A dichas reformas y adiciones ya se las conoce por el nombre de Ley Garrote. Sputnik les explica por qué es tan controvertida, qué tiene que ver con el megaproyecto de la petrolera mexicana Pemex y qué futuro le espera.
En qué consiste la Ley Garrote
La iniciativa legislativa para reformar el Código Penal del Estado de Tabasco pertenece al gobernador morenista, Adán Augusto López Hernández. Fue aprobada por la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil y, más tarde, por el Congreso tabasqueño con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, y tiene como objetivo, según el Gobierno, luchar contra la extorsión.
Según el Periódico Oficial del Estado —en donde fue publicado el decreto—, los cambios los sufrieron los artículos 196, 299, 306, 307 y 308. Además, a través de la adición de un capítulo XI bis se creó un nuevo delito de "impedimento de ejecución de trabajos u obras".
El artículo 196 eleva las penas de prisión de 10 a 20 años y multa con entre 1.000 y 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —84,49 pesos o 3, 98 dólares para el año corriente— "al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona".
El artículo 196 bis condena a entre 6 y 13 años de prisión al que no tenga facultad legal e impida que se ejecuten trabajos y obras públicas o privadas. Las mismas penas son para quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para ejecutar trabajos de este tipo. A su vez, el artículo 307 prevé penas de cárcel de dos a 10 años y multas "al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando" algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga.
El debate más acalorado —tanto en el Congreso como en los medios y redes sociales— lo protagonizaron los cambios en el artículo 308 bis, cuya redacción inicial señalaba que se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de 150 a 250 veces el valor diario de la UMA a aquellas personas que "careciendo de facultad legal, impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas".
No obstante, la redacción del 308 bis fue modificada durante la sesión del periodo extraordinario. En el dictamen se especifica que las penas están dirigidas a quienes extorsionen, coaccionen o impidan el tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para ejecutar trabajos de obra pública o privada, ya sea de manera parcial o total. Las penas son de seis a 13 años y, la multa, de entre 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la UMA. Se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo sea acompañado por personas menores de edad o se emplee violencia.
De qué acusan a la Ley Garrote
- Criminalización de protestas y violación de las libertades
La principal preocupación de los críticos con la redacción del Código Penal consiste en que, con ella, desde el mismo momento en que se inicia cualquier manifestación esta se puede calificarse de violación del principio de no impedimento al libre tránsito de personas.
"Es decir, que un ciudadano o grupo de ciudadanos que se manifiesten —no digamos bloqueando una carretera o avenida, sino únicamente, por ejemplo, en un espacio de Plaza de Armas o de La Plaza de la Revolución o en la banqueta de alguna calle— puede considerarse que están impidiendo parcialmente el libre tránsito de las personas que pasen por ahí en ese momento, aunque no sujeten a nadie ni ejerzan ningún tipo de violencia", advirtió la diputada del Partido Revolucionario Institucional Ingrid Margarita Rosas Pantoja (el documento está en disposición de Sputnik).
Rosas añadió que, si se le quisiera dar esa interpretación a la norma, por el simple hecho de encontrarse ubicados ahí ya pueden encuadrar en un delito que amerita hasta cinco años de prisión. La legisladora también destacó que el periodo de encarcelación, prescrito en la ley, no corresponde a la supuesta gravedad del crimen.
"No puede merecer mayor pena de prisión quien impide la ejecución de una obra que quien de manera dolosa ocasiona la pérdida total de una función orgánica (como cortarle el brazo o la pierna a alguien) u ocasiona una enfermedad incurable", insistió.
Otra representante de la oposición, la legisladora tabasqueña del Partido de la Revolución Democrática Dolores Gutiérrez, expuso que la Ley Garrotecriminaliza la genuina protesta ciudadana. Es la crítica que más se escucha en relación con la reforma legislativa. A la diputada le apoyó su compañero de partido, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, quien sostuvo que es imposible aceptar "el garrote y cárcel como solución a las protestas sociales".
La violación de derechos como la libertad de expresión y de reunión es otro aspecto del que alertan varios políticos, politólogos y defensores de los derechos humanos.
- Beneficios para las empresas en detrimento del libre ejercicio de los derechos humanos
Una gran parte de los que critican la reforma del Código Penal coincide en que el verdadero objetivo de las modificaciones es garantizar la construcción y el funcionamiento de los proyectos industriales de la región, sean estatales o privados.
En este sentido, el coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Carlos A. Ventura Callejas, en su comentario para Sputnik explicó que el caso de la Ley Garrote no es un hecho aislado, sino parte de "una tendencia de poder armonizar las leyes locales y las leyes federales como un andamiaje que permite al Estado criminalizar los actos que considera ponen en riesgo las inversiones o el patrimonio del Estado", algo que "vemos muy claro con Tabasco".
