¿Qué razones hay detrás del intento de revertir la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia?
¿Qué razones hay detrás del intento de revertir la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia?
Sputnik Mundo
El presidente boliviano Rodrigo Paz cuestionó la nacionalización de hidrocarburos decretada hace 20 años. Sostuvo que "fracasó" y trajo más pobreza al país... 17.04.2026, Sputnik Mundo
El Gobierno prepara una nueva ley de hidrocarburos, con la intención de resolver la crisis que aqueja a este sector, el cual fue durante décadas el principal sostén económico del país. Actualmente, la extracción es la más baja en dos décadas, lo cual pone a Bolivia ante el peligro de tener que importar gas en el corto plazo. La atracción de inversiones extranjeras está en el espíritu del proyecto de normativa, que ya se dialoga con la Asamblea Legislativa Plurinacional.El presidente Paz no se ahorró críticas hacia la llamada nacionalización de los hidrocarburos, decretada por el expresidente Evo Morales (2006-2019) el 1 de mayo de 2006. "Todo lo que nos prometieron nacionalizar para que seamos poderosos y con un destino irreversible, fracasó. Y nos dijeron que iban a cuidar los recursos naturales. No tenemos gas, oiga, nos engañaron", dijo Paz en un acto en el departamento de Tarija (sur).En este sentido, defendió el proyecto de ley para este y otros sectores que elaboró el Ejecutivo: "Hay que tener normativas claras y transparentes para que el país sepa cómo se va a gobernar y bajo qué normas"."Hay gas en La Paz. ¿Por qué no invertir en La Paz? Entonces hay que tener una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de minería. Somos el país con mayor concentración de minerales entre Perú, Chile y Bolivia", ahondó.Medio lleno, medio vacíoSputnik consultó a especialistas en la cuestión energética, quienes en las últimas décadas siguieron de cerca el proceso de nacionalización, así como sus claroscuros. El analista Ricardo Cardona sostuvo que este proceso "ha tenido la virtud de generar más ingresos en impuestos y regalías para el Estado boliviano. Por primera vez en su historia, Bolivia pudo acumular grandes capitales, que en 2015 alcanzaron los 15.000 millones de dólares en reservas en el Banco Central de Bolivia [BCB]".Para Cardona, el problema reside en que "en ese momento, con ese dinero se debía haber hecho un Fondo de Desarrollo para la nación boliviana, un fondo para estabilizar la economía, que debía respetarse y no gastarse".Pero en los hechos, esa bonanza alcanzada en 2015 "se ha dispersado por la subvención a los carburantes". Según Cardona, dicho estímulo debía aplicarse solamente al transporte público, como se estila en varios países. La venta de carburantes subvencionados a grandes agroindustriales, empresas mineras y transportistas terminó por drenar las arcas del Estado. Por ello, la eliminación de esta política estuvo entre las primeras determinaciones –exitosas– del Gobierno de Paz, en diciembre de 2025."De no ser por la subvención, el país se habría ahorrado esos 15.000 millones para el desarrollo y el cuidado del futuro de Bolivia. Ese ha sido en realidad el fracaso. No el fracaso propiamente de la nacionalización, como dice el presidente Paz", afirmó Cardona, ingeniero e integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de la Soberanía y Dignidad (Condepanal).Por el lado positivo, valoró que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) "se hayan repartido a gobernaciones, universidades, municipios y otras instituciones. Toda esta riqueza, que posiblemente ha llegado a 60.000 millones de dólares por la exportación de hidrocarburos durante 15 años, ya se ha utilizado en los gobiernos subnacionales y ha generado crecimiento del PIB [producto interno bruto]".Cardona destacó que en 2005, el PIB nacional era de 9.000 millones de dólares, mientras que para 2025 fue de 50.000 millones de dólares. "El país creció más de cinco veces. Este dato rebate la idea de que la nacionalización ha sido un fracaso".El valor agregadoPara el especialista en energías, una nueva ley de hidrocarburos tendría que establecer la construcción de al menos dos refinerías en Bolivia, de modo que se puedan importar barriles de petróleo (a un promedio de 80 dólares cada uno) para darles valor agregado con subproductos como diésel, gasolina, grasas, aceites y asfalto, entre otros, de modo que cada barril termine por generar una ganancia de 300 dólares.Para salir de esta crisis, consideró también importante que el Estado promueva la producción de biocombustibles y la electromovilidad. Sin embargo, resaltó que la energía eléctrica debería generarse con represas, no con gas, como ocurre actualmente.Antes de la llamada "nacionalización", las empresas petroleras se quedaban con el 82% de las ganancias y dejaban al país el 18% en impuestos. Con el decreto de Morales de 2006, estos porcentajes se invirtieron a favor del Estado boliviano.El nuevo proyecto, aunque aún no fue oficializado, repartiría las ganancias 50% y 50%, lo cual es aceptable para Cardona, al evaluar sobre todo los costos y las eventuales pérdidas que tienen las empresas al perforar pozos, que en gran porcentaje finalmente no son productivos.Nacionalización entre comillasJosé Pimentel fue ministro de Minería durante el gobierno de Morales