de PDVSA en EEUU, Citgo.
Trump contra PDVSA
Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, las medidas contra Venezuela se incrementaron.
Ese mismo año, el Departamento del Tesoro sancionó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusándolos de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
Esas sanciones estuvieron seguidas de medidas similares contra altos funcionarios que acompañan la gestión de Maduro, a quien Trump calificó de dictador.
Luego se aplicaron medidas más duras contra PDVSA, la empresa que genera 99% de los ingresosde Venezuela, y se prohibió a las empresas estadounidenses participar en cualquier acción de reestructuración de los bonos de la compañía y del Estado.
Hasta ese momento Estados Unidos no había impuesto restricciones a las importaciones y exportaciones de PDVSA en el mercado del país norteamericano, pero se le prohibió a la compañía enviar o expatriar sus dividendos en esa nación.
Luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en julio, Trump decide sancionar al presidente Maduro y prohibir a los ciudadanos y empresas de su país establecer cualquier actividad comercial con él y contra otro grupo de altos funcionarios de su Gobierno.
En ese contexto, el Gobierno de Venezuela denunció que se mantenían bloqueados unos 7.000 millones de dólares en sus cuentas en el exterior, impidiendo la compra de medicinas, alimentos, y otros productos de primera necesidad para el país.
Más presión
A inicios de 2018, el Gobierno de Estados Unidos anuncia que serán congelados los bienes y las cuentas de los altos mandos militares; lo mismo ocurre con 20 compañías privadas, señaladas de lavar dinero de funcionarios corruptos.
Después de la reelección del presidente Maduro en 2018, Trump decide que nadie que use el sistema financiero de su país puede establecer alguna relación comercial con el Banco Central de Venezuela, con la primera dama, Cilia Flores, o con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y suma acciones contra las exportaciones de crudo de PDVSA.
Mientras, en febrero de 2020, decidió sancionar a la aerolínea estatal Conviasa.
En los últimos seis años se han aplicado más 160 sanciones contra funcionarios y empresas venezolanas, la mayoría durante la estadía del partido republicano en la Casa Blanca.
Sin embargo, el candidato demócrata, Joe Biden, ha advertido que de llegar a la presidencia tomará acciones inmediatas para sacar del Gobierno al presidente Maduro.