"Una transición relevante": Venezuela se alista para reformar su sistema de justicia penal
"Una transición relevante": Venezuela se alista para reformar su sistema de justicia penal
Sputnik Mundo
"Esta ley de amnistía ha estado basada en el perdón, en la reconciliación y en el reencuentro entre los venezolanos", afirmó la presidenta encargada de... 28.04.2026, Sputnik Mundo
Acompañando la medida, Rodríguez firmó un decreto para crear una Comisión Nacional para la reforma del sistema de justicia penal, con el objetivo de garantizar "un acceso a la justicia oportuna, imparcial y sin ningún tipo de diferenciación".El abogado venezolano y experto en derecho internacional Jesús Rojas Hernández, consultado por Sputnik, advierte que el desafío no es solo penal, sino estructural: descentralizar tribunales, reactivar la disciplina judicial, reformar el alguacilazgo y humanizar el sistema penitenciario.El paso a la verdadLa primera mandataria venezolana precisó que el fin de la Ley de Amnistía no equivale a la liquidación del proceso, sino al cierre del período para presentar nuevas solicitudes.La norma recibió más de 12.000 propuestas, de las cuales 9.000 fueron resueltas favorablemente, lo que se traduce en 8.616 personas que han obtenido su libertad plena. Los casos pendientes –incluyendo los excluidos expresamente de la ley– serán revisados mediante otros instrumentos de convivencia democrática, como comisiones de verdad.Estas instancias deberán determinar responsabilidades, identificar a los actores que incentivaron la violencia política y analizar hechos nuevos, entre ellos sentencias en Colombia y Francia que condenaron a empresas transnacionales por incitar a paramilitares a cometer violaciones de derechos humanos. El anuncio incluyó la activación de una comisión para reformar la justicia penal, con el objetivo de modernizar un sistema que arrastra décadas de obsolescencia.Para Rojas Hernández, el anuncio de la presidenta encargada marca una transición relevante.El especialista añadió que ahora se abrirá una fase de revisión de los casos excluidos de la ley, utilizando mecanismos de convivencia democrática como comisiones de verdad. "Se podrá buscar comisiones de verdad para que digan exactamente qué fue lo que pasó, quién instó a esos actos de violencia, cuál es el motivo real", señaló.El experto en derecho internacional destacó que este nuevo enfoque permite verificar hechos como las condenas a empresas transnacionales en Colombia y Francia por incitar a grupos paramilitares."Ello le da una nueva perspectiva a los derechos humanos, donde no solamente el funcionario público es responsable, sino también otros actores con poder que atentan contra la seguridad, la paz y la vida de los ciudadanos", afirmó.Rojas Hernández consideró que la declaración también busca contrarrestar discursos de odio que obstaculizan la reconciliación. Reforma de justicia penal: diagnóstico y propuestasEl analista explicó que el sistema penal acusatorio venezolano fue concebido con criterios de avanzada, previendo jurados o escabinos. Sin embargo, "no tenemos un catastro confiable de dónde vive cada persona. Por lo tanto, se hizo imposible ubicar a los jurados", lo que llevó a eliminarlos y retornar al juez unipersonal.Uno de los problemas estructurales que señaló es la centralización judicial. "Asesores del Banco Mundial impulsaron que los jueces debían estar en las capitales de Estado, olvidando que el sistema tiene competencia nacional". Propuso aplicar la nueva geometría del poder a los tribunales: "Los tribunales deben estar donde está el ciudadano. No puede ser que se cometa un hecho ilícito en Puerto Ordaz y los tribunales de apelación estén en Ciudad Bolívar (sureste)".Esta situación impide convocar concursos anuales para cubrir vacantes, violando el mandato constitucional de acceso por concurso. "El ciudadano tiene derecho a tener un juez con estabilidad. Pero si el juez decide manipulando expedientes o pidiendo dádivas, deben existir los tribunales disciplinarios judiciales", insistió.Rojas Hernández extendió su crítica al área civil y mercantil. "Los tribunales civiles no han crecido prácticamente desde el año 70", mientras la población se ha incrementado, generando una mora que desestimula la inversión privada. Propuso dividir los delitos entre graves y leves, y asignar los leves —pena inferior a ocho años— a las gobernaciones, con métodos alternativos de solución de conflictos. "No hay forma de que se entienda que un ciudadano que destroza una calle no sea la misma sociedad la que lo obligue a reparar esa situación", afirmó.Otro punto crítico es el alguacilazgo. "Es un hecho público, notorio: cuando se libra una boleta, los alguaciles estampan que no se dirigen a Petare porque es zona peligrosa. Si no pueden asumir su función, hay que buscar otro mecanismo, como la colaboración de la policía". En materia penitenciaria, propuso que cada estado tenga su propio centro de reclusión, en lugar de concentrarlos en Miranda."No puede ser que una persona llanera sea enviada a los Andes, porque la idiosincrasia es diferente", añadió. El experto refirió que el sistema de justicia no puede reformarse solo con cambios normativos.La activación de la comisión, dijo, es una oportunidad para que todos los poderes públicos colaboren en el éxito de una función que debe ser cercana, eficaz y humanitaria."Invito al país general a hacer propuestas. La justicia es un problema de todos, y así lo trata la Constitución cuando declara que Venezuela es un país de paz", concluyó.
"Esta ley de amnistía ha estado basada en el perdón, en la reconciliación y en el reencuentro entre los venezolanos", afirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al anunciar el fin del período de solicitudes de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, aprobada en febrero de este año.
