La gran deuda de AMLO: ¿Dónde están los 43 normalistas desaparecidos?

La noche que marcó a México

Con el objetivo de tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre —fecha de la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco— estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, partieron la tarde del 26 de septiembre a Iguala, a donde arribaron ya entrada la tarde.

Ya en la terminal de autobuses de dicho municipio, los estudiantes pudieron retener cinco unidades, una práctica común que permitía a los estudiantes realizar varias actividades. Aunque no era la primera vez que los chicos tomaban los camiones de pasajeros, la respuesta de las autoridades aquella noche fue atípica y desproporcionada: elementos de la Policía municipal de Iguala buscaron impedir la salida de los autobuses del municipio abriendo fuego contra los jóvenes.

Los ataques, que de acuerdo con lo asentado en el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comenzaron alrededor de las 21:50 horas del 26 de septiembre y se extendieron durante el resto de la noche y la madrugada del 27. Durante esta persecución, en la cual participaron policías de Iguala, Cocula y civiles armados, algunos estudiantes fueron asesinados, torturados, lesionados, perseguidos y, 43 de ellos, desaparecidos.

43 jóvenes estudiantes siguen desaparecidos.

Seis personas, entre ellas tres normalistas, fueron ejecutadas.

El cuerpo torturado del estudiante Julio César Mondragón fue hallado en un paraje al día siguiente del ataque.

Al menos 40 personas resultaron lesionadas.

Más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas de la llamada noche de Iguala.

Desde aquella noche, la búsqueda de los jóvenes por parte de sus madres y padres ha sido imparable.

La "verdad histórica" y sus protagonistas

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (FGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Actualmente, el exfuncionario está prófugo en Israel.

Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR). Actualmente, se encuentra en prisión domiciliaria acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por el caso Ayоtzinapa.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México (2012-2018).

El uso desproporcionado de la fuerza policial en contra de los normalistas, el ataque por error a un autobús del equipo de futbol Los Avispones —en el cual murieron un menor y el chofer de la unidad—, así como la viralización de una fotografía del cuerpo torturado del normalista Julio César Mondragón generaron una fuerte reacción por parte de la sociedad civil, que a la par de la exigencia inmediata de los padres para saber el paradero de sus hijos, puso presión en el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto.

Si bien las condenas nacionales e internacionales por parte de activistas y colectivos defensores de los Derechos Humanos llegaron horas después de lo ocurrido, fue hasta el 3 de octubre cuando la Secretaría de Gobernación, en ese entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a coadyuvar con la búsqueda de los chicos y así, el 6 de octubre se nombró al procurador, Jesús Murillo Karam como el encargado de la investigación del caso.

Con una fuerte demanda colectiva de justicia, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el titular de Gobernación aceptó que la desaparición de los 43 normalistas es el problema más grave del sexenio que regresó al PRI al poder y las autoridades federales aceleran la investigación.

La primera línea de investigación: los Abarca

Police officers stand at a police line outside the Colegio Americano del Noreste after a student opened fire at the American school in Monterrey, Mexico - Sputnik Mundo

29 de septiembre de 2014: 22 policías municipales de Iguala son detenidos. Autoridades de seguridad locales culpan al grupo del crimen organizado Guerreros Unidos de los crímenes.

El exalcalde de Iguala José Luis Abarca - Sputnik Mundo

30 de septiembre de 2014: El perredista José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, pide licencia al cargo. Según las primeras versiones, la Policía Municipal actúo bajo sus órdenes para evitar que tras la toma de los camiones los jóvenes interrumpieran un evento encabezado por su esposa, María de los Ángeles Pineda, una de las líderes de Guerreros Unidos, según información oficial.

1 de octubre del 2014: José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda se dan a la fuga.

5 de octubre de 2014: Presuntos miembros de Guerreros Unidos admiten ante la Policía Federal su participación en la noche de Iguala. Según sus declaraciones, recibieron a 17 estudiantes de manos de las fuerzas policiales de Iguala y Cocula, luego los ejecutaron e incineraron todos los cuerpos.

Ese mismo día, el PRD expulsa a Abarca del partido.

Jesus Murillo Karam, exprocurador general de México - Sputnik Mundo

22 de octubre de 2014: Murillo Karam señala como responsables de los hechos a integrantes de Guerreros Unidos, a José Luis Abarca, a María de los Ángeles Pineda y al exdirector de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.

José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, pide licencia al cargo. Según las primeras versiones, la Policía Municipal actúo bajo sus órdenes para evitar que tras la toma de los camiones los jóvenes interrumpieran un evento encabezado por su esposa, María de los Ángeles Pineda, - Sputnik Mundo

4 de noviembre de 2014: Abarca y María de los Ángeles Pineda son detenidos en la CDMX.

Hasta este septiembre de 2024, ambos siguen presos.

Ante la falta de pruebas científicas que confirmaran lo dicho por el Gobierno, los padres y madres de los normalistas rechazaron la versión que, acusaron, solo buscaba dar carpetazo al caso sin llegar a la verdad y a la justicia.

