Revés a expropiación de Colonia Dignidad es un retroceso en derechos humanos para Chile, según experto
03:40 GMT 04.04.2026 (actualizado: 05:30 GMT 04.04.2026)
© AP Photo / Esteban Felix
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Durante al menos una década, el Estado chileno ha adoptado una serie de políticas que sirvan para garantizar justicia a las víctimas del asentamiento alemán. Sin embargo, el Gobierno de José Antonio Kast ha borrado de un plumazo todos los avances, dijo a Sputnik un experto.
El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Chile, Iván Poduje, dio a conocer en una entrevista a medios locales que el Gobierno de José Antonio Kast revocará el decreto de julio de 2025 que ordenaba la expropiación de la antigua Colonia Dignidad, un enclave ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Parral (centro-sur) en donde sería levantado un memorial de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Fundada en 1961 por el enfermero nazi Paul Shäfer, la excolonia —hoy llamada Villa Baviera— fungió como centro de detención, tortura y desaparición de opositores políticos en colaboración con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta durante la época referida.
Sin embargo, desde sus inicios, el asentamiento también sirvió para el establecimiento de una secta alemana dirigida por Schäfer, en la que los integrantes y sus hijos fueron aislados, adoctrinados, explotados y abusados sexualmente, al igual que niños y niñas chilenas que acudían a las actividades, según da cuenta el archivo de historia oral chileno-alemán, proyecto de la Universidad Libre de Berlín que colecciona y edita con base en criterios científicos entrevistas sobre la colonia con testigos de la época.
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🖼 El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, revocará un decreto que ordenaba la expropiación de la antigua Colonia Dignidad (centro-sur), en donde sería… pic.twitter.com/gLE5CYrg4o
Lo que representa
"Es directamente un golpe bajo para las víctimas", señaló en charla con Sputnik Winfried Hempel, excolono y abogado que representa a decenas de víctimas de Colonia Dignidad. "No esperábamos otra cosa de un Gobierno (...) como el de José Antonio Kast y, sin embargo, es muy lamentable", añadió.
"El Estado de Chile no ha sido capaz de extirpar una secta alemana (...) y política religiosa, que está usurpando la soberanía nacional incluso durante tanto tiempo", sostuvo.
De acuerdo con el experto, lo anterior es lamentable desde varios puntos de vista, empezando porque, desde 1990, el Ejecutivo chileno canceló la personalidad jurídica que tenía la colonia desde su fundación, bajo la cual operó por más de 30 años.
Colonia Dignidad se fundó como una entidad benéfica bajo el nombre Sociedad Benefactora y Educacional 'Dignidad', de acuerdo con el archivo de historia oral chileno-alemán.
Además, en 2016, la justicia chilena determinó que la antigua colonia funcionó como una asociación ilícita. En ese sentido, Hempel ponderó que el país sudamericano ha trabajado durante décadas en la adopción de políticas de Estado que sirvan para garantizar justicia, siendo una de ellas la emprendida por la Administración anterior que, junto con el Estado alemán, decretó la expropiación del enclave.
"Procedimiento que, sin embargo, el presidente Kast ahora, de un plumazo, lo detuvo y no solamente lo detuvo, sino que lo está deshaciendo, lo poco que pudo avanzar ese procedimiento durante el último año del mandatario [Gabriel] Boric", lamentó Hempel.
"Y no solamente en cuanto al fondo, sino en la forma, mis representados se enteraron [del revés] por un video de TikTok donde el ministro de Vivienda y Urbanismo, quien está a cargo de la expropiación, anunciaba que iba a reversar desde la construcción de una ciclovía, hasta la expropiación de Colonia Dignidad, homologando a las víctimas [del enclave] a una situación de una ciclovía que atraviesa el centro de Santiago", continuó.
Por consiguiente, el defensor sostuvo que se trata de un procedimiento irrespetuoso "desde todo punto de vista", al tiempo que es un retroceso en derechos humanos de prácticamente una década, volviendo al punto en el que la secta fue declarada una asociación ilícita.
