"Hay dictamen para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos", informó la cámara baja en un comunicado.
En plena campaña electoral por las elecciones primarias del 11 de agosto, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia avalaron esta iniciativa, conocida como "Ficha Limpia", que fue impulsada por la coalición gobernante Cambiemos.
La medida, aunque sea sancionada en el Congreso, no entrará en vigor en las elecciones generales que el país sudamericano celebra este año.
Los condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, no podrán aspirar a un cargo público.
También se incluye a los condenados por exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la nación.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, el oficialista Pablo Tonelli (PRO), defendió que la propuesta había recibido también dictamen favorable hace dos años, pero que después no se trató en plenario.
"Hoy en día alguien procesado por un delito doloso, aún con una condena de primera o segunda instancia, puede ser diputado o senador o aspirar a ser presidente", afirmó el diputado.
"Lamento que muchos se olviden de principios elementales de la Constitución, el proyecto le baja considerablemente el precio al principio de inocencia", advirtió.
La senadora y expresidenta Fernández es acusada e investigada en la justicia por presuntamente encabezar una "matriz de corrupción" junto a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a través de la cual sustrajeron de las arcas públicas 46.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares).
La Justicia argentina investiga supuestas irregularidades en la obra pública concedida en la provincia de Santa Cruz (sur) durante la gestión de Fernández.
Entre los 13 procesados de esta causa se encuentran el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López, ambos detenidos.
Este tipo de normativas existe en otros países de la región, como Brasil, Chile, Honduras, México, Perú y Uruguay, según afirmaron desde la Cámara de Diputados.