Un año y medio después del "conflicto armado interno", la violencia vuelve a aumentar en Ecuador
Un año y medio después del "conflicto armado interno", la violencia vuelve a aumentar en Ecuador
Sputnik Mundo
Una serie de masacres en Guayaquil obligó al Gobierno de Daniel Noboa a extender el estado de excepción en varias zonas del país, ante el recrudecimiento de... 12.06.2025, Sputnik Mundo
Un año y medio después de que el presidente ecuatoriano declarara la existencia de un "conflicto armado interno" contra una veintena de organizaciones criminales, el país sudamericano vuelve a afrontar un recrudecimiento de la violencia en Guayaquil, su ciudad más poblada, que obliga a extender una vez más el "estado de excepción".En efecto, la jornada del 10 junio dejó un saldo de ocho personas asesinadas en dos tiroteos registrados en el norte de la ciudad. Según el medio Primicias, los tiroteos obedecen a un enfrentamiento entre dos grupos organizados, Los Tiguerones y los Igualitos, motivada a su vez por incautaciones hechas recientemente por la Policía ecuatoriana.Otras seis personas habían sido ultimadas en los dos días previos, también en episodios que la Policía atribuye a enfrentamientos entre bandas, aunque sin descartar que algunos de los asesinados fuera "daño colateral" y no estuviera involucrado en hechos delictivos.El mismo día, Noboa decidió extender por un mes más el "estado de excepción" en siete provincias del país, entre las que se encuentra Guayas, que incluye a la ciudad de Guayaquil. La medida, que también abarca a la capital del país, Quito, fue defendida por el Gobierno ante un aumento de los índices de violencia en las últimas semanas.Según la especialista, la crisis económica que atraviesa Ecuador y que se expresa en altos niveles de desempleo colabora en el incremento de la violencia, ya que muchos vecinos de barrios de las grandes ciudades ecuatorianas encuentran en los grupos criminales "algún beneficio" económico que, en este contexto "no les proporciona el Estado".Apuntó que "el crimen organizado tiene toda la ayuda del mundo" en un país "sumido en la pobreza" ante un Estado ecuatoriano que parece no dar abasto en el combate a los grupos de delincuencia organizada, conocidos en Ecuador como GDO.Minga consideró que la extensión del estado de excepción permite a la Policía y las Fuerzas Armadas operar en los barrios conflictivos con "cierto colchón" al evitar posibles trabas burocráticas. Sin embargo, advirtió que la postura de los cuerpos de seguridad ecuatorianos también generó una respuesta más violenta de las bandas criminales.Inteligencia contra nuevas formas del crimenEl alza de la violencia en Guayaquil coincidió con la aprobación en la Asamblea Nacional de Ecuador de un proyecto de una nueva Ley Orgánica de Inteligencia, enviada por el Gobierno de Noboa para darle un nuevo marco legal a las operaciones de inteligencia contra el crimen organizado.Entre otros puntos, la nueva norma habilita los "gastos especiales" para tareas de inteligencia bajo un régimen clasificado, aunque con un control reservado de la Contraloría General del Estado. En materia operativa, permite que el Registro Civil otorgue nuevas identidades a funcionarios de inteligencia y obliga a todas las empresas y personas a entregar la información solicitada por los organismos de inteligencia.Para Minga, se trata de una ley "buena" en tanto se utilice en el marco del respeto a las instituciones y los derechos humanos pero que encuentra su debilidad en la desconfianza que los ecuatorianos mantienen hacia el Gobierno y sus organismos.Es que, para la experta, la inteligencia y la contrainteligencia se vuelven fundamentales para evitar un "juego macabro" que se da actualmente en el que, luego de que las fuerzas de seguridad logran la captura de delincuentes relevantes, la Justicia termina por liberarlos. "Todo ese trabajo que se hace se borra en el sistema de Justicia, otra vez quedan libres y vuelven a operar", lamentó.Además, explicó, la inteligencia puede ser clave para detectar a muchas "empresas legales" que son creadas por los grupos criminales para lavar los activos del narcotráfico y que, en ocasiones, llegan a convertirse en proveedores del Estado ecuatoriano. Según Minga, algunos grupos criminales llegan a extorsionar a encargados de compras de entes públicos para contratar a estas compañías."No alcanza solo con acorralar a estos grupos organizados en las calles, sino que hay que ir por estos empresarios entre comillas", subrayó.
Una serie de masacres en Guayaquil obligó al Gobierno de Daniel Noboa a extender el estado de excepción en varias zonas del país, ante el recrudecimiento de enfrentamientos entre bandas. "Cuando le declaras la guerra a alguien, la otra parte se defiende", dijo a Sputnik la experta en seguridad Ana Minga.
