Gobierno argentino promulga polémico decreto que confisca bienes de acusados de corrupción

"Apruébese el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio", señala el decreto 62/2019 publicado este 22 de enero en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri y todos los ministros de su gabinete.

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La nueva normativa pretende recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico antes de que exista una condena firme sobre los delitos que se le imputan a la persona acusada.

"La finalidad de esta herramienta es extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad", señala el decreto.

El recurso del DNU, reservado para procedimientos de carácter excepcional, se debe a que "el proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal", especifica el texto.

El acusado deberá entonces probar su inocencia y "demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió", continúa el documento.

En caso de sentencia firme de sobreseimiento o absolución, el Estado deberá "restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero", añade en su anexo el DNU.

Críticas

Tras el anuncio realizado 21 de enero por el presidente, se repitieron las críticas a la iniciativa de parte de especialistas, juristas y actores políticos.

"El DNU anunciado por Macri involucra directamente cuestiones penales, la extincion de dominio es una penalidad más para los delitos que refiere, por lo tanto es inconstitucional", remarcó en su cuenta de la red social Twitter el exministro de Defensa y actual diputado por la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi.

​Este bloque parlamentario, segunda fuerza en la Cámara de Diputados por detrás de la coalición gobernante Cambiemos, emitió un comunicado en el que califica la iniciativa de "mamarracho".

"Apelamos a que el Ejecutivo Nacional sea verdadero ejemplo de transparencia, sin funcionarios con cuentas en paraísos fiscales, sin beneficiar con políticas de Estado a amigos empresarios, sin endeudar por décadas a todos los argentinos y poniendo en la Oficina Anticorrupción a un opuesto político y no a una amiga, por nombrar algunos hechos repudiables", indicaron.

Entre las críticas también se aduce que se invierte la carga de la prueba, al dejar de regir la presunción de inocencia, ya que el acusado debe demostrar de antemano de dónde provinieron los bienes.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alegó en cambio que el DNU modifica el Código Civil y no el Penal —la Constitución no permite que los DNU realicen cambios en la legislación penal— y que una vez se aplique la normativa el Estado podría recuperar hasta 300.000 millones de pesos (7.900 millones de dólares).

El DNU es promulgado directamente por el Poder Ejecutivo, sin necesidad de ser discutido por el Congreso, quien debe, sin embargo, refrendarlo o rechazarlo.

Según la Constitución argentina, el DNU se puede aplicar "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos" en la Carta Magna.

Macri ya ha recurrido a este decreto en otras oportunidades para algunas leyes migratorias, hacer cambios al interior de los organismos del Estado, y modificar la ley de acceso a la información pública, entre otras.