El 6 de diciembre de 2020 es la fecha que establece el calendario electoral venezolano para que se realicen las elecciones número 25 de las últimas dos décadas.
Para estas elecciones se han inscrito unos 14.400 candidatos de 107 organizaciones políticas de diversas tendencias y más de 20 millones de ciudadanos están convocados a elegir a 277 representantes parlamentarios mediante una votación universal, directa y secreta.
El presidente Maduro ha hecho un llamado a todos los venezolanos para que participen. Por su parte, el bloque mayoritario de la oposición llama a la abstención. En medio de ese debate, Henrique Capriles volvió al escenario político, hizo un llamado a votar y criticó que Guaidó jugara "a ser presidente en internet". Pero pocos días después recogió sus palabras y pidió que se aplazaran los comicios.
"Nada ni nadie podrá quitarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir al poder legislativo. Nadie decide por los venezolanos. Nosotros no intervenimos, ni pretendemos hacerlo, en ningún país. Somos respetuosos y por eso exigimos respeto", resaltó Maduro ante la Asamblea General de la ONU.
Sobre este tema, Sputnik conversa con Temir Porras, experto en política y geopolítica latinoamericana y quien durante varios años fue vicecanciller y asesor internacional del presidente Hugo Chávez, y actualmente profesor del Instituto de Estudios Políticos de París.
—Venezuela tiene previsto realizar el próximo 6 de diciembre elecciones parlamentarias. En cualquier país con un sistema presidencialista unos comicios parlamentarios no son de mayor relevancia, pero en Venezuela sí. ¿Por qué? ¿Qué está en juego?
—En primer lugar, está en juego la institucionalidad del país y de ahí, por supuesto, el equilibrio político, las posibilidades de resolver o no los problemas serios económicos, políticos y sociales del país. ¿Por qué? Porque como sabemos, en Venezuela hay un conflicto de larga data, pero que, a partir de enero de 2019, con la autoproclamación de Guaidó, ocurrió una suerte de secesión de la institucionalidad y creó un Gobierno paralelo sobre la base de la legitimidad de la Asamblea Nacional.
—Venezuela formalmente invitó a la Unión Europea para que acompañara estas elecciones. Sin embargo, la UE ha rechazado la invitación porque asegura que no se cumplen las condiciones para un proceso electoral "transparente, inclusivo, libre y justo. A su juicio ¿Hay o no condiciones?
—No hay un manual preestablecido para elecciones. Pero, además, Venezuela es un país en el cual hay una situación excepcional más allá del mero terreno electoral.
En consecuencia, las condiciones, sin duda, no van a ser ideales porque nada es muy normal en Venezuela en este momento. Yo creo que decir a priori que tiene que haber condiciones ideales de normalidad para que haya unas elecciones parlamentarias en Venezuela es poner una barra muy difícil de cumplir.
De nuevo, ponerse detallista para no avanzar, en mi opinión, es un poco darle oxigeno a la agenda que busca que en Venezuela no se resuelva la crisis por una vía política, interna, soberana, acordada, negociada, pacífica, y darle un poco de oxígeno al proyecto secesionista que Guaidó ha encabezado y que, a todas luces, por razones obvias, ha fracasado.
—Poco después de la negativa de la UE de participar como acompañante en las elecciones, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, envío una comisión para negociar una posible postergación de las elecciones. El presidente Maduro ya dejó claro que no era posible, porque sería violar lo que dicta la Constitución. Sin embargo, analistas advierten que si Venezuela no cuenta con el reconocimiento internacional en estas elecciones no podrá negociar financiamientos externos. ¿Cómo destrabar esta situación?
—Yo creo que ahí todo el mundo tiene un poco de verdad. Efectivamente hay un mandato constitucional que no debe ser desdeñado, pero, de nuevo, Venezuela ya ha tenido que flexibilizar su tolerancia constitucional.