Debido a la poca confianza de las víctimas hacia el Gobierno, la CIDH anunció a finales de enero la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desde a entrega de su primer informe, en septiembre de 2015, acusó inconsistencias en la investigación y concluye que los jóvenes no pudieron ser incinerados, pues era científicamente imposible.

Además, en abril de 2016, el GIEI exhibió un video que sería la prueba que hoy mantiene a Tomás Zerón como un prófugo de la justicia mexicana. En él se observa el irregular actuar de la AIC en el presunto hallazgo de las bolsas con cenizas en el río San Juan. El grupa acusa que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, que han manipulado evidencia y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental. Ese mismo mes, el Gobierno decidió no prorrogar la presencia del grupo de investigadores en el país.

En agosto de 2016, los familiares de los normalistas rompieron el diálogo con las autoridades y un mes después, en septiembre, Tomás Zerón renunció a su cargo como titular de la AIC. Hoy, el exfuncionario —quien reside en Israel— es acusado de tortura y desaparición forzada y sobre él pesa una orden de extradición.

En tanto, Jesús Murillo Karam, fue detenido en agosto de 2022 en la Ciudad de México, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada, y contra la administración de justicia. Hoy se encuentra en prisión domiciliaria.

La esperanza

El cambio de sexenio del 2018 significó una nueva oportunidad para los padres de los normalistas, pues México no solamente cambió de presidente, sino que por primera vez llegó al poder un político estrechamente vinculado a la izquierda del país, férreo crítico de su antecesor y quien desde antes de asumir el poder se comprometió a esclarecer el caso de los 43 normalistas.

Tras una reunión el 26 de septiembre de 2018, las familias de los jóvenes y el que sería el próximo Gobierno federal acordaron crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ordenada meses antes por un Tribunal Colegiado de Tamaulipas en un fallo histórico, al concluir que la PGR no realizó una investigación pronta, efectiva ni imparcial.

Así, el 3 de diciembre de 2018, tan solo dos días después de tomar protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmó el Decreto Presidencial para la Verdad en el Caso Ayotzinapa.

"Con la firma de este acuerdo, iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto, se ordena a todo el Gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro", sentenció el presidente.

¿Qué hubo de nuevo en el sexenio de AMLO?

Antonia Urrejola, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile - Sputnik Mundo

15 de enero de 2019: El Gobierno de AMLO reinstala el GIEI y Ángela Buitrago y Francisco Cox, integrantes del grupo, se unen a la comisión presidencial para el caso.

26 de junio de 2019: Se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa con Omar Gómez Trejo, exintegrante del GIEI, como su titular.

Alejandro Gertz-Manero, fiscal general de México - Sputnik Mundo

30 de junio de 2020: El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informa que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la AIC, es buscado por la Interpol. "Se acabó la verdad histórica", dijo el funcionario.

7 de julio de 2020: La FGR confirma el hallazgo de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, mismos que, detallaron, no fueron hallados ni en el basurero de Cocula ni en el río San Juan, otra prueba de tumba la llamada "verdad histórica".

Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas desaparecidos. - Sputnik Mundo

15 de junio de 2021: La Universidad de Innsbruck confirma que los restos hallados en la Barranca de la Carnicería son de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Tomás Zerón, extitular de la AIC de la FGR - Sputnik Mundo

Febrero de 2022: Elementos de la CoVAJ se reúnen en Israel con Tomás Zerón para ofrecerle un criterio de oportunidad, el cual el exfuncionario rechazó.

El Ejército mexicano es una de las instituciones más importantes del país latinoamericano. - Sputnik Mundo

18 de agosto de 2022: La CoVAJ señala en su informe que la noche de Iguala fue un crimen de Estado en el que estuvieron implicadas autoridades de todos los niveles: federales (Fuerza Armadas), estatales y municipales por acción, omisión o negligencia.

Se informa, además, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía a un infiltrado en la Normal Rural Isidro Burgos, el cual también fue desaparecido.

Es la primera vez que se señala a elementos del Ejército como partícipes en el caso.

La promesa incumplida

María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa

"Él (Andrés Manuel López Obrador) se comprometió, cuando llegó a la silla presidencial, a esclarecer el caso Ayotzinapa. Él firmó un decreto, donde decía que nos iba a ayudar con el esclarecimiento del caso. Hasta el día de hoy no sabemos nada de nuestros hijos y es por eso que nos sentimos mal".

Aunque durante el sexenio de López Obrador se desmontó la llamada "verdad histórica", se giraron órdenes de aprehensión contra altos exfuncionarios, se señaló por primera vez al Ejército como partícipe del caso y se reconoció a la noche de Iguala como un crimen de Estado, la promesa del presidente no se cumplió, pues a 10 años después de la desaparición de los normalistas aún no se sabe qué pasó con ellos.

En entrevista con Sputnik, madres y padres de los jóvenes reclaman que la investigación de caso ha quedado inconclusa al topar con una muralla: el Ejército y su posible implicación.

María de Jesús Tlatempa asevera que el Gobierno federal se niega a investigar a fondo la participación de militares en el caso. "Tenemos evidencia de que participó el Ejército, que estuvieron en el hospital Cristina, que hubo informantes en el Palacio de Justicia. Es por eso que nosotros seguimos insistiendo una y otra vez. No nos cansamos porque no sabemos nada de nuestros hijos".

