"El Gobierno (de la expresidenta Bachelet) debió haber explicado las razones de por qué no se podía cerrar el penal de Punta Peuco, eso es lo mínimo", comentó Hennings.
"Punta Peuco es una cárcel que tiene excesivos privilegios, sobre todo pensando en la población penal en Chile que vive en condiciones infrahumanas", indicó.
Ésta cárcel fue creada en 1995 con el objetivo de recibir a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet, pero las condiciones en que se encuentran los presos han sido criticadas en reiteradas oportunidades por los privilegios que poseen sus reos.
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Punta Peuco ha estado en el foco de la polémica en Chile en los últimos días debido a que el Gobierno de la expresidenta Bachelet culminó el 11 de marzo sin haber cerrado el penal, a pesar de haber dado varias señales durante su mandato que apuntaban a que sí lo haría.
"Creemos que si hubo una promesa de cerrar Punta Peuco debiese haber sido cumplida", dijo Hennings, haciendo alusión a un compromiso que adoptó la exmandataria en 2015 con Carmen Gloria Quintana, una víctima de torturas de la dictadura.
Detenidos desaparecidos
Hennings explicó que el foco de Londres 38 ha estado principalmente en exigir el avance de los juicios en contra de los exagentes de la dictadura, sobre todo para que se conozca el paradero de los detenidos desaparecidos.
"Nuestra lucha principal, más que el cierre o no del penal, es revisar el avance de los juicios para que se conozca la verdad completa respecto a las personas desaparecidas", afirmó.
"Tenemos ciertas preocupaciones sobre todo con el ministro de Justicia (asumido el 11 de marzo), Hernán Larraín (derecha), para ver como gestionará las solicitudes de beneficios de los reos de Punta Peuco", cerró.
Cifras oficiales indican que cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio durante la dictadura de Pinochet.
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De las 3.197 personas asesinadas, hay 1.193 cuyos cuerpos aún permanecen desaparecidos.
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que en los exmilitares que participaron durante la dictadura de Pinochet mantienen un pacto de silencio para no entregar los paraderos de los desaparecidos.