Según el dirigente, con las últimas modificaciones legislativas el Gobierno tabasqueño "sacrifica los derechos con la intención de garantizar la estabilidad con certeza de los intereses de los inversionistas".
"No olvidemos que el Estado de Tabasco en adelante tendrá varias inversiones en materia de megaproyectos, de infraestructura relacionada con energía de hidrocarburo, los proyectos que han sido cuestionados incluso por la población local", dijo Ventura haciendo referencia a la construcción de la refinería Dos Bocas.
La polémica refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco
El megaproyecto de la refinería petrolera en la Cantera Dos Bocas fue anunciado por el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2018. Obedece a su decisión política de dirigir una mayor inversión al sector petrolero, de recuperar la soberanía de los recursos energéticos y de desarrollar la región del sureste para generar gran cantidad de empleos en Tabasco.
Es por eso que la Ley Garrote —que surgió en medio de la polémica sobre Dos Bocas— se interpretó por algunos como un intento de reprimir a los ciudadanos que se manifiestan en contra de la construcción de la refinería. Durante una de sus tradicionales ruedas de prensa matutinas, López Obrador se vio obligado a rechazar tales acusaciones. El mandatario declaró que no hay personas que estén contra el proyecto y comentó que la ley fue elaborada para evitar extorsiones y sobornos.
"No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno, se acabe el moche, se acabe el huachicol", afirmó y, más tarde, especificó que la Ley Garrote se necesita para "corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o de una compañía que trabajaba para Pemex".
La alarmante situación con las extorsiones
El estado de Tabasco — la cuna del presidente y también la zona donde se ubica gran parte de las reservas terrestres de petróleo de México— es líder en denuncias por extorsión. Según el partido gobernante, Morena, detrás de esas prácticas podría estar el crimen organizado. Este es el argumento que los de Morena usaron para defender la necesidad de aprobar la Ley Garrote.
El Gobierno tabasqueño también insiste en que no se trata de una ley antimarchas, sino de una contra extorsionadores y seudosindicatos, de acuerdo con su secretario Marcos Medina.
El presidente de la Coparmex en Tabasco, Ricardo Castellanos, destacó que la situación llegó a tal punto que las extorsiones hacen que el costo de las obras en el sector petrolero aumente hasta un 30%.
El dirigente también explicó cómo se realizan estas prácticas: las personas bloquean las vías de acceso a una obra en construcción o a las instalaciones petroleras para exigir dinero a cambio de permitir el paso de maquinaria, o a cambio de que algunos de ellos sean contratados. Se presentan como delegados de sindicatos o actúan con el pretexto de reclamar el pago de afectaciones a las comunidades aledañas.
"Esta gente, si está de buen humor, te enseña un documento, por supuesto apócrifo, en el que se le nombra delegado de un sindicato; pero metros adelante te topas con otro bloqueo y así para llegar a un pozo, la empresa llega a cruzar hasta 30 veces", detalló Castellanos, citado por La Razón.
La Coparmex espera que con los cambios legislativos en el Código Penal tabasqueño ya no se vean afectadas las inversiones estatales.
AMLO y bloqueos de pozos de Pemex
El apoyo que brindó AMLO a la Ley Garrote hizo que personas recordasen que el propio mandatario obtuvo su fama a raíz de sus marchas Exódo y Caravana por la Democracia y de al menos dos grandes bloqueos a Pemex: después de que perdiera unas elecciones en 1994 y para exigir indemnizaciones a campesinos afectados por la petrolera en 1996.
Según los cálculos de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y miembro del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, a AMLO lo hubieran encarcelado durante más de 50 años.
Anulación o expansión: los escenarios posibles para la Ley Garrote
Ahora que las modificaciones ya han entrado en vigor, quienes son contrarios a la Ley Garrote tienen solo una oportunidad: presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo prometió Ingrid Margarita Rosas Pantoja en nombre de su partido, el PRI.
El politólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edgar Ortiz Arellano, comentó a Sputnik que es probable que haya "una serie de acciones de carácter jurídico para evitar que se aplique esta ley", tanto de parte del PRD como del PAN y de grupos de activistas sociales que presentarán sus impugnaciones.
Mientras tanto, opina que la posibilidad de que la Ley Garrote se convierta una ley federal —otro tema que se rumorea— "por el momento es lejana, ya que el partido de Morena no cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso y la presión de la opinión pública es mucho mayor a nivel nacional y en la capital del país que en los estados de la República, que cuentan con atrasados económicos y sociales significativos".
"Pero lo que sí podemos observar es que en estados como Veracruz, Puebla y Chiapas, que son gobernados por Morena y hay instalaciones estratégicas, pudieran ser susceptibles de imitar a Tabasco, aunque el costo político de seguir ese ejemplo puede ser alto", concluyó.