Este 13 de marzo la radio Biobío publicó un reportaje asegurando que el ministro de Justicia de Bachelet, Jaime Campos no solo se "negó" a firmar este decreto, sino que también se habría declarado en rebeldía al no firmar un indulto presidencial que la exmandataria le quería entregar a una mujer apresada en 2014.
Ésta cárcel fue creada en 1995 con el objetivo de recibir a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero las condiciones en que se encuentran los presos han sido criticadas en reiteradas oportunidades, ya que estos gozan de ciertos privilegios que no poseen los detenidos en las cárceles comunes.
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El Partido Humanista (izquierda) realizó una manifestación el 26 de febrero afuera de la sede de Gobierno solicitando que Bachelet cerrara el penal, y afirmando que la exmandataria se había comprometido a hacerlo anteriormente.
"En 2015 la presidenta se reunió con Carmen Quintana, una de las víctimas de la dictadura de Pinochet, y se comprometió con ella a cerrar el penal, y ahora ha guardado silencio sobre si lo va a hacer o no, y ya solo quedan dos semanas para que termine su mandato", dijo en esa oportunidad el diputado humanista, Raúl Alarcón (izquierda) a esta agencia.
La incertidumbre del cierre se extendió desde esa entrevista hasta los últimos días del Gobierno de la expresidenta, duda que se vio aumentada cuando el 6 de marzo de este año asistió a un programa de televisión donde fue consultada por el cierre de la cárcel.
"Quedan cinco días (de Gobierno) y yo no hago anuncios por la prensa, ahí se verá", afirmó Bachelet, dejando abierta una posibilidad de cierre.
Sin embargo, transcurrieron los cinco días y el domingo 11 de marzo Bachelet le entregó el cargo a Sebastián Piñera sin haber cerrado el penal.
Ministro en rebeldía
Según la nota, Bachelet había firmado antes de dejar el poder, un documento que decretaba la transformación de la cárcel, no su cierre, convirtiéndola en un penal para reos enfermos y mujeres embarazadas.
A su vez, el documento establecía que los exagentes de la dictadura encarcelados allí debían ser trasladados desde Punta Peuco a una cárcel común, terminando así su mandato con una simbólica imagen de los criminales de derechos humanos saliendo del penal.
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No obstante, La Tercera aseguró que Campos se negó a firmar este decreto, entrando en rebeldía con la entonces, presidente de Chile.
"Según distintas fuentes del Gobierno saliente consultadas por La Tercera, fue aquí donde el plan falló, ya que Campos se habría negado a ejecutar el último designio de Bachelet", consignó el reportaje.
Esto se suma a lo que dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, al medio Tele13 Radio, quien reafirmó que Bachelet sí había firmado este decreto.
"Yo vi los documentos y estaban firmados, faltaban algunos pasos más; no sé qué pasó entre medio", señaló.
Según han dicho las autoridades de la nueva administración de Piñera, el decreto de la presidenta para cerrar Punta Peuco nunca fue tramitado en el ministerio de Justicia y a la vez, declararon que no está contemplado en la agenda del presidente Piñera cerrar este penal.
