"Comisión Permanente aprueba autorizar al presidente del Congreso de la República para que interponga una acción competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional", comunicó el parlamento en su cuenta en Twitter.
Una acción competencial es aquella que se interpone cuando un órgano del Estado invade las competencias de otro o se arroga algunas que no le corresponden.
La cuestión de confianza es un instrumento constitucional en Perú por el cual el Ejecutivo pide el apoyo expreso del Legislativo en políticas; si el Congreso censura o niega la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el mandatario queda facultado para la disolución del parlamento y la inmediata convocatoria a elecciones.
En este Gobierno, el Congreso ya había negado la confianza al Ejecutivo en 2017, por lo que hacerlo una segunda vez facultaba a Vizcarra a cerrarlo.
Por su parte, las bancadas opositoras consideran que sí se le otorgó la confianza, por lo cual la disolución es inconstitucional.
El Congreso de Perú permanece disuelto de facto, con los sectores opositores afirmando que no hubo ningún cierre.
El Ejecutivo manifestó que "no hay marcha atrás" en la medida que tomó y cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales, además del Jurado Nacional de Elecciones.