El Grupo de Puebla dice que detrás del "lawfare" contra Fernández está la "derecha radical"
El Grupo de Puebla dice que detrás del "lawfare" contra Fernández está la "derecha radical"
Sputnik Mundo
El Grupo de Puebla expresó este 13 de noviembre 'su profunda preocupación y rechazo' a lo que consideró como una persecución judicial política y mediática... 13.11.2024, Sputnik Mundo
En un pronunciamiento, el grupo conformado por líderes progresistas de América Latina afirmó que el proceso penal contra la exmandataria se suma a la persecución contra el expresidente Alberto Fernández por la llamada "causa de los seguros", en lo que puede considerarse "un nuevo capítulo de lawfare contra el progresismo argentino".El máximo tribunal penal de Argentina ratificó un fallo en primera instancia contra Fernández de Kirchner, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).De acuerdo con el Grupo de Puebla, la conducta "prevaricadora" del juez Julián Ercolini, cercano al expresidente Mauricio Macri, buscó preparar el escenario para proferir una anunciada sentencia condenatoria contra la expresidenta, cuyo contenido ya es conocido por todos.Según el Grupo de Puebla, detrás de la condena a la expresidenta están "sectores y actores neofascistas (…) que forman parte de la mafiosa y nueva derecha radical latinoamericana en complicidad con reconocidos políticos extremistas europeos"."Pueden estar seguros de que no prosperará su peligroso intento de politizar la justicia latinoamericana para subordinarla a sus poderosos intereses económicos y mediáticos", señaló la organización en el pronunciamiento, firmado también por Irene Montero, exministra de igualdad y diputada del Parlamento Europeo; Cecilia Nicolini, parlamentaria del Mercosur, y Baltasar Garzón, jurista de España.
El Grupo de Puebla expresó este 13 de noviembre 'su profunda preocupación y rechazo' a lo que consideró como una persecución judicial política y mediática contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
En un pronunciamiento, el grupo conformado por líderes progresistas de América Latina afirmó que el proceso penal contra la exmandataria se suma a la persecución contra el expresidente Alberto Fernández por la llamada "causa de los seguros", en lo que puede considerarse "un nuevo capítulo de lawfare contra el progresismo argentino".
El máximo tribunal penal de Argentina ratificó un fallo en primera instancia contra Fernández de Kirchner, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).
De acuerdo con el Grupo de Puebla, la conducta "prevaricadora" del juez Julián Ercolini, cercano al expresidente Mauricio Macri, buscó preparar el escenario para proferir una anunciada sentencia condenatoria contra la expresidenta, cuyo contenido ya es conocido por todos.
"Se trata de un nuevo capítulo de un vergonzoso proceso de guerra jurídica con fines políticos (lawfare), repleto de irregularidades procesales, fiscales y jueces parcializados, filtraciones mediáticas, ataques reputacionales contra ella y su familia y todo en medio de un desierto de garantías legales y constitucionales que llegó hasta el atentado contra su vida el 1° de septiembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires", afirmó la organización en un pronunciamiento firmado por Ernesto Samper, expresidente de Colombia; Rafael Correa, mandatario ecuatoriano, y Andrés Arauz, exministro y excandidato presidencial de Ecuador, entre otras personalidades.
Según el Grupo de Puebla, detrás de la condena a la expresidenta están "sectores y actores neofascistas (…) que forman parte de la mafiosa y nueva derecha radical latinoamericana en complicidad con reconocidos políticos extremistas europeos".
"Pueden estar seguros de que no prosperará su peligroso intento de politizar la justicia latinoamericana para subordinarla a sus poderosos intereses económicos y mediáticos", señaló la organización en el pronunciamiento, firmado también por Irene Montero, exministra de igualdad y diputada del Parlamento Europeo; Cecilia Nicolini, parlamentaria del Mercosur, y Baltasar Garzón, jurista de España.
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