La causa de las fotocopias de los cuadernos en Argentina, un dispositivo mediático-judicial que desde hace más de un año acusaba a exfuncionarios kirchneristas y empresarios, se dio vuelta de forma inesperada. Diseñado para el acoso político de opositores, el equipo devino en un grupo de tareas que incursionó en el crimen común: la extorsión de sus víctimas para cobrarles grandes cantidades de dinero.
La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos. Ilustra, además, como un armado con fines de persecución política se puede convertir en un grupo de delincuentes comunes.
Arrepentidos y acusaciones sin pruebas: clave del lawfare
La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. El expresidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las "confesiones" de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias. Es también el caso del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glass. Otras causas judiciales están sustentadas en simples acusaciones unilaterales, retroalimentadas por las usinas noticiosas, y con la venia del poder político, como los cargos contra el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, o las múltiples causas que la gobernación de Jujuy (Argentina) armó contra la luchadora social Milagro Sala.
La causa fue débil desde el principio: el chofer Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial. Además, los cuadernos ya no existen: Centeno dijo haberlos quemado. De ellos solo quedaron unas fotocopias no peritables, que llegaron a manos de dos periodistas del diario La Nación, que impulsaron la denuncia.
Te puede interesar: "Tu fiel chofer": el tema de Vives y Maluma que usó Macri y desató polémica
Era fácil conjeturar que se trataba de fotocopias de cuadernos apócrifos. Sin embargo, se procedió de inmediato a ordenar decenas de detenciones y comparecencias, tanto de funcionarios aludidos como de grandes empresarios. Con un gran show mediático, los acusados eran citados y quedaban instantáneamente detenidos. O eran liberados en pocas horas, si "colaboraban" y "confesaban".
"El criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso", resumían Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.
Sin embargo, el aparato mediático intoxicó a los ciudadanos con la historia, y el caso conservaba cierta credibilidad. Para las audiencias desprevenidas el fiscal Stornelli aparecía como un adalid anticorrupción.
Marcelo D'Alessio, colaborador del fiscal Stornelli, detenido por extorsión
También: La DEA: ¿agencia estadounidense antidrogas o el nuevo virrey de Latinoamérica?
Echebest fingió aceptar, entregó una parte del dinero y pidió tiempo. Durante semanas guardó evidencias del chantaje —audios, capturas de WhatsApp y filmaciones de los encuentros—, preparó cuidadosamente una denuncia bien documentada y salió del país para preservar su integridad.
Horacio Verbitsky, un periodista de larga trayectoria, fue el encargado de difundir el caso con pelos y señales en su blog "El Cohete a la Luna":
"Un director regional de la DEA y sobrino del Escribano de Macri pidió 500.000 dólares a un empresario para no detenerlo y dijo que era una práctica habitual del fiscal Stornelli, con quien colabora. En exclusiva, la filmación del primer pago, las fotos con Stornelli, las filmaciones en la fiscalía, los audios y mensajes grabados", arranca el largo informe.
La denuncia de Echebest incluía el video donde se veía a D'Alessio recibiendo un primer pago de casi 15 mil dólares, en billetes cuya numeración se resguardó ante escribano público.
Los cuadernos de la extorsión: entre el lawfare y el latrocinio
Todo se precipitó. El allanamiento de la justicia al domicilio de D'Alessio halló abundante documentación probatoria de un trabajo de equipo entre operadores judiciales y agentes de inteligencia para estudiar a fondo las potenciales víctimas. Más de 20 expedientes concentraban datos familiares, estado patrimonial, debilidades y secretos personales que permitían vulnerar psicológicamente a los personajes "target". La reconstrucción del modus operandi del grupo permite inferir que en algunos casos se pedía dinero para evitar la incriminación en la causa. En otros, se exigía la participación como "arrepentidos" o declarando en contra de enemigos políticos.
En otros casos, los fines eran meramente recaudatorios, como el denunciado por Víctor Palomino Zitta el 23 de febrero, quien asegura que D'Alessio le pidió medio millón de dólares para mejorar su situación en una causa de contrabando. D'Alessio presionó para que entreguen medio millón de dólares que "serían repartidos entre la fiscal del caso, el juez Aguinsky, el estudio jurídico y Santoro (periodista del diario Clarín)". Pero al mismo tiempo D'Alessio le exigió a Palomina Zitta que se convirtiera en arrepentido y declarara una serie de nombres. Así lo hizo, acusando a "gente que no conocía", según reza la declaración ante el juzgado de Ramos Padilla. "Me sentía coaccionado ante el temor de quedar detenido y la presencia del periodista de tanto renombre".
El concubinato de servicios de inteligencia, agentes judiciales y periodistas
El magistrado demuestra en las 220 páginas de su resolución el vínculo estrecho entre el fiscal Carlos Stornelli y D'Alessio a través de numerosos mensajes y audios, una reunión de cuatro horas en Pinamar y escritos de puño y letra en cuadernos secuestrados en los allanamientos. Para Ramos Padilla, algunas de las operaciones de D'Alessio estaban en conocimiento de Stornelli, que se desvinculó de su colaborador pero cuya credibilidad se ve seriamente cuestionada.
El caso también salpica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich —quien según D'Alessio le pagaba un sueldo de 200 mil pesos mensuales— y a otros numerosos personajes mencionados por el detenido. Entre ellos, dos excomisarios detenidos el 25 de febrero.
Aparece como aberrante la promiscuidad entre servicios de inteligencia y el aparato judicial, con D'Alessio como gestor de por medio. También la cohabitación de periodistas emblemáticos del sistema: Daniel Santoro del Grupo Clarín y Eduardo Feinmam de la TV aparecen como contactos habituales de operaciones coordinadas vía WhatsApp.
Ahora, la administración colonial de Mauricio Macri intenta alejar el juez Ramos Padilla de la causa, y hacerla caer en alguna dependencia judicial adicta. Stornelli es un colaborador de larga data del presidente, un verdadero soldado de la mesa chica del poder. Lo defenderán hasta las últimas consecuencias.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK Y LOS TEXTOS ESTÁN AUTOEDITADOS POR LOS PROPIOS BLOGUEROS