y siguió de cerca el proceso de nacionalización. "Yo creo en el éxito de la nacionalización, entre comillas, porque efectivamente el término 'nacionalización' es muy controvertido. Ha sido una acción positiva, dado que ha permitido que al país ingresen cerca de 60.000 millones de dólares. Si no se nacionalizaba, ese dinero se iba a ir al exterior, al beneficio de las transnacionales", explicó a Sputnik.Destacó "otra medida trascendental de la nacionalización, que fue la capacidad del Estado de disponer de los hidrocarburos una vez salidos de boca de pozo. Esto le permitió [...] su utilización en políticas de carácter social, como la instalación de gas domiciliario y la transformación de los vehículos de gasolina a gas, entre otros".Además, "ha logrado inyectar la producción petrolera al mercado interno, cosa que antes las transnacionales disponían fundamentalmente para la exportación".Sin embargo, "la gran duda que nos da el proceso es que no se han potenciado las capacidades productivas técnicas de la empresa estatal (YPFB) y al final nos ha llevado a una situación en la cual hoy no tenemos gas para exportar y está en gran peligro el consumo interno", evidenció el analista.Pimentel explica que este escenario se gestó debido a que "las empresas que habían logrado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos prácticamente paralizaron esta actividad, aunque nunca rompieron los contratos. Y el Gobierno, a través de YPFB, nunca tuvo la capacidad para exigirles nuevas inversiones ni tampoco pudo convertirse en una empresa estatal productiva, con capacidades técnicas. No tenía capacidad productiva".El analista recordó que en ese lapso "YPFB hizo nuevas exploraciones en campos y zonas vírgenes, pero eso no siempre es alentador, por cuanto el riesgo es del 80 %. En este sentido, YPFB fracasó en cerca de 3.000 millones de dólares que se invirtieron para la exploración".Entonces, "creo que más allá del ingreso económico que tuvimos, naturalmente nos hemos retrasado en potenciar a la empresa estatal petrolera, pero también en fiscalizar y exigir inversión a las transnacionales que hoy todavía tienen cerca de 60 contratos con el país", advirtió Pimentel.Para el exministro, la nueva ley de hidrocarburos "no va a impulsar el potencial de la empresa estatal de petróleo. Entonces siempre estaremos dependientes de lo que hagan las transnacionales en un recurso natural que es nuestro".
El presidente boliviano Rodrigo Paz cuestionó la nacionalización de hidrocarburos decretada hace 20 años. Sostuvo que "fracasó" y trajo más pobreza al país, además de agotar sus recursos gasíferos. ¿Cuál fue realmente el resultado de la decisión tomada durante el gobierno de Evo Morales?
El Gobierno prepara una nueva ley de hidrocarburos, con la intención de resolver la crisis que aqueja a este sector, el cual fue durante décadas el principal sostén económico del país. Actualmente, la extracción es la más baja en dos décadas, lo cual pone a Bolivia ante el peligro de tener que importar gas en el corto plazo. La atracción de inversiones extranjeras está en el espíritu del proyecto de normativa, que ya se dialoga con la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El presidente Paz no se ahorró críticas hacia la llamada nacionalización de los hidrocarburos, decretada por el expresidente Evo Morales (2006-2019) el 1 de mayo de 2006. "Todo lo que nos prometieron nacionalizar para que seamos poderosos y con un destino irreversible, fracasó. Y nos dijeron que iban a cuidar los recursos naturales. No tenemos gas, oiga, nos engañaron", dijo Paz en un acto en el departamento de Tarija (sur).
En este sentido, defendió el proyecto de ley para este y otros sectores que elaboró el Ejecutivo: "Hay que tener normativas claras y transparentes para que el país sepa cómo se va a gobernar y bajo qué normas".
"Hay gas en La Paz. ¿Por qué no invertir en La Paz? Entonces hay que tener una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de minería. Somos el país con mayor concentración de minerales entre Perú, Chile y Bolivia", ahondó.
Medio lleno, medio vacío
Sputnik consultó a especialistas en la cuestión energética, quienes en las últimas décadas siguieron de cerca el proceso de nacionalización, así como sus claroscuros. El analista Ricardo Cardona sostuvo que este proceso "ha tenido la virtud de generar más ingresos en impuestos y regalías para el Estado boliviano. Por primera vez en su historia, Bolivia pudo acumular grandes capitales, que en 2015 alcanzaron los 15.000 millones de dólares en reservas en el Banco Central de Bolivia [BCB]".
Para Cardona, el problema reside en que "en ese momento, con ese dinero se debía haber hecho un Fondo de Desarrollo para la nación boliviana, un fondo para estabilizar la economía, que debía respetarse y no gastarse".
Pero en los hechos, esa bonanza alcanzada en 2015 "se ha dispersado por la subvención a los carburantes". Según Cardona, dicho estímulo debía aplicarse solamente al transporte público, como se estila en varios países.
La venta de carburantes subvencionados a grandes agroindustriales, empresas mineras y transportistas terminó por drenar las arcas del Estado. Por ello, la eliminación de esta política estuvo entre las primeras determinaciones –exitosas– del Gobierno de Paz, en diciembre de 2025.
