"Puede ser un golpe muy fuerte": oposición en Argentina busca derribar el megadecreto de Milei
"Puede ser un golpe muy fuerte": oposición en Argentina busca derribar el megadecreto de Milei
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La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de anular el megadecreto presidencial mediante el cual se derogaron y... 10.10.2026, Sputnik Mundo
La oposición argentina busca propinarle un fuerte revés a Javier Milei mediante la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que el presidente desreguló amplios sectores de la economía al inicio de su gestión. El texto fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero la Cámara baja nunca lo votó, por lo que sigue plenamente vigente.La sesión especial, convocada para el 15 de octubre en Diputados, fue solicitada por legisladores de ocho bloques, encabezados por el peronismo nucleado en Unión por la Patria. El principal obstáculo es aritmético: para abrir el debate se necesitan 129 diputados presentes y, según los cálculos de los propios impulsores, todavía faltan entre 14 y 20, en buena medida legisladores que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada.El decreto fue publicado en diciembre de 2023, a pocos días de la asunción de Milei, bajo el título "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina". Sus 366 artículos derogaron o modificaron decenas de leyes, entre ellas las de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, además de habilitar la venta de empresas públicas y desregular las cuotas de la medicina prepaga.El esquema de control parlamentario explica su supervivencia. Según la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia desde 2006, un DNU rige desde su publicación y solo pierde vigencia si ambas cámaras lo rechazan, mientras que la aprobación de una sola basta para dejarlo firme. Por eso, si la oposición logra el quórum, pero no los votos, el decreto podría quedar blindado.Para el Gobierno, el texto es la pieza central de su programa de desregulación. Entre sus resultados, el oficialismo destaca la apertura del mercado aerocomercial con la política de cielos abiertos, la llegada de nuevos prestadores de telecomunicaciones y la liberalización de los alquileres, donde asegura que los precios reales cayeron 38% y la oferta de viviendas se cuadruplicó.No todo el decreto llegó a aplicarse. Su capítulo laboral, que incluía cambios en las indemnizaciones y restricciones al derecho de huelga, fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras amparos de las centrales sindicales. El Gobierno terminó trasladando buena parte de esos cambios a una reforma laboral que el Congreso aprobó en 2026.Un eventual rechazo tampoco borraría lo hecho. La Ley 26.122 establece que la derogación opera hacia adelante y deja a salvo los derechos adquiridos, por lo que los contratos firmados durante la vigencia del decreto conservarían sus condiciones. En el caso de los alquileres, eso podría derivar en la convivencia de hasta tres regímenes distintos dentro de un mismo mercado.Una bandera para la oposición"La oposición necesita mostrar que puede marcar la agenda política, y una victoria sobre uno de los temas principales del Gobierno puede ser un golpe muy fuerte sobre el tablero", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. Para el especialista, una derrota oficial "pondría un manto de duda sobre la capacidad legislativa de la Casa Rosada".El consultor remarcó que lo que pone en discusión la sesión es "la fortaleza que tiene Milei con sus aliados a la hora de negociar estratégicamente las legislaciones en el Congreso, pensando en el año electoral que se avecina". En esa línea, advirtió sobre lo que ocurriría "si una mayoría de espacios aliados decidiera soltarle la mano al Gobierno".Consultada por este medio, Fernanda Miño, diputada nacional de Unión por la Patria e impulsora de la iniciativa para frenar el decreto, afirmó que "es fundamental lograr el rechazo". La legisladora integra uno de los ocho bloques que firmaron el pedido de sesión especial para el 15 de octubre, cuyo temario incluye además la prórroga de la emergencia en discapacidad y un régimen de alivio para las familias endeudadas.El costo políticoPor su parte, Aldo Abraham, economista director de la Fundación Libertad y Progreso, entidad afín al oficialismo, consideró que "el decreto fue la medida que encontró el Gobierno para avanzar con una agenda necesaria que iba a demorar mucho en caso de ser tratada en el Congreso". A su juicio, el texto "habilitó muchísimas medidas de desregulación que no creo que puedan cambiarse".Según el economista, esas medidas "han hallado muchísimo consenso social", al tiempo que "la oposición busca trabar una medida clave del Gobierno, con argumentos institucionales". Abraham advirtió que "quien debe decidir si está bien o mal legislar esto por decreto es la Justicia, que hasta ahora no ha dicho nada sobre la mayoría de los capítulos".Para Giorgetta, el decreto fue "un hito de la actual gestión", ya que se trata de "algo que ellos marcaron como eje central de su política, pero también de su programa económico, que es el que está marcando el rumbo de este Gobierno". En su lectura, por eso "se pone en juego tanto el decreto mismo como la fortaleza de la oposición".
La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de anular el megadecreto presidencial mediante el cual se derogaron y modificaron centenares de leyes. Está en juego "la fortaleza que tiene Milei con sus aliados a la hora de negociar estratégicamente, pensando en el año electoral", dijo a Sputnik un experto.
La oposición argentina busca propinarle un fuerte revés a Javier Milei mediante la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que el presidente desreguló amplios sectores de la economía al inicio de su gestión. El texto fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero la Cámara baja nunca lo votó, por lo que sigue plenamente vigente.
La sesión especial, convocada para el 15 de octubre en Diputados, fue solicitada por legisladores de ocho bloques, encabezados por el peronismo nucleado en Unión por la Patria. El principal obstáculo es aritmético: para abrir el debate se necesitan 129 diputados presentes y, según los cálculos de los propios impulsores, todavía faltan entre 14 y 20, en buena medida legisladores que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada.
