Dictan prisión preventiva a exgobernador mexicano arrestado por contrabando de combustible
© AP Photo / DAVID MAUNG
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En una extensa jornada judicial que superó las 30 horas de audiencia, una jueza federal dictó la medida en contra del exmandatario panista de Baja California (1989-1995), Ernesto Ruffo Appel, así como de otros siete coacusados.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente al grupo por delincuencia organizada y contrabando calificado, vinculándolos a una de las redes más complejas de contrabando de combustible denominado "huachicol fiscal".
A solicitud de la defensa, se duplicó el plazo constitucional para resolver la situación jurídica del exgobernador, por lo que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México, bajo un estricto operativo de seguridad federal.
Ruffo, quien pasó a la historia por ser el primer político que no pertenecía al PRI en ganar una gobernatura estatal, fue arrestado el pasado 16 de julio en el municipio de Ensenada, en Baja California.
Ruffo, quien pasó a la historia por ser el primer político que no pertenecía al PRI en ganar una gobernatura estatal, fue arrestado el pasado 16 de julio en el municipio de Ensenada, en Baja California.
De acuerdo con las carpetas de investigación, las pesquisas que llevaron a su detención se extendieron por más de un año e identificaron un esquema ilícito en el que se introducían hidrocarburos desde Estados Unidos a territorio mexicano utilizando redes de transporte ferroviario.
Las autoridades sostienen que la organización, en la que se presuntamente participaba una empresa propiedad de Ruffo, manipulaba la documentación aduanal y declaraba volúmenes de combustible considerablemente menores a los reales, generando una evasión de impuestos y un daño patrimonial estimado en cerca de 4.000 millones de pesos (alrededor de 228 millones de dólares) en perjuicio de la hacienda pública.
Las autoridades sostienen que la organización, en la que se presuntamente participaba una empresa propiedad de Ruffo, manipulaba la documentación aduanal y declaraba volúmenes de combustible considerablemente menores a los reales, generando una evasión de impuestos y un daño patrimonial estimado en cerca de 4.000 millones de pesos (alrededor de 228 millones de dólares) en perjuicio de la hacienda pública.
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