La violencia guerrillera en Colombia registró sus números más altos en más de dos décadas
La violencia guerrillera en Colombia registró sus números más altos en más de dos décadas
Sputnik Mundo
Según un reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - Colombia (CERAC), consignado por el diario 'El Tiempo', los ataques... 09.02.2026, Sputnik Mundo
De acuerdo al reporte, la actividad ofensiva de este grupo guerrillero mostró un incremento del 24% en comparación con el año anterior, situando los indicadores de conflicto en niveles que no se observaban desde el periodo comprendido entre 2002 y 2003, lo que representa un retroceso estadístico de dos décadas en materia de seguridad.El balance detalla que se cometieron 391 acciones ofensivas y se registraron 205 combates con la fuerza pública u otros grupos armados. Estas cifras reflejan una intensidad bélica superior a la de años previos, marcando una tendencia ascendente que ha logrado consolidarse a pesar de los intentos de diálogo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.En cuanto a las víctimas, el reporte contabiliza un total de 184 muertes relacionadas directamente con el accionar del ELN durante el periodo analizado. De los fallecidos, 76 eran miembros de la fuerza pública, 62 pertenecían a otros grupos armados ilegales y 46 eran civiles. Además, se registraron 153 personas heridas, lo que evidencia un aumento en la letalidad de los ataques y una mayor exposición de la población no combatiente.La práctica del secuestro y la extorsión también mostró cifras alarmantes, con 112 casos de privación de la libertad atribuidos directamente a esta organización. Estos delitos se han concentrado principalmente en departamentos como Arauca, Chocó y Norte de Santander, donde el grupo utiliza estas tácticas para el sostenimiento financiero de sus estructuras y para ejercer presión política y territorial sobre las comunidades locales.En tanto, el control territorial se ha manifestado con fuerza a través de la imposición de 14 paros armados durante el año pasado, los cuales afectaron la movilidad y el abastecimiento de más de 80.000 personas. El Chocó fue la región más golpeada por esta modalidad, sufriendo confinamientos prolongados que han derivado en crisis humanitarias debido a la imposibilidad de las comunidades de acceder a servicios básicos o actividades económicas de subsistencia.Por su parte, la infraestructura petrolera y energética fue blanco de 58 atentados, principalmente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Estos ataques no solo generaron pérdidas económicas millonarias, sino que provocaron daños ambientales significativos en ecosistemas críticos, advierte el informe. Esta estrategia de sabotaje económico ha sido una constante en el accionar del grupo, intensificándose durante los periodos de mayor tensión en las mesas de negociación.El análisis afirma además que el ELN ha logrado una expansión operativa en 176 municipios del país sudamericano, lo que representa un aumento en su cobertura geográfica respecto a la década anterior. Esta presencia se traduce en una fragmentación del control estatal en zonas rurales y fronterizas, donde la persistencia de las hostilidades plantea un escenario de alta complejidad para la estabilización del orden público en el corto plazo, concluyen.
Según un reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - Colombia (CERAC), consignado por el diario 'El Tiempo', los ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzaron su punto más crítico de los últimos 22 años durante el 2025.
De acuerdo al reporte, la actividad ofensiva de este grupo guerrillero mostró un incremento del 24% en comparación con el año anterior, situando los indicadores de conflicto en niveles que no se observaban desde el periodo comprendido entre 2002 y 2003, lo que representa un retroceso estadístico de dos décadas en materia de seguridad.
El balance detalla que se cometieron 391 acciones ofensivas y se registraron 205 combates con la fuerza pública u otros grupos armados. Estas cifras reflejan una intensidad bélica superior a la de años previos, marcando una tendencia ascendente que ha logrado consolidarse a pesar de los intentos de diálogo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En cuanto a las víctimas, el reporte contabiliza un total de 184 muertes relacionadas directamente con el accionar del ELN durante el periodo analizado. De los fallecidos, 76 eran miembros de la fuerza pública, 62 pertenecían a otros grupos armados ilegales y 46 eran civiles. Además, se registraron 153 personas heridas, lo que evidencia un aumento en la letalidad de los ataques y una mayor exposición de la población no combatiente.
La práctica del secuestro y la extorsión también mostró cifras alarmantes, con 112 casos de privación de la libertad atribuidos directamente a esta organización. Estos delitos se han concentrado principalmente en departamentos como Arauca, Chocó y Norte de Santander, donde el grupo utiliza estas tácticas para el sostenimiento financiero de sus estructuras y para ejercer presión política y territorial sobre las comunidades locales.
En tanto, el control territorial se ha manifestado con fuerza a través de la imposición de 14 paros armados durante el año pasado, los cuales afectaron la movilidad y el abastecimiento de más de 80.000 personas. El Chocó fue la región más golpeada por esta modalidad, sufriendo confinamientos prolongados que han derivado en crisis humanitarias debido a la imposibilidad de las comunidades de acceder a servicios básicos o actividades económicas de subsistencia.
Por su parte, la infraestructura petrolera y energética fue blanco de 58 atentados, principalmente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Estos ataques no solo generaron pérdidas económicas millonarias, sino que provocaron daños ambientales significativos en ecosistemas críticos, advierte el informe. Esta estrategia de sabotaje económico ha sido una constante en el accionar del grupo, intensificándose durante los periodos de mayor tensión en las mesas de negociación.
El análisis afirma además que el ELN ha logrado una expansión operativa en 176 municipios del país sudamericano, lo que representa un aumento en su cobertura geográfica respecto a la década anterior. Esta presencia se traduce en una fragmentación del control estatal en zonas rurales y fronterizas, donde la persistencia de las hostilidades plantea un escenario de alta complejidad para la estabilización del orden público en el corto plazo, concluyen.
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