El disparador fue un fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que dejó en pie el artículo del decreto que eliminó la Ley de Tierras Rurales, la norma de 2011 que limitaba al 15% la proporción de tierras rurales en manos extranjeras. Este 9 de octubre, sin embargo, el máximo tribunal dictó una medida cautelar provisoria que suspendió esa derogación, algo visto desde la oposición como un factor para intentar desmovilizar el pedido de derogación de todo el DNU.
El decreto fue publicado en diciembre de 2023, a pocos días de la asunción de Milei, bajo el título "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina". Sus 366 artículos derogaron o modificaron decenas de leyes, entre ellas las de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, además de habilitar la venta de empresas públicas y desregular las cuotas de la medicina prepaga.
El esquema de control parlamentario explica su supervivencia. Según la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia desde 2006, un DNU rige desde su publicación y solo pierde vigencia si ambas cámaras lo rechazan, mientras que la aprobación de una sola basta para dejarlo firme. Por eso, si la oposición logra el quórum, pero no los votos, el decreto podría quedar blindado.
Para el Gobierno, el texto es la pieza central de su programa de desregulación. Entre sus resultados, el oficialismo destaca la apertura del mercado aerocomercial con la política de cielos abiertos, la llegada de nuevos prestadores de telecomunicaciones y la liberalización de los alquileres, donde asegura que los precios reales cayeron 38% y la oferta de viviendas se cuadruplicó.
Otros análisis matizan ese balance. Según el Centro de Economía Política Argentina, la oferta creció por la salida al mercado de propiedades que estaban retenidas, mientras que los precios reales volvieron a niveles similares a los registrados con la ley anterior. Medidos en dólares, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires subieron más de 220% desde la devaluación de diciembre de 2023.
No todo el decreto llegó a aplicarse. Su capítulo laboral, que incluía cambios en las indemnizaciones y restricciones al derecho de huelga, fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras amparos de las centrales sindicales. El Gobierno terminó trasladando buena parte de esos cambios a una reforma laboral que el Congreso aprobó en 2026.
Un eventual rechazo tampoco borraría lo hecho. La Ley 26.122 establece que la derogación opera hacia adelante y deja a salvo los derechos adquiridos, por lo que los contratos firmados durante la vigencia del decreto conservarían sus condiciones. En el caso de los alquileres, eso podría derivar en la convivencia de hasta tres regímenes distintos dentro de un mismo mercado.
El antecedente más cercano es el del DNU 340/2025, que fue rechazado por ambas cámaras del Congreso. Tras esa votación, el Poder Ejecutivo debió dictar un nuevo decreto para restablecer de forma expresa parte de la normativa que había quedado sin efecto, ante el vacío regulatorio que generó la caída del texto original.
Una bandera para la oposición
"La oposición necesita mostrar que puede marcar la agenda política, y una victoria sobre uno de los temas principales del Gobierno puede ser un golpe muy fuerte sobre el tablero", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. Para el especialista, una derrota oficial "pondría un manto de duda sobre la capacidad legislativa de la Casa Rosada".
El consultor remarcó que lo que pone en discusión la sesión es "la fortaleza que tiene Milei con sus aliados a la hora de negociar estratégicamente las legislaciones en el Congreso, pensando en el año electoral que se avecina". En esa línea, advirtió sobre lo que ocurriría "si una mayoría de espacios aliados decidiera soltarle la mano al Gobierno".
Giorgetta consideró que "la oposición tiene que tomar una posición propositiva para mostrar su capacidad de poner límites al Gobierno". Además, planteó que el rechazo al decreto presidencial es "una bandera que unifica un reclamo de la oposición, que hoy parece estar más pendiente de las discusiones internas que discutir el Gobierno".
Consultada por este medio, Fernanda Miño, diputada nacional de Unión por la Patria e impulsora de la iniciativa para frenar el decreto, afirmó que "es fundamental lograr el rechazo". La legisladora integra uno de los ocho bloques que firmaron el pedido de sesión especial para el 15 de octubre, cuyo temario incluye además la prórroga de la emergencia en discapacidad y un régimen de alivio para las familias endeudadas.
La legisladora apuntó contra el Gobierno al señalar que "se están metiendo con cosas que son intocables para la política: los jubilados, la educación y la discapacidad".
El costo político
Por su parte, Aldo Abraham, economista director de la Fundación Libertad y Progreso, entidad afín al oficialismo, consideró que "el decreto fue la medida que encontró el Gobierno para avanzar con una agenda necesaria que iba a demorar mucho en caso de ser tratada en el Congreso". A su juicio, el texto "habilitó muchísimas medidas de desregulación que no creo que puedan cambiarse".
Según el economista, esas medidas "han hallado muchísimo consenso social", al tiempo que "la oposición busca trabar una medida clave del Gobierno, con argumentos institucionales". Abraham advirtió que "quien debe decidir si está bien o mal legislar esto por decreto es la Justicia, que hasta ahora no ha dicho nada sobre la mayoría de los capítulos".
Para Giorgetta, el decreto fue "un hito de la actual gestión", ya que se trata de "algo que ellos marcaron como eje central de su política, pero también de su programa económico, que es el que está marcando el rumbo de este Gobierno". En su lectura, por eso "se pone en juego tanto el decreto mismo como la fortaleza de la oposición".
El analista no prevé que una eventual caída del decreto le genere al Ejecutivo problemas de gestión, y explicó que le parece "hasta más importante en términos simbólicos qué es lo que gana la oposición y qué es lo que pierde el oficialismo". En esa línea, sostuvo que "para el Gobierno de Javier Milei es central frenar el rechazo" en su relación con los aliados.
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