Proceso contra Evo Morales "es otro caso de lawfare en América Latina", según experto
Proceso contra Evo Morales "es otro caso de lawfare en América Latina", según experto
Sputnik Mundo
Recluido desde 2024 en las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro), el expresidente boliviano Evo Morales volvió a estar en la primera plana de la... 14.05.2026, Sputnik Mundo
El Gobierno del actual jefe de Estado sudamericano, Rodrigo Paz, lo acusa por las múltiples manifestaciones que mantienen cortadas las principales carreteras del país, mientras en el departamento de Tarija (sur) se le inició un juicio por presunta trata de personas agravada. De nuevo en vigencia política, desde sus redes sociales, el exmandatario avala las protestas y critica las medidas impulsadas por el presidente.Morales recuperó el poder político en las elecciones subnacionales de marzo de este año, cuando sus seguidores ganaron en decenas de municipios rurales del país, además de que su candidato, el exsenador Leonardo Loza, se impuso en primera vuelta en la Gobernación de Cochabamba. Desde el golpe de Estado de 2019, cuando dejó la presidencia, el político no tenía influencia institucional.Hoy vuelve a proyectarse a escala nacional, por lo que sus seguidores tiene esperanza en que pueda volver a habitar la Casa Grande del Pueblo en las votaciones generales de 2030.En sintonía con las protestas campesinas indígenas que piden la renuncia del presidente Paz, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de Tarija inició el 11 de mayo el juicio en su contra, en el cual se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad en 2015, con quien habría tenido una hija.Morales argumentó que no fue debidamente notificado sobre el inicio de este proceso, por lo cual no se presentó. Como respuesta, el tribunal emitió un nuevo mandamiento de aprehensión contra el político. La primera orden se había presentado en diciembre de 2024, cuando el expresidente no se apersonó a declarar en este mismo proceso.Pero el Gobierno de Paz se encuentra con el mismo problema que anteriormente tuvo el expresidente Luis Arce (2020-2025): la multitud de seguidores de Morales en el trópico cochabambino hace inviable ejecutar la orden de captura, sin que ello acarree la pérdida de varias vidas, sobre todo entre quienes defienden fielmente a quien fuera presidente entre 2006 y 2019.El juicio en Tarija quedó en suspenso hasta que Morales y la supuesta cómplice, la madre de la víctima, se presenten voluntariamente o por la fuerza ante el tribunal.Las autoridades intentan negociar con los sectores movilizados, mientras sostiene que gran parte de los manifestantes son financiados o fueron enviados por sindicatos campesinos del trópico.Vaivenes del procesoLa causa por el supuesto vínculo entre Morales y la menor de edad comenzó en 2020, durante el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020). En ese momento, se le investigó bajo la figura de estupro. Pero en ese momento el proceso no pudo avanzar, sobre todo por la falta de pruebas concretas.Durante el mandato de Arce se intentó reflotar la causa, esta vez bajo el presunto delito de trata de personas agravada, por la condición de menor de edad de la supuesta víctima en 2015. En 2024, ella presentó un memorial en el cual declaraba que no existió delito, que no formuló ninguna denuncia contra Morales, por lo cual no procede el juicio contra el expresidente. Desde 2019 reside con su hija y su madre en Argentina, en condición de refugiada.El tribunal de Tarija aseveró que este recurso se analizará una vez se pueda dar inicio al juicio oral, con Morales y la madre de la joven presentes ante los jueces. Para el expresidente, esta no es la manera legal de proceder. "No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia. Nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente", apuntó.Lo que significaríaEn diálogo con Sputnik, el analista y abogado Gabriel Villalba aseguró que se trata de otro caso de lawfare en América Latina."Pasó en Ecuador con Rafael Correa, pasó en Argentina con Cristina Kirchner, pasó en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva, está pasando en Bolivia. A Evo Morales lo están procesando por más de 15 causas penales diferentes. En este último proceso fue declarado en rebeldía, cuando ni siquiera existen los elementos constitutivos del delito", dijo en referencia al juicio iniciado en Tarija.Por ello, "al no existir el elemento constitutivo del delito, por supuesto que toda la teoría del caso se cae. Sin embargo, es sostenida a partir de personajes jurídicos muy ligados a la derecha boliviana", dijo dudando de la independencia de la justicia. Esta sospecha está fuertemente instalada en la sociedad boliviana. Por ello, una de las 10 leyes que Paz prevé presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional establece una reforma profunda del Órgano Judicial.Un juicio