El debate oral comenzará a las 12:00 hora local (15:00 GMT) en los tribunales federales de Comodoro Py, en la capital argentina.
Otras dos fuerzas de seguridad federales, Prefectura y Gendarmería, custodiarán las afueras del edificio, en donde se controlarán de manera exhaustiva los ingresos y salidas de personas.
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En total son 13 los acusados por el supuesto direccionamiento de 51 proyectos de obras viales en beneficio del empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, detenido en 2016.
De Vido, Báez y López se encuentran en prisión preventiva por otros casos judiciales, mientras que Carlos Kirchner está detenido por el expediente que se analiza en el juicio.
Todos ellos deben estar presentes en la primera audiencia y en la fase de las indagatorias, pero después podrán ausentarse del debate oral hasta la etapa final de los alegatos.
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En plena campaña hacia las elecciones del próximo 27 de octubre, se baraja la posibilidad de que la expresidenta esté acompañada por el precandidato presidencial de la fórmula electoral que la senadora pretende integrar como vicepresidenta, Alberto Fernández, que será uno de los testigos del juicio, por lo que no podrá presenciar el debate.
Acusaciones
En el primer día del juicio se leerán los cargos contra los acusados y el requerimiento de elevación a juicio, que fueron formulados por el juez federal Julián Ercolini, instructor del caso, en base a las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita.
Esa supuesta asociación estaba "montada en base a una división de roles, definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años destinada a cometer múltiples delitos, para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos", dice la acusación de Pollicita.
Para lograr presuntamente la sustracción de los fondos, "entre otros planes delictivos, escogieron la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del tesoro nacional", añadió el fiscal.
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Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que podría demandar algunas jornadas si se decide leer todo, se llamará a declarar a los imputados.
Defensa
La defensa de la expresidenta advirtió que durante la etapa de instrucción del expediente, todas las medidas de prueba que solicitó fueron denegadas sin ningún fundamento.
El equipo que defiende a Fernández alega que el Tribunal Oral 2 "no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de (Lázaro) Báez, sino (que) además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a solo cinco de los 51 casos investigados, sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento".
Además, el Tribunal denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea, "entre las que naturalmente se incluyen empresarios vinculados al actual Gobierno", dijo la defensa de la expresidenta.
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La defensa del empresario Báez, entre tanto, recusó a dos integrantes del tribunal, que lo están juzgando en otro caso, vinculado al presunto lavado de activos.
Jueces, querellas y testigos
Los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 2 son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En principio se celebrará una audiencia semanal todos los lunes, aunque se analizará la inclusión de algún día extra para acelerar el juicio, en el que intervienen como querellantes la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
Se estima que a lo largo del debate comparezcan unos 160 testigos, muchos de los cuales trabajaron en la Dirección Nacional de Vialidad, además de exfuncionarios de Santa Cruz y especialistas que serán preguntados por tecnicismos referidos al costo de las obras viales.
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En el lugar 117 de la lista de testigos figura el político y abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y por unos meses también de Cristina Fernández, anunciado el pasado sábado por esta como precandidato presidencial en una fórmula que la exmandataria dijo que completará como aspirante a la vicepresidencia.
La causa se originó por una denuncia en 2016 del entonces administrador general de la Dirección de Vialidad, Jorge Iguacel, pero después el caso se anexó a otra causa que data de 2008 por pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques.
La exmandataria está procesada en varias causas, pero el expediente que este martes comenzará su fase oral será el único previo a las elecciones del 27 de octubre.
