"En diciembre de 2019, un juez en primera instancia determinó que se ha dado "suelta de área" sobre el territorio, lo que quiere decir que las empresas concesionadas dejan por un momento los lotes, pero los lotes están ahí, es como decir que la concesiones no están anuladas sino suspendidas", explicó la representante del IDL.
Perupetro es el organismo estatal encargado de otorgar las concesiones y ha apelado la sentencia junto al Ministerio de Energía y Minas y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).
Esta "suelta de área" establecida en primera instancia pondría en peligro la sentencia a favor de los indígenas, pero también vulneraría su existencia establecida por ley, indica Quispe.
Según detalla, en 2018, tres años después de crearse el Parque Nacional Sierra del Divisor, ubicado en los departamentos amazónicos de Loreto y Ucayali (centro), el Gobierno emitió un decreto supremo en el que reconoce la existencia de los indígenas en situación de aislamiento en la zona.
Con este reconocimiento legal, las actividades extractivas deberían estar prohibidas y se debería dar paso a la creación de una zona de protección estricta que debería denominarse Reserva Indígena Sierra del Divisor.
La abogada, quien coordina las acciones de defensa con la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, indica que la nueva zonificación que se ejecute debe ser una que garantice que "no se pueda realizar ninguna actividad, ni de turismo o investigaciones porque se han advertido presencia de pueblos en aislamiento".
Considerando el receso del Poder Judicial en febrero, Quispe estima que la audiencia en segunda instancia se realizará en marzo.
Si el fallo es desfavorable, el IDL acudirá al Tribunal Constitucional como última instancia.