oportunoEl analista Emilio Rodas observó que el inicio de este juicio contra Morales coincide con el momento de crisis social más pronunciada para el Gobierno de Paz, comenzado hace seis meses."Los procesos judiciales contra Evo Morales tienen la particularidad de ser puestos en funcionamiento cada vez que se producen necesidades políticas. Ya se lo hizo con el Gobierno de Áñez, pero se cayó ese proceso que en esa esa ocasión era por estupro", contó a Sputnik.Cuando se reactivó con el Gobierno de Arce, "al proceso se le cayó toda sustentabilidad. Incluso la Fiscalía se ha dejado vencer con los plazos porque no existe denunciante. En la figura de estupro tiene que haber una víctima denunciante, porque no es un delito de orden público. No lo puede seguir el Ministerio Público de oficio. Tiene que haber una denunciante, una víctima que denuncie", expuso el experto.Rodas expuso que, durante el Gobierno de Arce, "se cambió la figura a trata y tráfico con la intención precisa de que el Ministerio Público pueda llevar este proceso sin necesidad de que la víctima se coloque como denunciante, porque la presunta víctima no está en el país. Ella ha hecho múltiples apariciones públicas y también ha hecho una presentación procesal negando totalmente cualquier posibilidad de que haya existido el delito de trata y tráfico. Por supuesto, si no hay delito tampoco hay sospechoso o denunciado".Para el analista, "todos esos elementos se han utilizado de manera arbitraria, de manera antijurídica con la intención precisamente de inhibir a Evo Morales cualquier posibilidad de participación electoral".El 12 de mayo, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, declaró que solicitará 20 años de cárcel para el expresidente."El artículo 281 bis del Código Penal nos habla del delito de trata de personas agravada. Cuando la víctima es menor de edad, se agrava la situación y la pena máxima es de 20 años de presidio. Eso es lo que el Ministerio Público, luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar", dijo a la televisión chapaca.
Recluido desde 2024 en las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro), el expresidente boliviano Evo Morales volvió a estar en la primera plana de la política local.
El Gobierno del actual jefe de Estado sudamericano, Rodrigo Paz, lo acusa por las múltiples manifestaciones que mantienen cortadas las principales carreteras del país, mientras en el departamento de Tarija (sur) se le inició un juicio por presunta trata de personas agravada.
De nuevo en vigencia política, desde sus redes sociales, el exmandatario avala las protestas y critica las medidas impulsadas por el presidente.
Morales recuperó el poder político en las elecciones subnacionales de marzo de este año, cuando sus seguidores ganaron en decenas de municipios rurales del país, además de que su candidato, el exsenador Leonardo Loza, se impuso en primera vuelta en la Gobernación de Cochabamba. Desde el golpe de Estado de 2019, cuando dejó la presidencia, el político no tenía influencia institucional.
Hoy vuelve a proyectarse a escala nacional, por lo que sus seguidores tiene esperanza en que pueda volver a habitar la Casa Grande del Pueblo en las votaciones generales de 2030.
En sintonía con las protestas campesinas indígenas que piden la renuncia del presidente Paz, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de Tarija inició el 11 de mayo el juicio en su contra, en el cual se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad en 2015, con quien habría tenido una hija.
Morales argumentó que no fue debidamente notificado sobre el inicio de este proceso, por lo cual no se presentó. Como respuesta, el tribunal emitió un nuevo mandamiento de aprehensión contra el político. La primera orden se había presentado en diciembre de 2024, cuando el expresidente no se apersonó a declarar en este mismo proceso.
Pero el Gobierno de Paz se encuentra con el mismo problema que anteriormente tuvo el expresidente Luis Arce (2020-2025): la multitud de seguidores de Morales en el trópico cochabambino hace inviable ejecutar la orden de captura, sin que ello acarree la pérdida de varias vidas, sobre todo entre quienes defienden fielmente a quien fuera presidente entre 2006 y 2019.
El juicio en Tarija quedó en suspenso hasta que Morales y la supuesta cómplice, la madre de la víctima, se presenten voluntariamente o por la fuerza ante el tribunal.
Las autoridades intentan negociar con los sectores movilizados, mientras sostiene que gran parte de los manifestantes son financiados o fueron enviados por sindicatos campesinos del trópico.
La causa por el supuesto vínculo entre Morales y la menor de edad comenzó en 2020, durante el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020). En ese momento, se le investigó bajo la figura de estupro. Pero en ese momento el proceso no pudo avanzar, sobre todo por la falta de pruebas concretas.
