Sputnik ha recopilado casos similares que tienen lugar en otras naciones del hemisferio y ha contactado con expertos para analizar qué tienen que ver con lo que sucede en el gigante latinoamericano.
Argentina
El pasado 14 de agosto, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, negó ante la justicia haber recibido sobornos de empresarios durante su desempeño como jefa de Estado. La ahora senadora es investigada en el marco de un proceso que la acusa de lavado de dinero y corrupción en obras públicas.
Cristina Fernández, por su parte, acusó al actual Gobierno de Mauricio Macri de perseguirla políticamente como parte de "una nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas" que "ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas".
El profesor de relaciones internacionales de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Eduardo Heleno de Jesus, compartió con Sputnik que lo que sucede hoy en Argentina tiene muchos paralelismos con Brasil. El experto indica que "tanto los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, como el de Lula y Dilma, estuvieron en el poder por mucho tiempo, es decir, 3 o 4 mandatos, y de ahí que el sistema público y de financiamiento de partidos sufriera alteraciones.
En ambos países tiene lugar una polémica a nivel nacional. Algunos ven en estos procesos un combate contra la corrupción que finalmente ha llegado a lo más alto del poder. Otros, consideran que el poder judicial, que en teoría debe ser imparcial, se ha visto envuelto en la lucha política dentro de esos países. Esas sospechas se hacen más fuertes cuanto más altos son los niveles de popularidad y el capital político de los exmandatarios enjuiciados entre la población.
Según el investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de Brasil, Rafael Rezende, el alto nivel de corrupción es un problema grave que golpea a los Estados latinoamericanos. Sin embargo, según él, "la bandera del combate a la corrupción no puede ser utilizada para perseguir a uno u otro grupo político".
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"Es necesario respetar los procedimientos legales y exigir que políticos de las más variadas orientaciones políticas sean investigados y juzgados de la misma manera, además hay que investigar si esas grandes operaciones realmente tienen algún efecto práctico. Mi impresión es que el carácter sistémico de la corrupción y las relaciones mutuamente beneficiosas entre el Estado y el mercado sigue intacto", argumenta.
Perú
A lo largo del 2017, dos expresidentes del Perú, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, fueron sentenciados a prisión preventiva por su implicación en el caso Odobrecht.
En marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó el país desde 2016, renunció a la Presidencia antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso. La acusación constitucional surgió a raíz del escándalo de los 'keikovideos', en los cuales se veía a altos funcionarios del bloque de Kuczynski ofreciendo sobornos al diputado Moisés Mamani a cambio de su voto.
Al día siguiente de la renuncia, a Pedro Pablo Kuczynski se le dictó el impedimento de salida del país debido a la implicancia de su empresa, Westfield Capital, con el presunto pago de sobornos por parte de Odebrecht. Según la justicia, los delitos tuvieron lugar mientras Kuczynski ejercía el cargo de ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
No obstante, a principios de junio del mismo año, fue la propia Justicia peruana la que acaparó toda la atención, cuando el medio de investigaciones periodísticas IDL-Reporteros divulgó más de 20 grabaciones en las que varios jueces parecen discutir la venta de sentencias. En uno de los audios comprometedores se trata del tráfico de influencias supuestamente liderado por el actual mandatario peruano, Martín Vizcarra, quien por su parte negó tener cualquier implicación.
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"Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables", escribió el actual presidente a través de su cuenta de Twitter.
En cualquier caso, el nuevo escándalo llevó a la dimisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, del ministro de Justicia, Salvador Heresi, y de Orlando Velásquez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar a jueces y fiscales.
Según Rafael Rezende, este tipo de intromisión del poder judicial en la política del país viola el principio de separación de poderes, una práctica que corrompe los sistemas democráticos modernos.
"La intromisión del Poder Judicial en áreas que no le competen me parece mal para cualquier república. Las elites tradicionales de la región han encontrado en el Poder Judicial un espacio dominado por 'los suyos', con muy poco control de la sociedad y visto como legítimo por la mayor parte de la población. La intromisión del Poder Judicial en la política está inserta en un proceso global de debilitamiento de las democracias liberales", estima el experto.
Ecuador
"Los casos del Perú y Ecuador son ejemplos del uso de ese esquema de corrupción que involucra a empresas del sector de las obras públicas vinculadas a la construcción civil en general. Estas de cierta manera se apoderan de los recursos y los destinan a los partidos que cuando llegan al poder redistribuyen los recursos mediante la creación de obras y proyectos de los cuales esas empresas se benefician", explicó a Sputnik el profesor Eduardo Heleno de Jesus.
Para el experto de la UFF, toda esta situación ha sido bien aprovechada por los partidos opositores, que "ven en esta situación una oportunidad para acabar con esta situación".
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En junio de 2018, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue sometido a una investigación sobre el secuestro del exparlamentario Fernando Balda. El secuestro del político ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo introdujeron por la fuerza en un automóvil que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros. El exlegislador encontró refugio en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se realizaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
La justicia nacional vinculó al exjefe de Estado al secuestro de Balda luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de raptar al político vino del propio Correa. El expresidente, por su parte, sostiene que no existe prueba alguna contra él y afirma ser blanco de una persecución política y mediática.