"Vamos a asumir medidas constitucionales que nos permitan restaurar el orden público y el normal desarrollo de la actividad económica para entregar después de nuestro mandato un Estado viable y con posibilidades de desarrollo", dijo Áñez en una declaración en el Palacio de Gobierno, a la que se presentó acompañada por su gabinete de ministros y los altos mandos militar y policial.
Áñez reiteró que el objeto principal de su gestión es "pacificar al país y organizar elecciones transparentes", tras la crisis desatada por las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre y consecuentes manifestaciones cívicas que terminaron provocando la caída de Morales.
Áñez hizo la declaración mientras persistían bloqueos de carreteras y marchas de indígenas, campesinos, productores de coca y vecinos en varios departamentos y se extendía la escasez de combustibles y alimentos en las ciudades más grandes del país.
Según la gobernante, las protestas serían parte de "un estrategia de bloqueo a los servicios básicos como mecanismo de asfixia a las capitales".
Áñez dijo que los servicios de inteligencia atribuían a un atentado el corte ocurrido el 13 de noviembre en un gasoducto en el centro del país, que hasta ahora no había sido explicado, y detectaron además amenazas de atentado explosivo a la planta Senkata de almacenamiento de combustibles en El Alto, actualmente bloqueada por vecinos, que abastece a La Paz, al mismo El Alto y provincias cercanas.
"Estamos haciendo absolutamente todo en coordinación, con unidad, con nuestros hermanos policías, el ejército, porque así las circunstancias lo ameritan", añadió.
Tras la declaración, la presidenta, sus ministros y los jefes militares y policiales iniciaron una reunión en el mismo palacio.