Un centro de la tortura y la represión
Adicionalmente, Hempel detalló que Colonia Dignidad pasó de ser un asentamiento de alemanes de origen evangélico del norte de Alemania, a una "mezcla muy extraña entre secta religiosa y política".
Dicho en otras palabras: se transformó de una secta religiosa al único asentamiento de particulares, no militares o aparatos estatales de la represión, en el que se practicaba "una especie de externalización u outsourcing de exterminio", dijo el abogado.
"Es insólito. Aquí ha existido un asentamiento de alemanes que se ha dedicado a mantener más o menos 500 presos políticos durante la dictadura y que han asesinado, al menos, 120 chilenos y ni hablar de las torturas en los zócalos y en las catacumbas y toda la colaboración que existía [con la dictadura]", subrayó.
Además, continuó el defensor, la colonia contaba con un servicio de inteligencia que operaba en el sur del país, en el valle central, junto con el Servicio de Inteligencia Militar (SIM).
De acuerdo con Hempel, dicho servicio poseía la mayor base de datos de la inteligencia local, con 46.000 registros de los personajes más relevantes de la historia del país sudamericano, "y no solamente de gente de izquierda, sino que espiaban y hacían lo que se llama contrainteligencia contra su propia gente".
¿Costo estratosférico?
Al anunciar la cancelación, Poduje alegó que la decisión se fundamenta en motivos presupuestales. Según él, al asumir el cargo, se encontró con "un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre", por lo que se decidió echar para atrás cuatro proyectos heredados por la Administración Boric.
"Solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos", declaró el ministro y agregó: "Este [plan] no tiene nada que ver con nuestra agenda".
En opinión de Kempel, sin embargo, los alegatos oficiales forman parte de "una treta muy bien elaborada", en primer lugar porque el área a expropiar se ubica en el sur del país, en "donde los terrenos valen bastante menos que en otras áreas urbanas o incluso rurales agrícolas".
Por otro lado, señaló que las autoridades estiman que las 66 hectáreas del proyecto tienen un valor aproximado de 47.000 millones de pesos chilenos, es decir, poco más de 51 millones de dólares. No obstante, sostuvo que se trata de una cifra "a todas luces exagerada".
"Es tan exagerada que es evidente lo que se hizo aquí, se hizo una valoración y se elevó a tal nivel para, en el fondo, venderlo a la opinión pública [y que se piense] que es mejor no hacer nada porque es demasiado costoso", observó.
11 de septiembre 2025, 17:43 GMT
Es "un tema político"
A la cancelación del proyecto en Colonia Dignidad se suma el desmantelamiento esta semana del Programa de Derechos Humanos, una entidad que persigue los crímenes de la dictadura y delitos de lesa humanidad, dijo Hempel.
Por ende, consideró que "es evidente que el Gobierno de Kast va a reversar todo lo avanzado y todo lo andado en materia de derechos humanos desde el fin de la dictadura".
"Es evidentemente un tema político donde se quiere nuevamente meter la historia bajo la alfombra", declaró el abogado.
Ante ese escenario, precisó que los abogados y defensores de derechos humanos de las víctimas y sus familiares están organizándose y, esta semana, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que Chile forma parte de diversos tratados internacionales en la materia, los cuales son vinculantes.
Además, la legislación del país relativa a las víctimas de la dictadura garantiza la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, así como la no repetición.
"Los decretos, a nivel presidencial, él los puede deshacer, efectivamente, pero las leyes se hacen y se deshacen en el Congreso. Las tiene que cumplir cuando están vigentes", destacó el experto.
"Nosotros vamos a impedir que estos tratados internacionales que tienen valor de ley vinculante en Chile, él los cumpla. Si no [lo hace], vamos a iniciar acciones legales en el sentido de que se [siga el marco legal], los tratados internacionales y la Constitución", añadió.
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