Occidente usaría demandas internacionales como "herramienta de saqueo" en contra de América Latina
CC0 / Pexels/ Vlad Chețan /
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América Latina es la segunda región del mundo más demandada en centros internacionales de solución de controversias amparados por tratados de inversión o de libre comercio. A decir de especialistas consultados por Sputnik, estos instrumentos han sido usados por inversionistas de Estados Unidos, Canadá y Europa como una "herramienta de saqueo".
Los países latinoamericanos han enfrentado 380 demandas de inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos desde mediados de la década de 1990 hasta diciembre de 2023. Esto representa el 28% de todas las demandas de inversionistas contra Estados en centros de solución de controversias amparados por los tratados en todo el mundo.
De hecho, 2023 fue el año en el que se registró la mayor cantidad de demandas de inversionistas contra Estados de la región latinoamericana (Investor–States Dispute Settlement, ISDS en inglés), con 28 demandas, la mayoría contra México, de acuerdo con el informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe, realizado por el centro de estudios Trasnational Institute (TNI) y publicado este mes de octubre,
Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente, estas naciones acumulan 244 demandas, lo que representa casi dos tercios del total de demandas contra países de América Latina y el Caribe.
Hasta ahora, según el informe, los Gobiernos de la región han sido condenados a pagar a inversionistas extranjeros 36.629 millones de dólares, una cifra que, de acuerdo con el TNI, representa un tercio más del monto que las catástrofes climáticas han costado a la región entre 1970 y 2021. Además, esa cifra es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron todos los países centroamericanos, los 15 países del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador juntos, en 2022.
¿Un nuevo tipo de dominación?
"De lo que hablamos es de un colonialismo corporativo", aseguró a Sputnik Bettina Müller, investigadora del Trasnational Institute (TNI) y una de las autoras del reporte junto con Luciana Ghiotto.
"A través de esas corporaciones, los países del Norte [global], los países industrializados, influyen en las políticas públicas de los Estados [más pobres o en vías de desarrollo]. Además, también aportan a la deuda de los Estados a través de esas demandas que pueden terminar en laudos multimillonarios que luego [los más desprotegidos] tienen que pagar", observa Müller.
Según ella, los mecanismos de solución de controversias refuerzan el poder que ya tienen potencias como Estados Unidos o las naciones europeas, que se hacen valer de su dominación económica para que el Norte global siga ejerciendo influencia sobre el Sur.
"[Este tipo de demandas] tienen un efecto específico hasta en las políticas y regulaciones públicas", sostiene la experta, quien tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París y la Universidad Libre de Berlín.
El reporte del TNI recuerda, por ejemplo, el caso de la farmacéutica Novartis contra Colombia en 2016, cuando la empresa amenazó al Estado colombiano con iniciar un litigio internacional por la intención del país sudamericano de declarar el medicamento Glivec —que se usa para tratar el cáncer sanguíneo— como medicamento de interés público, con el fin de que la competencia redujera el precio del fármaco a través de productos genéricos. Aquella ocasión, el Gobierno de Colombia acabó cediendo ante las presiones de la trasnacional y echó para atrás la medida.
Müller explica que muchas de estas amenazas como la de Novartis no siempre se hacen públicas, y dice que es difícil conocer cuántas políticas públicas fueron desechadas por los Gobiernos latinoamericanos con tal de no llegar a un litigio en un tribunal internacional de solución de controversias.
24 de octubre, 22:51 GMT
¿Demandas con ventaja e iniquidad?
De acuerdo con el informe, el 86% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos, principalmente de España, los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia.
"Estos tratados son realmente una herramienta de saqueo", considera en entrevista con Sputnik César Soto Morales, maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y es que la gran mayoría de los tratados de libre comercio o bilaterales de inversión fueron firmados por los países latinoamericanos en la década de 1990, cuando imperaban gobiernos afines a políticas neoliberales, como el de Carlos Menem, en Argentina, o el de Carlos Salinas de Gortari, en México, observa Soto.
"Los países [poderosos] siguen teniendo sus esferas de influencia y los tratados siguen vigentes; por ello, utilizan esos tratados para seguir teniendo las ventajas que les dan las demandas internacionales que, además, se dan en el marco del CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones] que, como sabemos, es un organismo de arbitraje que depende del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y que siempre ha estado dominado por las potencias más fuertes del mundo capitalista", señala el especialista.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha recibido 77% del total de las demandas conocidas contra Estados de Latinoamérica, según el informe del TNI.
Conforme al documento, los inversionistas han salido beneficiados en el 60% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo entre las partes.
"No hay imparcialidad", dice Soto. "Son afines a los intereses de las empresas transnacionales. Definitivamente la imparcialidad en esos paneles internacionales no es algo de lo que puedan presumir", añade.
