"La CIDH actualiza la cifra de personas fallecidas en el contexto de los hechos acaecidos en el país desde el 18 de abril pasado a 322 personas, de las cuales 21 personas serían policías y 23 niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, cientos de personas estarían detenidas", indicó la entidad continental en un comunicado.
La Comisión sostuvo que las cifras obtenidas se recabaron con "extrema rigurosidad metodológica" y denunció que "la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado".
Mientras, las cifras aportadas por el Gobierno son inconsistentes y este debe realizar "investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes", añade el texto.
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La Comisión constató una disminución de las "acciones violentas" y del empleo "desproporcionado" de la fuerza en la represión.
Esta estrategia de vale de "cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares", indicó la Comisión.
Las autoridades nicaragüenses pretenden promover un "aparente clima de normalidad" en el país, a la vez que estigmatizan a los opositores y a los defensores de los derechos humanos, según la CIDH.
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Asimismo, consideró que es "indispensable que el Estado nicaragüense rinda cuentas del número y la identidad de las personas imputadas, detenidas, juzgadas y sancionadas por esos hechos".
La vicepresidenta Rosario Murillo dijo anteriormente que la cifra oficial de fallecidos desde el 18 de abril era de 197 y que los números divulgados por otras fuentes fueron manipulados.