La población en condiciones de pobreza extrema en la región podría llegar a 83,4 millones de personas en este año, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán para acceder a alimentos.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha resaltado también la necesidad de una reacción inmediata para evitar una crisis alimentaria.
El coronavirus tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario de producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos, y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.
Estado
La pandemia ha puesto de manifiesto que solo el Estado tiene la capacidad para facilitar, coordinar e intervenir para asegurar la disponibilidad de alimentos.
De ahí la responsabilidad de los gobiernos de evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.
En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proponen acciones urgentes para enfrentar el alza del hambre producto de la pandemia en los países de la región.
Esto implica que 15,9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83,4 millones de personas en 2020.
Tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podrían ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumando 83,4 millones en total.
El impacto sobre el hambre será también muy significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.
Desigual
Los efectos negativos de la actual crisis COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de los países, las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad.
La pobreza también se registra con más intensidad entre niños, adolescentes y jóvenes, indígenas, mujeres en edad de trabajar y personas con niveles educacionales más bajos.
Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de precios al consumidor.
Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.
Zona por zona
La situación es diversa según la zona geográfica:
- Caribe: todos los países son importadores netos de alimentos y los mercados de origen de las importaciones son reducidos. Por lo tanto, una disrupción de las cadenas de suministro de alimentos incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria.
En el Caribe hay países con altos niveles de pobreza y subnutrición donde el hambre es la preocupación central (por ejemplo, Haití), en tanto que, en todos los países, hay una fuerte incidencia de sobrepeso y obesidad por mala alimentación.
Por lo tanto, el incremento del precio de los alimentos y la reducción de ingresos podrían incentivar el consumo de alimentos más baratos y menos nutritivos, incrementando ambos riesgos de malnutrición.
- Centroamérica y México: En esta zona coexisten países de ingresos medios —Belice, Costa Rica, México y Panamá— con países de altos niveles de pobreza y subalimentación —los del norte de Centroamérica y el denominado Corredor Seco Centroamericano (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)—.
En esos cuatro países y México, la reducción de remesas provenientes de los Estados Unidos podría exacerbar los problemas de pobreza y hambre entre las poblaciones que dependen de ellas, especialmente en las zonas rurales.
- América del Sur: En esta zona se distinguen dos grupos de países. Por un lado, los andinos y una porción de la Amazonia compartida con Brasil y, por otro lado, los países de sur.
En los países andinos (Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador y Perú) existe una marcada dualidad de sistemas agrícolas, con una gran presencia de agricultura familiar campesina e indígena. Esos países avanzaron de manera significativa en la reducción de la pobreza y la subalimentación, lo cual podría revertirse dependiendo de la duración y la profundidad de la crisis económica.
Con la excepción de Paraguay, son también países muy urbanizados y con grandes ciudades, situación que los hace particularmente vulnerables a la disrupción de la cadena de suministro de alimentos. Pese al cierre de fronteras terrestres para pasajeros de otros países, no existen restricciones para las cargas agropecuarias.
Productores
Al inicio de la crisis, el sistema alimentario mundial estaba bien abastecido de los principales productos básicos debido a la acumulación de existencias y a las buenas cosechas en América del Sur y otras partes del mundo.
Los impactos inmediatos tienden a ser más severos para los productos de alto valor (productos perecederos), que a menudo son producidos por pequeños agricultores. Varios países están implementando una variedad de medidas para mitigar el impacto de la pandemia en los pequeños productores.
Para los productores del sistema alimentario, CEPAL-FAO plantea un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5.500 millones de dólares, para créditos en condiciones favorables que sean financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.
Bono
"La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia con la entrega de un Bono Contra el Hambre”, indicó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
"En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual", explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.
El Bono Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza por un período de seis meses.
Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema.
La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.
El Estado Plurinacional de Bolivia y El Salvador han optado por realizar transferencias en efectivo, mientras que Chile, Guatemala y Honduras reparten canastas de alimentos.
Para proteger el acceso de los consumidores de más bajos ingresos a productos de consumo popular, varios países han puesto en práctica medidas orientadas al control o fijación de precios.
En algunos casos esto se ha implementado por medio de recomendaciones a la industria alimentaria, como en Chile al inicio de la pandemia. En otros, mediante la fijación de precios máximos para algunos productos alimenticios y de sanidad de consumo masivo, como en Argentina.
También se han establecido medidas para vigilar el precio de los insumos agropecuarios y controlar los costos de producción agrícolas, como en Colombia.
El siguiente cuadro detalla país por país la estrategia implementada:
CEPAL-FAO proponen el bono como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.
Las otras medidas del decálogo son:
- Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
- Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
- Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
- Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
- Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
- Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
- Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
- Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
- Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
Patrones de consumo
La caída de los ingresos probablemente cambiará la dieta de los hogares y de las personas que destinan un alto porcentaje de sus gastos totales a la alimentación.
Esto agravará la desigualdad nutricional que precedía a la pandemia. La crisis alimentaria está al acecho. Los gobiernos tienen la tarea de además de amortiguar los costos económicos de la pandemia evitar que el hambre de un sector amplio de la población sea otra consecuencia no deseada del coronavirus.