"De no ser por la subvención, el país se habría ahorrado esos 15.000 millones para el desarrollo y el cuidado del futuro de Bolivia. Ese ha sido en realidad el fracaso. No el fracaso propiamente de la nacionalización, como dice el presidente Paz", afirmó Cardona, ingeniero e integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de la Soberanía y Dignidad (Condepanal).
Por el lado positivo, valoró que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) "se hayan repartido a gobernaciones, universidades, municipios y otras instituciones. Toda esta riqueza, que posiblemente ha llegado a 60.000 millones de dólares por la exportación de hidrocarburos durante 15 años, ya se ha utilizado en los gobiernos subnacionales y ha generado crecimiento del PIB [producto interno bruto]".
Cardona destacó que en 2005, el PIB nacional era de 9.000 millones de dólares, mientras que para 2025 fue de 50.000 millones de dólares. "El país creció más de cinco veces. Este dato rebate la idea de que la nacionalización ha sido un fracaso".
El valor agregado
Para el especialista en energías, una nueva ley de hidrocarburos tendría que establecer la construcción de al menos dos refinerías en Bolivia, de modo que se puedan importar barriles de petróleo (a un promedio de 80 dólares cada uno) para darles valor agregado con subproductos como diésel, gasolina, grasas, aceites y asfalto, entre otros, de modo que cada barril termine por generar una ganancia de 300 dólares.
"Importar petróleo y refinarlo sería un negocio para YPFB [Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia] y no sería una carga como ahora, que se importa diésel y gasolina con valor agregado y caro", razonó Cardona.
Para salir de esta crisis, consideró también importante que el Estado promueva la producción de biocombustibles y la electromovilidad. Sin embargo, resaltó que la energía eléctrica debería generarse con represas, no con gas, como ocurre actualmente.
Antes de la llamada "nacionalización", las empresas petroleras se quedaban con el 82% de las ganancias y dejaban al país el 18% en impuestos. Con el decreto de Morales de 2006, estos porcentajes se invirtieron a favor del Estado boliviano.
El nuevo proyecto, aunque aún no fue oficializado, repartiría las ganancias 50% y 50%, lo cual es aceptable para Cardona, al evaluar sobre todo los costos y las eventuales pérdidas que tienen las empresas al perforar pozos, que en gran porcentaje finalmente no son productivos.
Nacionalización entre comillas
José Pimentel fue ministro de Minería durante el gobierno de Morales y siguió de cerca el proceso de nacionalización. "Yo creo en el éxito de la nacionalización, entre comillas, porque efectivamente el término 'nacionalización' es muy controvertido. Ha sido una acción positiva, dado que ha permitido que al país ingresen cerca de 60.000 millones de dólares. Si no se nacionalizaba, ese dinero se iba a ir al exterior, al beneficio de las transnacionales", explicó a Sputnik.
"Pongo entre comillas lo de la nacionalización, porque en los hechos el Estado solamente tuvo una mayor participación en las ganancias", añadió.
Destacó "otra medida trascendental de la nacionalización, que fue la capacidad del Estado de disponer de los hidrocarburos una vez salidos de boca de pozo. Esto le permitió [...] su utilización en políticas de carácter social, como la instalación de gas domiciliario y la transformación de los vehículos de gasolina a gas, entre otros".
Además, "ha logrado inyectar la producción petrolera al mercado interno, cosa que antes las transnacionales disponían fundamentalmente para la exportación".
Sin embargo, "la gran duda que nos da el proceso es que no se han potenciado las capacidades productivas técnicas de la empresa estatal (YPFB) y al final nos ha llevado a una situación en la cual hoy no tenemos gas para exportar y está en gran peligro el consumo interno", evidenció el analista.
Pimentel explica que este escenario se gestó debido a que "las empresas que habían logrado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos prácticamente paralizaron esta actividad, aunque nunca rompieron los contratos. Y el Gobierno, a través de YPFB, nunca tuvo la capacidad para exigirles nuevas inversiones ni tampoco pudo convertirse en una empresa estatal productiva, con capacidades técnicas. No tenía capacidad productiva".
"Este ha sido el gran talón de Aquiles del proceso de la nacionalización", añadió.
El analista recordó que en ese lapso "YPFB hizo nuevas exploraciones en campos y zonas vírgenes, pero eso no siempre es alentador, por cuanto el riesgo es del 80 %. En este sentido, YPFB fracasó en cerca de 3.000 millones de dólares que se invirtieron para la exploración".
Entonces, "creo que más allá del ingreso económico que tuvimos, naturalmente nos hemos retrasado en potenciar a la empresa estatal petrolera, pero también en fiscalizar y exigir inversión a las transnacionales que hoy todavía tienen cerca de 60 contratos con el país", advirtió Pimentel.
Para el exministro, la nueva ley de hidrocarburos "no va a impulsar el potencial de la empresa estatal de petróleo. Entonces siempre estaremos dependientes de lo que hagan las transnacionales en un recurso natural que es nuestro".
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