"Verificamos la muerte de tres personas civiles por disparos de armas de fuego y alrededor de 30 personas heridas, durante el operativo policial-militar realizado en el sector de Senkata en la ciudad de El Alto", vecina a La Paz, dijo en conferencia de prensa la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Ese decreto, número 4078 aprobado la semana pasada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, sumó a los militares a tareas de orden interno liberándolos por anticipado de eventuales responsabilidades penales.
Las Fuerzas Armadas aseguraron en un comunicado que los incidentes de violencia se produjeron después de una operación de desbloqueo de la planta de distribución de combustibles realizada "en forma pacífica".
La declaración de las Fuerzas Armadas no mencionó el uso de armas de fuego al que, según múltiples testimonios de vecinos recogidos por la Defensoría, medios locales y Sputnik, habrían recurrido militares apostados en el interior de la planta petrolera y otros movilizados en por lo menos dos helicópteros.
Los sucesos en El Alto ocurrieron cuatro días después de otra masiva operación policial-militar que dejó nueve muertos y más de un centenar de heridos, todos productores de coca que pretendían ingresar en marcha a la ciudad de Cochabamba (centro).
El Ministerio de Hidrocarburos informó que la operación logró despachar hasta La Paz 40 vehículos con combustibles, entre cisternas y camiones cargados con garrafas de gas licuado de petróleo, que llegaron con fuerte custodia hasta el Colegio Militar del Ejército.
Además del bloqueo a los combustibles, que provocó una aguda escasez en La Paz y El Alto, las protestas antigubernamentales comprenden cortes de carreteras que ocasionan falta de alimentos y marchas diarias de grupos de indígenas, sindicatos y organizaciones vecinales.