Durante el mandato de Arce se intentó reflotar la causa, esta vez bajo el presunto delito de trata de personas agravada, por la condición de menor de edad de la supuesta víctima en 2015. En 2024, ella presentó un memorial en el cual declaraba que no existió delito, que no formuló ninguna denuncia contra Morales, por lo cual no procede el juicio contra el expresidente. Desde 2019 reside con su hija y su madre en Argentina, en condición de refugiada.
El tribunal de Tarija aseveró que este recurso se analizará una vez se pueda dar inicio al juicio oral, con Morales y la madre de la joven presentes ante los jueces. Para el expresidente, esta no es la manera legal de proceder.
En su descargo en la red X sostuvo: "De acuerdo al Código de Procedimiento Penal (Ley 1970) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ningún juicio puede iniciarse ni avanzar si, previamente, no se resuelven los incidentes porque estos, de acuerdo al derecho procesal penal boliviano, tienen el objetivo de cuestionar la validez de un proceso y la vulneración de derechos fundamentales como el Debido Proceso y la Presunción de Inocencia; además de corregir vicios procesales o solicitar la extinción de la acción".
"No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia. Nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente", apuntó.
Lo que significaría
En diálogo con Sputnik, el analista y abogado Gabriel Villalba aseguró que se trata de otro caso de lawfare en América Latina.
"Pasó en Ecuador con Rafael Correa, pasó en Argentina con Cristina Kirchner, pasó en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva, está pasando en Bolivia. A Evo Morales lo están procesando por más de 15 causas penales diferentes. En este último proceso fue declarado en rebeldía, cuando ni siquiera existen los elementos constitutivos del delito", dijo en referencia al juicio iniciado en Tarija.
"Para que exista cualquier delito —y esto lo sabe cualquier abogado– deben existir claramente una acción antijurídica, un sujeto activo y un sujeto pasivo o víctima. En este caso, la supuesta víctima ha declarado mediante memorial, respetando todos los formalismos de ley, que no es ninguna víctima, que no se considera ella víctima de ninguna clase del supuesto abuso, que se ha mediatizado tan ampliamente en los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia", consideró Villalba.
Por ello, "al no existir el elemento constitutivo del delito, por supuesto que toda la teoría del caso se cae. Sin embargo, es sostenida a partir de personajes jurídicos muy ligados a la derecha boliviana", dijo dudando de la independencia de la justicia.
Esta sospecha está fuertemente instalada en la sociedad boliviana. Por ello, una de las 10 leyes que Paz prevé presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional establece una reforma profunda del Órgano Judicial.
Un juicio oportuno
El analista Emilio Rodas observó que el inicio de este juicio contra Morales coincide con el momento de crisis social más pronunciada para el Gobierno de Paz, comenzado hace seis meses.
"Los procesos judiciales contra Evo Morales tienen la particularidad de ser puestos en funcionamiento cada vez que se producen necesidades políticas. Ya se lo hizo con el Gobierno de Áñez, pero se cayó ese proceso que en esa esa ocasión era por estupro", contó a Sputnik.
Cuando se reactivó con el Gobierno de Arce, "al proceso se le cayó toda sustentabilidad. Incluso la Fiscalía se ha dejado vencer con los plazos porque no existe denunciante. En la figura de estupro tiene que haber una víctima denunciante, porque no es un delito de orden público. No lo puede seguir el Ministerio Público de oficio. Tiene que haber una denunciante, una víctima que denuncie", expuso el experto.
"Eso le da pocas posibilidades al proceso. Pero nunca han importado realmente los alcances jurídicos o las figuras penales que se utilizan, sino poner a Evo Morales de manera permanente en entredicho judicial", evaluó.
Rodas expuso que, durante el Gobierno de Arce, "se cambió la figura a trata y tráfico con la intención precisa de que el Ministerio Público pueda llevar este proceso sin necesidad de que la víctima se coloque como denunciante, porque la presunta víctima no está en el país. Ella ha hecho múltiples apariciones públicas y también ha hecho una presentación procesal negando totalmente cualquier posibilidad de que haya existido el delito de trata y tráfico. Por supuesto, si no hay delito tampoco hay sospechoso o denunciado".
Para el analista, "todos esos elementos se han utilizado de manera arbitraria, de manera antijurídica con la intención precisamente de inhibir a Evo Morales cualquier posibilidad de participación electoral".
El 12 de mayo, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, declaró que solicitará 20 años de cárcel para el expresidente.
"El artículo 281 bis del Código Penal nos habla del delito de trata de personas agravada. Cuando la víctima es menor de edad, se agrava la situación y la pena máxima es de 20 años de presidio. Eso es lo que el Ministerio Público, luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar", dijo a la televisión chapaca.
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