Petro acusa ataques contra su Gobierno desde varios flancos: "Un relato de desesperanza"
© Foto : Presidencia de la República de Colombia
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El presidente colombiano Gustavo Petro alertó sobre los obstáculos desde la oposición para impedir la consulta popular con la que busca impulsar sus reformas sociales. "Quieren un golpe de Estado (…) Es lo mismo que hicieron con [Salvador] Allende", declaró recientemente el mandatario.
Las palabras del jefe de Estado se produjeron luego que se encontraran más de 113.000 dosis de insulina guardadas en un almacén de Audifarma, una de las más grandes empresas de servicios farmacéuticos de Colombia, hecho que fue catalogado por el mandatario colombiano como un sabotaje al suministro de medicamentos con el fin de provocar malestar social y desestabilizar su Gobierno.
Estas son las 113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma y descubiertas por mi gobierno
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 22, 2025
Se a lo que me arriesgo cuando me acerco a gente muy favorecida en alguna justicia np independiente cuando hay gente con dinero
Pero debo decir la verdad: son unos cochinos asesinos pic.twitter.com/PHQacQw1aj
"Cuando usted quita y guarda el medicamento de la insulina, que a diario tiene que suministrarse un enfermo diabético, lo está matando. (…) Y quien hace eso es un asesino", recalcó Petro durante el cuarto Consejo de Ministros el pasado 25 de marzo.
En diálogo con Sputnik, Jorge Gómez, responsable nacional de Organización del Partido Comunista Colombiano e integrante del Comité Ejecutivo Central, coincide con la denuncia del mandatario y advierte que en el país sudamericano está en marcha un "golpe blando", similar en sus métodos al que sufrió Chile en 1973, aunque adaptado a las nuevas circunstancias internacionales y locales.
Repetir la receta
"Ante la resistencia generada en Europa e incluso en sectores importantes de la población norteamericana frente a los golpes militares sanguinarios y violentos, característicos en un momento histórico del accionar de las oligarquías latinoamericanas en coordinación con voceros del imperialismo norteamericano, ahora se han reemplazado por lo que conocemos como 'golpes blandos'", señala Gómez.
De acuerdo con Gómez, este nuevo tipo de intervención antidemocrática opera sobre cuatro ejes principales en Colombia. Primero, denuncia una "feroz ofensiva mediática jamás vista en el país", que emplea un discurso constante de "odio, miedo y desesperanza", dirigido específicamente contra el presidente Petro, su familia, el Gobierno, y las fuerzas políticas que lo respaldan, según el analista.
"La ofensiva mediática está basada en mentiras y en un relato permanente de incapacidad para gobernar, de desesperanza y de que nada cambia", explica Gómez.
También señala que esta campaña incluye una deslegitimación de las reformas sociales, particularmente visible en las reformas pensional, laboral, educativa y sanitaria impulsadas por Petro.
En segundo lugar, Gómez identifica una ofensiva judicial coordinada, destinada a impedir o retrasar los cambios promovidos desde el Ejecutivo. "Es una estrategia en la que participan altas cortes y organismos como el Consejo Nacional Electoral, intentando bloquear jurídicamente las reformas que no logran detener desde el Congreso", asegura Gómez, subrayando como ejemplo que la reforma pensional acumula cerca de "200 demandas", poniendo en serio riesgo su implementación.
El tercer eje del "golpe blando", de acuerdo con Gómez, consiste en la obstrucción legislativa desde el Congreso colombiano. Según Gómez, el Legislativo "ha impedido sistemáticamente el desarrollo de las reformas, oponiéndose a cualquier proyecto que pueda beneficiar los intereses sociales y económicos del pueblo colombiano". Citó como caso emblemático la reforma laboral, paralizada recientemente cuando un grupo minoritario de ocho senadores impidió la discusión democrática, silenciando al resto del Congreso y al debate público sobre la modernización de las relaciones laborales en el país.
El cuarto componente del "golpe blando", según Gómez, sería la desactivación del movimiento popular mediante la creación de organizaciones paralelas que buscan dividir y debilitar las movilizaciones populares.
La oposición a la consulta popular
Este panorama de crisis institucional tiene rostros visibles. Gómez identifica claramente a los actores que impulsan el intento de desestabilización, señalando a una "ultraderecha que defiende los intereses de los terratenientes, especialmente aquellos surgidos del narcotráfico y el paramilitarismo, así como los intereses financieros y transnacionales".
"Álvaro Uribe Vélez sigue siendo pieza clave en ese engranaje, junto a dirigentes nuevos y jóvenes del Congreso y los medios de comunicación que aspiran a una candidatura presidencial", destaca Gómez.
Además, señala a partidos como Cambio Radical, grupos gremiales ganaderos y agrícolas de gran poder económico, y exgenerales organizados que, según Gómez, manifiestan "un espíritu conspirativo".
Sobre la consulta popular y las reformas sociales del Gobierno de Petro, Gómez enfatiza que éstas son víctimas directas del "golpe blando", y recuerda cómo desde el principio del Gobierno, la estrategia de unidad nacional se vio obstaculizada por la "mezquindad de la oligarquía colombiana", lo que llevó a un bloqueo sistemático de reformas esenciales en salud, educación y trabajo.
"El Congreso, como parte del golpe blando, ha impedido sistemáticamente el desarrollo de estas reformas y se ha opuesto a cualquier proyecto de ley que beneficie los intereses sociales y económicos del pueblo colombiano", recalca Gómez. Como ejemplo, menciona la reforma laboral, bloqueada recientemente cuando "ocho parlamentarios silenciaron a los otros cien integrantes del Senado", impidiendo el debate público sobre la modernización de las relaciones laborales.
Movilización popular, "vía principal para presionar"
En este contexto de bloqueo institucional, Gómez defiende la consulta popular convocada por Petro como "la única opción que queda para que las reformas sociales avancen". Explica que se trata de un mecanismo constitucional que permite al pueblo colombiano pronunciarse directamente sobre estas reformas vitales, en medio de una feroz campaña de "estigmatización, persecución y violencia política".
Ante la gravedad de la situación, la respuesta desde los sectores progresistas y populares no se ha hecho esperar. Gómez resalta que el oficialismo y los movimientos sociales han apostado por "la movilización popular como vía principal para presionar a quienes se aferran al statu quo".
"La organización y movilización han experimentado en este último periodo un refuerzo histórico en Colombia", afirma Gómez, destacando además que la unidad política alternativa, expresada en el Pacto Histórico, está generando una importante "agitación social y política".
Este momento crítico en la democracia colombiana es, según Gómez, una oportunidad para defender las reformas y consolidar un proyecto político verdaderamente transformador, frente a fuerzas internas y externas que intentan mantener intactos los privilegios y el poder económico, concluye.
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