Acompañando la medida, Rodríguez firmó un decreto para crear una Comisión Nacional para la reforma del sistema de justicia penal, con el objetivo de garantizar "un acceso a la justicia oportuna, imparcial y sin ningún tipo de diferenciación".
El abogado venezolano y experto en derecho internacional Jesús Rojas Hernández, consultado por Sputnik, advierte que el desafío no es solo penal, sino estructural: descentralizar tribunales, reactivar la disciplina judicial, reformar el alguacilazgo y humanizar el sistema penitenciario.
La norma recibió más de 12.000 propuestas, de las cuales 9.000 fueron resueltas favorablemente, lo que se traduce en 8.616 personas que han obtenido su libertad plena. Los casos pendientes –incluyendo los excluidos expresamente de la ley– serán revisados mediante otros instrumentos de convivencia democrática, como comisiones de verdad.
Estas instancias deberán determinar responsabilidades, identificar a los actores que incentivaron la violencia política y analizar hechos nuevos, entre ellos sentencias en Colombia y Francia que condenaron a empresas transnacionales por incitar a paramilitares a cometer violaciones de derechos humanos. El anuncio incluyó la activación de una comisión para reformar la justicia penal, con el objetivo de modernizar un sistema que arrastra décadas de obsolescencia.
Para Rojas Hernández, el anuncio de la presidenta encargada marca una transición relevante.
"No es que se haya acabado el proceso, lo que concluye es la solicitud de amnistía. Se han admitido más de 12.000 solicitudes y resuelto 9.000. Esta excepción al principio de responsabilidad por hechos ilícitos debía tener un tiempo corto", explicó.
El especialista añadió que ahora se abrirá una fase de revisión de los casos excluidos de la ley, utilizando mecanismos de convivencia democrática como comisiones de verdad. "Se podrá buscar comisiones de verdad para que digan exactamente qué fue lo que pasó, quién instó a esos actos de violencia, cuál es el motivo real", señaló.
El experto en derecho internacional destacó que este nuevo enfoque permite verificar hechos como las condenas a empresas transnacionales en Colombia y Francia por incitar a grupos paramilitares.
"Ello le da una nueva perspectiva a los derechos humanos, donde no solamente el funcionario público es responsable, sino también otros actores con poder que atentan contra la seguridad, la paz y la vida de los ciudadanos", afirmó.
Rojas Hernández consideró que la declaración también busca contrarrestar discursos de odio que obstaculizan la reconciliación.
Reforma de justicia penal: diagnóstico y propuestas
El analista explicó que el sistema penal acusatorio venezolano fue concebido con criterios de avanzada, previendo jurados o escabinos. Sin embargo, "no tenemos un catastro confiable de dónde vive cada persona. Por lo tanto, se hizo imposible ubicar a los jurados", lo que llevó a eliminarlos y retornar al juez unipersonal.
Uno de los problemas estructurales que señaló es la centralización judicial. "Asesores del Banco Mundial impulsaron que los jueces debían estar en las capitales de Estado, olvidando que el sistema tiene competencia nacional".
Propuso aplicar la nueva geometría del poder a los tribunales: "Los tribunales deben estar donde está el ciudadano. No puede ser que se cometa un hecho ilícito en Puerto Ordaz y los tribunales de apelación estén en Ciudad Bolívar (sureste)".
El abogado criticó la ausencia de mecanismos disciplinarios efectivos para jueces. "El código ético del juez venezolano tiene suspendido cautelarmente desde hace mucho tiempo y la Sala Constitucional no le da una solución".
Esta situación impide convocar concursos anuales para cubrir vacantes, violando el mandato constitucional de acceso por concurso. "El ciudadano tiene derecho a tener un juez con estabilidad. Pero si el juez decide manipulando expedientes o pidiendo dádivas, deben existir los tribunales disciplinarios judiciales", insistió.
Rojas Hernández extendió su crítica al área civil y mercantil. "Los tribunales civiles no han crecido prácticamente desde el año 70", mientras la población se ha incrementado, generando una mora que desestimula la inversión privada.
Propuso dividir los delitos entre graves y leves, y asignar los leves —pena inferior a ocho años— a las gobernaciones, con métodos alternativos de solución de conflictos. "No hay forma de que se entienda que un ciudadano que destroza una calle no sea la misma sociedad la que lo obligue a reparar esa situación", afirmó.
Otro punto crítico es el alguacilazgo. "Es un hecho público, notorio: cuando se libra una boleta, los alguaciles estampan que no se dirigen a Petare porque es zona peligrosa. Si no pueden asumir su función, hay que buscar otro mecanismo, como la colaboración de la policía".
En materia penitenciaria, propuso que cada estado tenga su propio centro de reclusión, en lugar de concentrarlos en Miranda.
"No puede ser que una persona llanera sea enviada a los Andes, porque la idiosincrasia es diferente", añadió.
El experto refirió que el sistema de justicia no puede reformarse solo con cambios normativos.
"La justicia es un sistema de todos. La Constitución dice que somos un país de paz. ¿Cómo vamos a tener deudas con los presuntos infractores? Una cosa es que deba pagar su responsabilidad con la sociedad, y otra es que lo metamos en un infierno y nos olvidemos de él".
La activación de la comisión, dijo, es una oportunidad para que todos los poderes públicos colaboren en el éxito de una función que debe ser cercana, eficaz y humanitaria.
"Invito al país general a hacer propuestas. La justicia es un problema de todos, y así lo trata la Constitución cuando declara que Venezuela es un país de paz", concluyó.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