El segundo punto también es cierto. El escenario ideal, para quienes queremos que la situación se resuelva, es que haya una Asamblea Nacional que tenga tanto legitimidad interna, que es importantísimo, porque los venezolanos están en primer lugar y tienen que sentirse representados en la Asamblea Nacional. Pero, por otro lado, no hay que desdeñar que el problema principal, que se escapa ahora de nuestras manos, es el internacional. Hay que intentar resolverlo porque genera graves consecuencias económicas y sociales en el país. Y el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional es parte de la solución.
—Usted ha hecho públicas sus diferencias con el Gobierno de Maduro. Pero también ha dicho que el reconocimiento de Guaidó por parte de algunos países de la comunidad internacional "fue un disparate", que "fragmentar al Estado venezolano, incitar a los militares a que se rebelen contra la autoridad, dividir al Ejército parece de manicomio". ¿Mantiene esta posición?
—Recapitulo: es un disparate porque, asumiendo que alguien fuera partidario de esta línea, se esperaría que la línea fuera efectiva. Plantearon que tenía que haber un cambio de régimen en Venezuela y propusieron que eso iba a suceder, que era inminente que sucediera pocas semanas después del 23 de enero, y ya vamos a dos años de eso y no funcionó. No funciona.
Por otro lado, simplemente no resuelve el problema. Cualquier persona sensata considera que resolver el problema es intentar construir en Venezuela una forma de que las distintas corrientes ideológicas que existen, que son una realidad, que tienen un arraigo histórico y que no van a desaparecer, encuentren una forma de tramitar sus diferencias por la vía de las instituciones, como se plasmó en la Constitución de 1999.
—Pero esa fue la propuesta de Guaidó y que la Unión Europea apoyó. ¿Qué papel debería jugar a partir de ahora la UE si realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano?
—Cometieron un error grave dándole un reconocimiento de antemano al supuesto Gobierno interino. Se casaron con la estrategia de un sector político venezolano independientemente de la viabilidad de esa estrategia y a expensas de la estabilidad venezolana.
Si la UE, por lo menos hiciera esa contribución para las elecciones parlamentarias, asumiendo que los tiempos venezolanos son los que son, que la sociedad venezolana no tiene que adaptarse a los ritmos burocráticos de la Comisión Europea que dice que no va a participar porque no hay tiempo para montar una misión, mostrando esa suerte de voluntad real de facilitar las cosas en las condiciones que hay en Venezuela, pues contribuiría, en mi opinión, al menos parcialmente, a encontrar una solución.
—EEUU está en plena campaña presidencial ¿podría cambiar en algo la actitud de Estados Unidos hacia Venezuela dependiendo de quién gane?
—Decir que no cambia nada creo que es también no decir nada y sería también un poco simplista. Sin duda que gane Trump o que gane Biden va a tener algún tipo de diferencia en la política hacia Venezuela. Hay elementos que sí no cambian, como la política intervencionista de EEUU, que es algo que supera a Trump, a Biden porque forma parte del ADN de la Administración de EEUU con el mundo entero, en particular con América Latina.
Segundo, hay otros sectores que sí entienden que tiene que haber una negociación, que eso es algo que ha rechazado de plano la administración de Donald Trump, una negociación, sin duda, vista desde EEUU, para que haya una resolución de la crisis y que, según ellos, implica que se tenga que ir el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido comparten ese lado prescriptivo. Para ellos la solución es que haya elecciones presidenciales en las que no participe Maduro o que termine con la salida de Maduro del poder. Pero, sí hay sectores que creen que eso tiene que negociarse y que tiene que haber una suerte de proceso venezolano en el cual, evidentemente, EEUU va a querer influir. Eso es muy distinto a lo que ha planteado la administración Trump.
Hay, en mi opinión, dentro del Partido Demócrata, gente sensible al argumento de que una implementación severa de este tipo de bloqueos constituye una violación de derechos humanos general contra el pueblo venezolano. Esa suerte de teoría de que las sanciones solo afectan al Gobierno y no a la gente, que es una cosa totalmente absurda, en el sector demócrata hay sectores más hacia la izquierda que son sensibles a esto y que podrían ser más flexibles, creo yo, a priori, con la implementación de sanciones. No creo que ahora quieran levantar las sanciones, a menos que haya una evolución política interna en Venezuela que sea conforme a sus designios o a sus deseos.