"Todo este sistema de arbitraje internacional está diseñado para favorecer a las empresas internacionales porque, además, los únicos que pueden acudir a estos a estos centros son las mismas empresas transnacionales; los Estados no pueden ir a quejarse en contra de ellas", afirma el experto.
Conflicto de interés y parcialidad
De acuerdo con el reporte del TNI, en el arbitraje de inversiones, los Estados han sido los grandes perdedores. De las 380 demandas conocidas contra países de América Latina y el Caribe, en 239 ocasiones existió una resolución del caso, ya sea por laudos del tribunal o por acuerdo entre partes. De las 239 demandas resueltas, el inversionista salió beneficiado en casi el 60% de los casos.
Sin embargo, según destaca el informe, en el sistema de arbitraje internacional los Estados "siempre pierden", ya que las demandas les cuestan millones de dólares en gastos de defensa y de proceso.
Incluso en casos donde los tribunales de arbitraje fallan a favor de un Gobierno, es común que el Estado desembolse millones de dólares en la contratación de firmas de abogados que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por cada hora de asesoramiento.
El Trasnational Institute (TNI) destaca el caso de Ecuador, que solo hasta 2013, llevaba gastados 155 millones de dólares en su defensa y gastos del arbitraje.
"Los árbitros también tienen interés"
La investigadora Bettina Müller asegura que muchos de los jueces que integran los paneles de solución de controversias son abogados que integran bufetes que, en ocasiones, también defienden a los propios inversionistas o a los Estados en otros arbitrajes. "Es como una puerta giratoria muy bien aceitada que funciona bastante bien", dice.
La especialista explica que estos bufetes existen solo porque hay este tipo de demandas, las cuales solo pueden ser interpuestas por os inversionistas privados.
"Si no fuera por los inversionistas, no existirían [los bufetes], no existiría el negocio ni de los tribunales ni los bufetes y hoy en día hay bufetes de abogados que se han especializado en estos temas y ganan muchísimo dinero", afirma Müller.
"Los árbitros también tienen interés en o son pro inversores (…) Hay un conflicto de intereses. No van a cortar la mano del cliente que les da de comer", critica la especialista.
Venezuela, contra las cuerdas
Según al reporte, Argentina y Venezuela son los dos países de la región con mayor número de casos perdidos en tribunales internacionales. En el caso de Argentina, solo seis de las 30 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 se decidieron a favor del inversor. De hecho, si se suman a estos 23 los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, se concluye que el 85% de las demandas contra Argentina tuvo un resultado favorable para el inversionista privado.
En el caso de Venezuela, solo 15 de las 35 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 20 casos se decidieron a favor del inversor. Si se suman a estos 20 los seis casos en los cuales se llegó a un acuerdo, se concluye que el 63% de las demandas concluidas contra Caracas tuvo un resultado favorable para el inversionista privado.
Venezuela es también el país condenado a pagar el monto más alto en el caso de la demanda de Conoco Phillips en el CIADI en 2019, cuando el tribunal ordenó a la nación sudamericana a pagar 8.366 millones de dólares, en un litigio en el que el Estado venezolano pidió la anulación del fallo y que aun está pendiente por resolverse.
El fantasma de la fuga de inversiones
Según Müller, la manera en que los Estados pueden recuperar su margen de maniobra en defensa de su soberanía es, definitivamente, salirse de los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión, aunque esto depende del equilibrio de fuerzas al interior de cada país.
La internacionalista señala que la experiencia demuestra que la salida de estos tratados no implica necesariamente un desplome en la inversión extranjera directa o un daño a la economía. Por el contrario, en casos como el de Ecuador, que hizo extensas auditorías a los tratados, se demuestra que es mayor el costo que pagan los Estados al verse demandados ante tribunales internacionales que los beneficios que supuestamente traerían los acuerdos.
"De hecho, lo que necesitan los inversores es una buena infraestructura, personal educado, capacitado; todo eso es mucho más importante", afirma Müller, quien recomienda, en todo caso, usar los fondos que se destinan a pagar los laudos y a los bufetes en infraestructura o en educación.
"Si no tienes ese tipo de tratados, pero sí tienes un buen sistema educativo, personal capacitado, una buena infraestructura, es más probable que vayan los inversores a tu país, si el ambiente es propicio", asegura Müller, quien pone el ejemplo de Brasil, que no tiene tratados bilaterales de inversión y ha excluido las cláusulas de solución de controversias en sus tratados de libre comercio y es un "imán" de inversión extranjera directa en la región.
"Hay otras formas y otras experiencias de cómo construir a nivel internacional un comercio justo y sustentable que no estamos mirando", dice Müller. "Estamos tan cooptados por ese colonialismo corporativo y también por esa ideología del libre comercio que viene de la mano de esa idea de que las inversiones hay que protegerlas porque si no, no llegan, que es algo que hay que romper".
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