“Vizcarra comete un error al oponerse a la firma del acuerdo, pero no es consciente de eso; si lo fuese entendería que esos acuerdos se firman con cláusulas que condicionan la colaboración al hecho de que la empresa permanezca operando en el país, porque de lo contrario nadie colaboraría”, dijo Rojas, socio de la firma peruana de consultoría política Sequoia Political Advisory.
El acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht, próximo a firmarse en Brasil, comprometería a los ejecutivos de la empresa a revelar toda la información de los sobornos que pagaron a políticos en Perú para conseguir la concesión de obras públicas.
Este acuerdo también contempla beneficios legales para los informantes, como el hecho de no ser juzgados penalmente en Perú, así como el derecho de la empresa a seguir operando en el país.
El acuerdo establece además el pago de una reparación monetaria en favor del Estado.
“El presidente ha sabido liderar la lucha contra la corrupción, encauzando bien el descontento de la población con la clase política y consiguiendo una aprobación alta, pero esto sería una victoria pírrica sin la firma del acuerdo porque la lucha anticorrupción no resuelve los problemas del día a día”, dijo el consultor.
En ese sentido, sostiene Rojas, las investigaciones de Lava Jato sí resuelven los problemas del día a día porque si bien por un lado permitirán que se juzgue y condene a los responsables de los delitos, por otro lado permitirán la reactivación del sector de la construcción, que aporta mucho a la producción nacional.
“(El sector de la construcción) podría ser la plataforma que permita cerrar la brecha en infraestructura, que es una de las cosas pendientes en el país, y a la vez reactivar la economía, el gasto público y reducir la percepción pesimista sobre las inversiones”, dijo el experto.
Si el acuerdo no se firma, se beneficiarían aquellos interesados en que la verdad no se conozca, es decir a los involucrados en los delitos de la constructora, según Rojas.
Encuestas revelan que una mayoría de la población se opone a que Odebrecht permanezca en Perú.
El consultor citó como ejemplos los acuerdos celebrados entre los gobiernos de Alemania con la empresa Siemens por sobornos cometidos en Argentina en 1996, o el que firmaron Alemania y EEUU con Volkswagen tras el escándalo por el fraude en las emisiones contaminantes en sus vehículos en 2015.
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En esos acuerdos, así como en el de Odebrecht con la Fiscalía de Perú, fue capital permitir a las empresas seguir operando, concluyó el experto.