"Tenemos 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, cuando antes de la pandemia eran ocho millones", corroboró el funcionario, que asumió su cargo en diciembre de 2019 con la llegada de la actual gestión.
Una de ellas consiste en la entrega directa de alimentos a entidades sociales, religiosas u organizaciones no gubernamentales que están a cargo de comedores o merenderos populares.
El segundo implica la transferencia de fondos a municipios y provincias, y la tercera iniciativa, lanzada el 18 de diciembre, apenas asumido el Gobierno, consiste en una tarjeta alimentaria emitida por el banco público.
"El 67% de las compras antes de la pandemia eran leches, fruta, carne y verdura, lo que llamamos productos recomendados, pero durante esta crisis bajó por debajo del 50%, lo tiene que ver con caída de ingresos de familias, y con el costo de los alimentos", reconoció el ministro.
La canasta básica alimentaria, que delimita los ingresos mínimos que debe tener una familia para no caer en la indigencia, aumenta cada mes por encima de la inflación.
Esa distorsión, reconocida por el ministro, se combatirá "con un fortalecimiento de los pequeños productores para que entren en contacto directo con el consumidor sin necesitar de una intermediación", sostuvo.
Apoyo en comedores
El Ejecutivo también transfiere fondos para la compra de alimentos a 3.000 comedores y merenderos comunitarios que cumplen determinados requisitos de formalización y rinden cuentas del dinero entregado, "una manera de mover la economía local, y además así podemos seguir mejor el consumo de leche, frutas, verduras y carnes", puntualizó Arroyo.
Ante la incertidumbre de cuántos se distribuyen por el país, el ministro lanzó el pasado 16 de julio el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom).
"Creemos que hay 10.000 comedores, pero a partir del registro podremos identificar la función de cada uno, su infraestructura y sus condiciones sanitarias, y tendremos mayor claridad del papel que tiene cada institución que las maneja", observó Arroyo.
Su oficina evalúa todo el tiempo la cantidad de personas que asiste a estos comedores comunitarios "y vamos tomando decisiones según los repuntes de actividad, en este contexto en el que hay aperturas y retrocesos en función de la emergencia sanitaria", informó el ministro.
El Ministerio de Desarrollo Social entrega además bolsones de alimentos a través de los colegios, "aunque las escuelas tengan suspendidas las clases", acotó.
La cartera que dirige Arroyo destinó hasta el 31 de julio 70.000 millones de pesos (900 millones de dólares) a estos cinco instrumentos que articulan la asistencia alimentaria del Gobierno.
"De esos 70.000 millones, 52.000 millones [668,8 millones de dólares] van para la tarjeta alimentaria, y el resto se divide en los distintos mecanismos de descentralización que tenemos con los comedores, municipios, provincias y comedores escolares", destacó Arroyo.
Segundo eje en política social
El segundo eje central que da cuerpo a la cobertura social del Estado, más allá del Plan Argentina Contra el Hambre, es el programa Potenciar Trabajo.
"En medio de la pandemia, el Ministerio es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo, pero aspiramos a que fin de año sea 50-50 y que el año que viene el eje central sea el trabajo", explicó Arroyo al destacar que hasta el 31 de julio ejecutó el 139% del presupuesto anual asignado a su cartera.
Con este aumento significativo de los recursos del Estado, resalta "la decisión del presidente de generar condiciones de atender a los últimos, a los que la pasan peor, y también revela el nivel de deterioro social", admitió Arroyo.
"Aspiramos a crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses con un sistema de crédito bancario para acceder a máquinas y herramientas a una tasa del 3% anual, que es un interés muy bajo por el nivel de inflación del país, y con unidades de gestión en cada municipio y provincia del país para que cada distrito defina cuáles son sus sectores y ponga en marcha proyectos productivos", planteó.
Cobertura ampliada
El plan Potenciar Trabajo fue ampliado hace tres semanas con dos líneas de acción.
La primera, que demandará una inversión inicial de 2.000 millones de pesos (25,7 millones de dólares) es Obras más Trabajo, con la que se encararán pequeñas obras de urbanización en barrios populares.
La segunda, denominada Potencial Acompañamiento, apunta a los sistemas de cuidado de personas con problemas de adicción que están internados que presenten un proyecto productivo o pretendan terminar sus estudios.
El presidente, Alberto Fernández, considera que las acciones del Ministerio de Desarrollo Social son parte de las políticas más relevantes que emanan de su Gobierno para responder a la delicada coyuntura que atraviesa Argentina.
Política pospandemia
El plan Potenciar Trabajo, que es parte de la política social pospandemia planeada por el Ejecutivo de Alberto Fernández, se completa con otras dos iniciativas.
La primera planea durante la próxima década urbanizar 4.416 villas de emergencia y asentamientos precarios en los que habitan cuatro millones de personas, un proyecto basado en una ley ya existente.
En el área metropolitana de Buenos Aires, que abarca la capital y parte de la provincia y representa el 1% del territorio argentino, viven 17 millones de personas.
La segunda línea de trabajo es la asignación de un ingreso de base para la población más carenciada.
"Estamos encarando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el que 9 millones de personas que tienen dificultades con el trabajo reciben un ingreso mensual de 10.000 pesos [128,61 dólares]", señaló el dirigente.
El Estado, en paralelo, cubre la mitad del salario para 2,2 millones de empleados en el sector privado.
Además, el ministro descartó que Argentina enfrente el riesgo de una convulsión social ante la recesión, que se extiende ya por más de dos años, y la dificultad añadida que ha supuesto la pandemia del COVID-19.