"Hay miedos y no son infundados": México busca proteger a la audiencia pero medios advierten censura

© Foto : IA Grock
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El Gobierno de México ha puesto sobre la mesa los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El tema ha generado controversia ya que varios medios de comunicación han señalado posible censura.
En caso de que la reglamentación —la cual fue sometida a consulta pública— avance, los lineamientos definirán los derechos de las audiencias, así como las responsabilidades de los medios que deberán no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual, distinguir entre información noticiosa y opinión, distinguir entre publicidad y contenido y derecho de réplica, además de que deberán tener un Código de Ética.
Asimismo, cada medio concesionado deberá tener un defensor de las audiencias que sea imparcial, independiente, objetivo y transparente. Esta figura será quien reciba las quejas y emitirá recomendaciones al medio, que en caso de no ser atendidas o de que la audiencia considere que no se restituyeron sus derechos, la Comisión Reguladora intervendrá y se impondrán multas económicas.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que los nuevos lineamientos generales estén encaminados a controlar el contenido de los medios de comunicación del país. "No hay censura ni va a haber censura. En la ley, lo que se aprobó, además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias", comentó.
Una historia complicada
Las relaciones entre el poder político mexicano y los medios del país son complicadas, lo que desata dudas alrededor de esta nueva reglamentación que aunque es necesaria, también tiene que reflexionarse a fondo, dijo en entrevista con Sputnik Andrea Samaniego, integrante del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM.
Y es que, explicó, hace unos sesenta años, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era la fuerza política hegemónica en México, los medios de comunicación nacionales fueron un instrumento más de propaganda política, y los que se oponían a serlo eran sometidos a fuertes presiones que iban desde negarles el papel para la impresión hasta amenazas graves.
Para la década de los 90 la historia dio un vuelco debido a la aparición de nuevos actores en la vida política de México, además de las políticas de corte neoliberal aplicadas en el entonces Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
"Los medios de comunicación dejaron de ser una figura del sistema político para convertirse en un grupo de presión. Empezaron a vender sus espacios para efectos de campañas políticas pero esto también fue discrecional llegando a un exceso en 2006 cuando vendieron espacios a particulares para una campaña de miedo que afectara al entonces candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí empieza este tema de las regulaciones", apuntó.
Y es justamente a partir de todas estas regulaciones que nacen los derechos de las audiencias que se mencionan por primera vez en la reforma constitucional del 2013 y para 2014 con la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se reconocen; sin embargo, en 2017 el Partido Acción Nacional (PAN) emitió una contrarreforma que eliminó dichos derechos. Para 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la contrarreforma y para la nueva ley en la materia, emitida en 2025, se recuperan los derechos de las audiencias.
De acuerdo con la doctora Samaniego, el hecho de que se reconozcan estos derechos es un buen punto de partida, pero lo planteado por el Gobierno federal tiene que ser discutido porque es verdad que hay términos que podrían dar pie a ejercicios de censura.
"Dado toda esta historia entre el poder político y los medios, hay miedos y no son infundados", consideró.
El Gobierno "va a ser juez y parte"
En específico el artículo 53 de los lineamientos señala que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —ente que a diferencia del extinto IFT es parte del Gobierno mexicano— "supervisará que las Personas Defensoras, las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio, las Concesionarias de Televisión y/o Audio de Paga, así como las Programadoras den cumplimiento a los Derechos de las Audiencias y a las disposiciones previstas en los presentes Lineamientos y en la Ley. Para tal efecto, podrá realizar, monitoreos, requerimientos o cualquier otra actuación que sea necesaria".
Para la comunicóloga aplicar al pie de la letra las distinciones que se piden desde la CRT en cuando a si un contenido es meramente informativo o de opinión es también algo que, a estas altura, es casi imposible de hacer debido a que los contenidos son casi en su totalidad híbridos.
Además, si bien los lineamientos se enfocan a la población de a pie, los personajes políticos también podrían quejarse ante la defensoría de las audiencias de publicaciones que ellos consideren inexactas o imprecisas, lo que, en efecto, podría ser un acto de censura.
"Creo que tiene cosas muy buenas y que sí nos ayuda a nosotros como audiencias tener un espacio para inconformarnos, pero está esa otra vía de que si la CRT va a tener esa independencia (...). El Gobierno va a ser juez y parte", abundó.
¿Qué hace un defensor de audiencias?
Felipe López Veneroni, doctor en teoría política y social por la Universidad de Cambridge y quien fue defensor de las audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio y Canal Once, explicó a Sputnik el trabajo que hay detrás de esta figura que se encarga de recibir cualquier queja sobre los contenidos.
"El defensor tiene que dialogar y negociar con los diferentes miembros de las audiencias" y con los medios de comunicación que representan y ser vigilantes de que el contenido de éstos no vulneren y estén al margen de la ley. "Es importante reconocer algo: los medios operan en el espacio público", abundó.
Para el también académico de la UNAM todo el escozor que estos lineamientos que se han mantenido en vilo por más de una década han generado entre los medios "es porque afecta el modelo de negocio de los medios comerciales".
Y es que, acusó, dentro de los contenidos informativos que a diario consumimos hay publicidad encubierta que tendría que ser catalogada como tal y no confundirse.
"Tiene que haber reglas claras para un juego claro y es recomendable que estas estas obligaciones se extiendan a concesionarios públicos, comerciales, televisión de paga, etcétera para que no sean utilizados como arietes propagandísticos. Ninguna de estas leyes surge del vacío y ésta se da en el contexto de un ecosistema mediático que ha estado esencialmente dominado por un dúopolio: Televisa en TV Azteca", ponderó.
López Veneroni recordó que los lineamientos que se presentaron recientemente también son producto de un trabajo de académicos, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de los medios "que han dialogado con las dos ramas de legislativos" para crear un sistema de orientación de protección y que no haya indefensión de las audiencias respecto de los contenidos mediáticos.

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