Un año y medio después de que el presidente ecuatoriano declarara la existencia de un "conflicto armado interno" contra una veintena de organizaciones criminales, el país sudamericano vuelve a afrontar un recrudecimiento de la violencia en Guayaquil, su ciudad más poblada, que obliga a extender una vez más el "estado de excepción".
En efecto, la jornada del 10 junio dejó un saldo de ocho personas asesinadas en dos tiroteos registrados en el norte de la ciudad. Según el medioPrimicias, los tiroteos obedecen a un enfrentamiento entre dos grupos organizados, Los Tiguerones y los Igualitos, motivada a su vez por incautaciones hechas recientemente por la Policía ecuatoriana.
Otras seis personas habían sido ultimadas en los dos días previos, también en episodios que la Policía atribuye a enfrentamientos entre bandas, aunque sin descartar quealgunos de los asesinados fuera "daño colateral" y no estuviera involucrado en hechos delictivos.
El mismo día, Noboa decidió extender por un mes más el "estado de excepción" en siete provincias del país, entre las que se encuentra Guayas, que incluye a la ciudad de Guayaquil. La medida, que también abarca a la capital del país, Quito, fue defendida por el Gobierno ante un aumento de los índices de violencia en las últimas semanas.
"Claro que se está recrudeciendo la violencia porque hay un círculo de violencia. Ahora entran a barrios y dan bala a todos, matan al que está vinculado a las bandas, pero también al que no", explicó a Sputnik la experta ecuatoriana en materia de seguridad Ana Minga.
Según la especialista, la crisis económica que atraviesa Ecuador y que se expresa en altos niveles de desempleo colabora en el incremento de la violencia, ya que muchos vecinos de barrios de las grandes ciudades ecuatorianas encuentran en los grupos criminales "algún beneficio" económico que, en este contexto "no les proporciona el Estado".
Apuntó que "el crimen organizado tiene toda la ayuda del mundo" en un país "sumido en la pobreza" ante un Estado ecuatoriano que parece no dar abasto en el combate a los grupos de delincuencia organizada, conocidos en Ecuador como GDO.
Minga consideró que la extensión del estado de excepción permite a la Policía y las Fuerzas Armadas operar en los barrios conflictivos con "cierto colchón" al evitar posibles trabas burocráticas. Sin embargo, advirtió que la postura de los cuerpos de seguridad ecuatorianos también generó una respuesta más violenta de las bandas criminales.
"Creo que no se vio venir que en el momento en que declaras la guerra a quien sea, la otra parte va a defenderse. Eso es lo que está haciendo el crimen organizado", sentenció.
Inteligencia contra nuevas formas del crimen
El alza de la violencia en Guayaquil coincidió con la aprobación en la Asamblea Nacional de Ecuador de un proyecto de una nueva Ley Orgánica de Inteligencia, enviada por el Gobierno de Noboa para darle un nuevo marco legal a las operaciones de inteligencia contra el crimen organizado.
Entre otros puntos, la nueva norma habilita los "gastos especiales" para tareas de inteligencia bajo un régimen clasificado, aunque con un control reservado de la Contraloría General del Estado. En materia operativa, permite que el Registro Civil otorgue nuevas identidades a funcionarios de inteligencia y obliga a todas las empresas y personas a entregar la información solicitada por los organismos de inteligencia.
Para Minga, se trata de una ley "buena" en tanto se utilice en el marco del respeto a las instituciones y los derechos humanos pero que encuentra su debilidad en la desconfianza que los ecuatorianos mantienen hacia el Gobierno y sus organismos.
"En Ecuador ya estamos cansados de la corrupción en todas las áreas. No hay confianza de la gente, por lo que esta nueva institucionalidad tendrá que mostrar resultados para ganarse la confianza de los ciudadanos. De lo contrario, será plata gastada", afirmó, remarcando que tanto la población como la oposición "pasarán factura" al Gobierno si el nuevo esquema no se traduce en más eficiencia contra las organizaciones.
Es que, para la experta, la inteligencia y la contrainteligencia se vuelven fundamentales para evitar un "juego macabro" que se da actualmente en el que, luego de que las fuerzas de seguridad logran la captura de delincuentes relevantes, la Justicia termina por liberarlos. "Todo ese trabajo que se hace se borra en el sistema de Justicia, otra vez quedan libres y vuelven a operar", lamentó.
Además, explicó, la inteligencia puede ser clave para detectar a muchas "empresas legales" que son creadas por los grupos criminales para lavar los activos del narcotráfico y que, en ocasiones, llegan a convertirse en proveedores del Estado ecuatoriano. Según Minga, algunos grupos criminales llegan a extorsionar a encargados de compras de entes públicos para contratar a estas compañías.
"No alcanza solo con acorralar a estos grupos organizados en las calles, sino que hay que ir por estos empresarios entre comillas", subrayó.
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