El 'parole' humanitario de Biden mostró que "dejó de lado los intereses de los estadounidenses"
El 'parole' humanitario de Biden mostró que "dejó de lado los intereses de los estadounidenses"
Sputnik Mundo
El diario 'Washington Times' analizó los hallazgos del programa de parole humanitario, puesto en marcha por el saliente Gobierno demócrata en octubre del 2022... 21.11.2024, Sputnik Mundo
Los detalles y fallas de la iniciativa, que tenía como intención permitir el ingreso de migrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, fueron dados a conocer este 20 de noviembre por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU.El programa, establecido por el Departamento de Seguridad Nacional, concedió el ingreso a EEUU de alrededor de 530.000 ciudadanos de esos cuatro países latinoamericanos en los últimos dos años. En el momento de su lanzamiento, el Gobierno de Biden explicó que ayudaría a monitorear a personas que estimaban entrarían de manera ilegal de todas formas al país, pero aclarando que no formaba parte de un camino a la ciudadanía legal ni a la residencia más allá de esos 24 meses y que este permiso no incluía ningún beneficio.Sin embargo, de acuerdo al informe dado a conocer por el comité legislativo, varias de las condiciones que la Administración demócrata había impuesto a los migrantes y sus patrocinantes en EEUU para aplicar al programa no fueron cumplidas, y el propio Departamento de Seguridad Nacional no contaba con las herramientas para llevar adelante una correcta supervisión del programa.Entre las muchas irregularidades delineadas por la junta legislativa, el documento destaca que la petición de 336 residentes de EEUU de patrocinar el ingreso de migrantes fue aprobada, pese a que los primeros recibían beneficios sociales en la forma de transferencias económicas. Esto pese a que las directrices del programa dejaban en claro que los patrocinadores no podían recibir dinero del Gobierno y tenían que demostrar que eran solventes por sí solos.El informe también señala que el Gobierno aprobó 21 solicitudes de patrocinio pese a que estas personas admitieron que tenían ingresos por actividades informales, algo que también estaba prohibido, según los lineamientos del programa. El Departamento de Seguridad Nacional, respondiendo a esta queja de la comisión, dijo que esto estaba permitido siempre y cuanto los ingresos "ilegales" del patrocinante fueran menores a los "legales".Además, el Comité admitió que el Departamento de Seguridad Nacional no pudo decirles cuántos patrocinadores extranjeros contaban con antecedentes penales en sus países de origen, ya que no estaban autorizados a realizar verificación de datos personales ni acceder a la base de datos del FBI.En ese sentido, el comité precisa que, gracias a su propia investigación, los legisladores encontraron que numerosos criminales, pandilleros y hasta individuos utilizando los datos de personas muertas fueron aceptadas como patrocinadores de los migrantes.Todos estos dramáticos hallazgos llevaron al Washington Times a concluir que el programa, que había sido presentado con gran pompa por el Gobierno de Biden y culminó tras sufrir duras críticas del propio presidente electo Donald Trump, que hizo campaña prometiendo una deportación masiva de migrantes ilegales: "Tuvo fallas desde su concepción, al permitir que personas de alto riesgo actuaran como patrocinadoras".
El diario 'Washington Times' analizó los hallazgos del programa de parole humanitario, puesto en marcha por el saliente Gobierno demócrata en octubre del 2022 y que, tras numerosas críticas, concluyó dos años después.
Los detalles y fallas de la iniciativa, que tenía como intención permitir el ingreso de migrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, fueron dados a conocer este 20 de noviembre por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU.
"Este trabajo de supervisión ha dejado en evidencia cómo la Administración Biden-Harris dejó de lados los intereses de los estadounidenses y permitió el fraude, socavando la seguridad nacional", denunció el comité en el informe provisional.
El programa, establecido por el Departamento de Seguridad Nacional, concedió el ingreso a EEUU de alrededor de 530.000 ciudadanos de esos cuatro países latinoamericanos en los últimos dos años.
En el momento de su lanzamiento, el Gobierno de Biden explicó que ayudaría a monitorear a personas que estimaban entrarían de manera ilegal de todas formas al país, pero aclarando que no formaba parte de un camino a la ciudadanía legal ni a la residencia más allá de esos 24 meses y que este permiso no incluía ningún beneficio.
Sin embargo, de acuerdo al informe dado a conocer por el comité legislativo, varias de las condiciones que la Administración demócrata había impuesto a los migrantes y sus patrocinantes en EEUU para aplicar al programa no fueron cumplidas, y el propio Departamento de Seguridad Nacional no contaba con las herramientas para llevar adelante una correcta supervisión del programa.
Entre las muchas irregularidades delineadas por la junta legislativa, el documento destaca que la petición de 336 residentes de EEUU de patrocinar el ingreso de migrantes fue aprobada, pese a que los primeros recibían beneficios sociales en la forma de transferencias económicas.
Esto pese a que las directrices del programa dejaban en claro que los patrocinadores no podían recibir dinero del Gobierno y tenían que demostrar que eran solventes por sí solos.
El informe también señala que el Gobierno aprobó 21 solicitudes de patrocinio pese a que estas personas admitieron que tenían ingresos por actividades informales, algo que también estaba prohibido, según los lineamientos del programa. El Departamento de Seguridad Nacional, respondiendo a esta queja de la comisión, dijo que esto estaba permitido siempre y cuanto los ingresos "ilegales" del patrocinante fueran menores a los "legales".
Además, el Comité admitió que el Departamento de Seguridad Nacional no pudo decirles cuántos patrocinadores extranjeros contaban con antecedentes penales en sus países de origen, ya que no estaban autorizados a realizar verificación de datos personales ni acceder a la base de datos del FBI.
En ese sentido, el comité precisa que, gracias a su propia investigación, los legisladores encontraron que numerosos criminales, pandilleros y hasta individuos utilizando los datos de personas muertas fueron aceptadas como patrocinadores de los migrantes.
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