María Magdalena Maestro, mamá de Antonio Santana Maestro, recuerdo a su hijo como un joven humilde, estudioso, que componía poemas. "Nunca enojado", resalta la hoy activista, quien junto con el resto de las familias, suma ya una década de lucha. Ella, al igual que Tlatempa, sentencia que el actual mandatario queda en deuda y sin hacerles justicia.

María Magdalena Maestro, madre de Antonio Santana Maestro. - Sputnik Mundo

María Magdalena Maestro, mamá de Antonio Santana Maestro.

"Nos queda a deber mucho. Nos queda a deber la justicia, la verdad, que él se comprometió (...) Él se va, nosotros nos quedamos enojados porque nosotros nos quedamos en la lucha (...) Era la esperanza de nosotros, esa esperanza, a 10 años, se desvaneció".

En su informe de agosto del 2022, además de hacer un señalamiento contra el Ejército, Alejandro Encinas, su titular, aseguró que no había indicios de que los muchachos siguieran con vida y que era muy probable que los jóvenes hubieran sido asesinados. ¿Las pruebas? Capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

Dichas pruebas fueron catalogadas por el GIEI como poco verosímiles, pues las capturas pudieron ser alteradas, por lo que automáticamente debían quedar excluidas como pruebas.

El 25 de julio de 2023, el GIEI se despidió de México. En una conferencia, el doctor español Carlos Martín Beristain y la abogada colombiana Ana María Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación.

Ambos coincidieron en que el grupo se retiraba del caso ante la falta de disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre la presunta participación de algunos de sus elementos en la desaparición de los jóvenes.

"Duele investigar en unas condiciones en las que la asistencia internacional se volvió una carrera de obstáculos", dijo Beristain. "La negativa a proporcionar información y la contumacia ante la Fiscalía por parte de las autoridades militares no hacen más que negar lo evidente", agregó Buitrago. Los expertos acusaron también que existen al menos 800 documentos de inteligencia militar que se están ocultando por parte de las FFAA.

Manifestación por el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa - Sputnik Mundo, 1920, 25.07.2023

América Latina

Caso Ayotzinapa: "El riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta"

25 de julio 2023, 19:35 GMT

María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), pondera en charla con Sputnik que mientras que la deuda del Gobierno de Enrique Peña Nieto con los padres y madres de los normalistas radica principalmente en no haber abordado el caso como desaparición forzada desde el primer momento, así como el intento de su administración de dar carpetazo con la llamada verdad histórica, la deuda del Gobierno de López Obrador es no haber cumplido su promesa de justicia.

"Inició con algunos pasos relevantes. Para alcanzar ese objetivo esta administración (de AMLO) y las familias pusieron muchos esfuerzos para la construcción de mecanismos (...) Eso dio algunos avances relevantes, el más importante, el que se logró identificar a dos estudiantes en un lugar ajeno al que se había dicho había sido el paradero único de los estudiantes, en Cocula", reconoció.

Aguilar también destacó el avance al reconocer la participación de todos los niveles (municipal, estatal y federal) en la noche de Iguala; sin embargo, "lamentablemente en los últimos dos años esos avances se desmontaron y a la par se fue desdibujando y lastimando mucho el diálogo entre las autoridades y los familiares".

"Se han dejado de hacer esfuerzos para acceder a más información y, sobre todo, se han priorizado algunas cuestiones políticas por encima de la verdad y, lamentablemente, a los 10 años las familias llegan con ese balance sin alcanzar la verdad", agregó.

Una nueva oportunidad

Padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa confiaron en que la próxima Administración de Claudia Sheinbaum logre dar con el paradero de sus hijos.

Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre.

"Hay compromisos de seguir la línea de investigación (...) La esperanza no me la va a quitar nadie. Sabemos por fuentes que nosotros mismo fuimos recabando a lo largo de 10 años, que hay cárceles clandestinas. En algún punto, en algún cuartel, pueden estar nuestro hijos. Sea como sea, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", indicó en entrevista para Sputnik Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre.

María Luisa Aguilar señaló en charla con este medio que en los acercamientos que han tenido las madres y los padres de los normalistas con la presidenta electa Claudia Sheinbaum le han solicitado "hacerse una idea y una percepción de manera propia".

"Desde el Centro Prodh pensamos que hay algunas cuestiones que podrían dar buenas señales de que eso va a suceder; esa reunión, para las familias, fue muy importante que la presidenta electa les recibiera (...) Hay señales de que hay intención de renovar la investigación", ponderó.

El primer pasó, destacó Aguilar, sería retomar el diálogo y como segundo paso renovar la Fiscalía especial para el caso, la cual actualmente está a cargo de "alguien sin experiencia en derechos humanos". También, dijo, sería importante que la próxima administración complete la extradición pendiente de Tomás Zerón, así como la colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación.

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13:01 GMT 26.09.2024 (actualizado: 20:18 GMT 26.09.2024)