"Ante la situación comprobada de que la jurisdicción constitucional [peruana] podría realizar un control del "indulto por razones humanitarias" (…) esta Corte considera conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos puedan pronunciarse al respecto [el indulto de Fujimori]", se lee en una parte del fallo de la Corte IDH.
La Corte IDH ha determinado así que la validez del indulto lo revise la "jurisdicción constitucional" de Perú (Tribunal Constitucional), dándole un plazo hasta el 28 de octubre.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser autor mediato de los crímenes de la masacre de Barrios Altos y la masacre de La Cantuta, ambos ocurridos durante su mandato.
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El fallo de la Corte IDH establece que para ambos crímenes, el Estado peruano "no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos".
El fallo también puntualiza que en los juicios por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, no se ha cumplido con el pago de indemnización a los deudos de las víctimas o la ubicación de los restos de los desaparecidos.
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La Corte IDH también resalta que el indulto de Fujimori se dio en un momento de crisis política, en el cual el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski estaba a punto de ser destituido por el Parlamento.
En diciembre, Kenji Fujimori junto con otros parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular (del cual Kenji había sido expulsado), votaron en contra de la destitución de Kuczynski.
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Estos votos salvaron a Kuczynski, quien días después concedió el indulto a Alberto Fujimori, algo que era un objetivo político confeso de Kenji Fujimori.
La masacre de Barrios Altos fue la muerte, en 1991, de 15 personas por parte del Grupo Colina, un destacamento paramilitar creado por encargo de Fujimori para la lucha contra el terrorismo.
Las 15 víctimas no eran miembros de ninguna agrupación subversiva sino civiles inocentes.
La masacre de La Cantuta, ocurrida en 1992, fue el asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Cantuta.
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Las víctimas fueron asesinadas bajo una supuesta sospecha de terrorismo por el Grupo Colina.