A los periodistas peruanos se les habría conminado, entre otras cosas, a que revelen sus fuentes, ante lo que la Relatoría expresó en un comunicado que "cualquier medida tendiente a incautar material periodístico, que requiera revelar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos, tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión".
Gorriti y Cueva, en sus respectivas plataformas, hicieron públicos casos de supuesta corrupción de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente encargado de nombrar, ratificar y deponer a jueces y fiscales.
Luego de las denuncias, realizadas en base a grabaciones telefónicas interceptadas, los periodistas fueron citados por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso con la intención de que entreguen el material en su poder y revelen sus fuentes.
Cueva y Gorriti se negaron a concurrir al Congreso.
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La CIDH ha manifestado su preocupación por la situación de los periodistas que, considera, están siendo vulnerados en derechos básicos para el ejercicio de su profesión.
Las mencionadas investigaciones de IDL-Reporteros y Panorama involucran, aparte de miembros del sistema judicial peruano, a dirigentes políticos prominentes.