La senadora mexicana Ana Lilia Rivera explicó a Sputnik cómo este movimiento legal busca limitar la posibilidad de defensa de México frente a la vorágine de las grandes corporaciones del agronegocio; y es, a la vez, un conflicto que exhibe divergencias de Morena, el partido de Gobierno, debido a las alianzas electorales que asumió en campaña y hoy se vuelven un dolor de cabeza.
"Vamos construyendo una ingeniería legislativa permanente que no dependa de la buena voluntad del Gobierno, sino que se convierta en ley y en política de Estado: no más agroquímicos que contaminan la tierra, el aire y los alimentos", dijo la senadora Rivera en entrevista con Sputnik.
¿Qué está en juego con la aprobación de estas leyes que tienen a la biodiversidad mexicana como centro?
Aunque la iniciativa se había presentado en 2018, en los últimos días de la legislatura, el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, diputado Eraclio Rodríguez Gómez, buscó dar un "albazo legislativo" —como fue calificada la iniciativa por otros legisladores de su bancada de Morena y el movimiento social articulado en la campaña Sin maíz no hay país— para modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Sin embargo, el diputado Eraclio Rodríguez propuso que esta modificación se haga antes de que el T-MEC esté vigente.
Según múltiples fuentes consultadas, el acta UPOV91 pone en peligro la soberanía del país sobre sus propios recursos genéticos y variedades biológicas, imponiendo patentes sobre genes y variedades vegetales, limitando el uso e intercambio de semillas entre agricultores y prohibiendo la derivación de las variedades.
"Afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada", según señaló el doctor Alejandro Espinosa, experto en genética y fitomejorador de maíz, quien catalogó de caballo de Troya a esta obligación para México contenida en el nuevo tratado comercial.
De acuerdo con la senadora, quien es una de las impulsoras de la ley de protección del maíz nativo, que fue aprobada en el Senado y está pendiente en la Cámara de Diputados, "esta iniciativa es producto de los intereses económicos nacionales e internacionales que buscan que el maíz nativo mexicano no sea protegido y que entre lo antes posible en este esquema de privatización de variedades vegetales que permite el T-MEC".
Rivera sostuvo que la iniciativa del diputado Rodríguez fue congelada en la sesión de la comisión que él preside y donde el diputado buscó, sin éxito, dictaminar la propuesta para modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales.
"Es un interés económico multimillonario que se encuentra detrás de la promoción y producción de paquetes tecnológicos que incluyen semillas híbridas, transgénicas, paquetes de químicos que los acompañan y que son altamente contaminantes para tierra, agua y aire, pero que significan muchísimo dinero para quienes tienen el control de la venta de estos productos en el país", agregó.
¿Cuál es la pugna dentro del partido del Gobierno por el maíz nativo?
Rivera señaló que estos grupos de poder económico ligados al agronegocio comenzaron a ejercer presión en la Cámara de Diputados cuando se presentó en el Senado la propuesta de protección del maíz nativo.
Para la senadora, el nuevo Gobierno ha sido incapaz de combatir la corrupción de manera efectiva. Rivera explica que la coyuntura electoral de 2018 llevó a AMLO a realizar alianzas con personajes que buscan perpetuar un régimen de corrupción.
"Es natural que haya dentro del Gobierno quienes todavía no entienden el alcance de la transformación que propone el presidente López Obrador; sin embargo, somos muchas mexicanas y mexicanos que estamos con él. Por eso logramos detener la iniciativa de Eraclio Rodríguez en la Comisión, porque la mayoría de las cámaras somos aliados del pueblo y no de los intereses económicos", concluyó.