Venezuela quiere evitar "intentos de desestabilización" con nueva ley de fiscalización para las ONG
Venezuela quiere evitar "intentos de desestabilización" con nueva ley de fiscalización para las ONG
Sputnik Mundo
La nueva Ley de Fiscalización y Regularización de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aprobada por el Parlamento venezolano es un instrumento legal que... 04.09.2024, Sputnik Mundo
La normativa ha sido aprobada en un contexto de creciente preocupación sobre el papel de estas organizaciones en la política y la estabilidad de Venezuela. Carolina Escarrá, politóloga y experta en diplomacia estratégica, se trata de una herramienta fundamental para asegurar que las ONG operen dentro de los marcos legales establecidos y no utilicen financiamiento extranjero para desestabilizar el país. "Esta ley es absolutamente necesaria", afirma Escarrá, aludiendo a la Ley de Autodeterminación y Soberanía de 2011 promulgada durante el mandato de Hugo Chávez. "En ese momento, ya había una regulación para evitar la influencia política externa en las actividades de las ONG".Escarrá recuerda casos históricos, como el de la ONG Súmate, que, según informes previos de las autoridades venezolanas, recibió financiamiento de la USAID con el objetivo de influir en el proceso político venezolano. "Cuando financian estas organizaciones, a menudo lo hacen imponiendo ciertas limitaciones o direccionalidades en su trabajo", explica."Teniendo todo ese precedente es sumamente importante que se regularice, que se limite, que se sepa por lo menos cuáles son las actividades que están teniendo estas organizaciones no gubernamentales y que se pueda además saber cuál es el alcance que tiene la financiación que se le da”, agrega Escarrá.¿Hacia quién va dirigida la nueva ley?Una de las preocupaciones que surgen con esta ley es su impacto en la autonomía y sostenibilidad de las ONG. Según Escarrá, la regulación no debería afectar negativamente a aquellas organizaciones que operan dentro del marco legal y constitucional. La experta destaca que la ley está diseñada para regular aquellas ONG que se desvían de estos principios y que podrían tener agendas políticas externas.En comparación con otros países, como Estados Unidos, donde la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act) regula las actividades de los agentes políticos extranjeros, Escarrá cuestiona el doble estándar del país norteamericano a la hora de criticar la legislación en otros países, pero no mirar sus propias realidades. "En Estados Unidos, la Ley del FARA exige que los individuos que trabajan en el ámbito político extranjero registren sus actividades y las informen al Departamento de Justicia", comenta Escarrá, subrayando que este tipo de regulación es común en diversas democracias para evitar la influencia externa indebida."Según esta ley [FARA], si tú estás en el área política como estadounidense, tú tienes que pasarle un informe al Departamento de Justicia sobre no solo las actividades que tú haces en el ámbito político, sino las actividades que hacen tus compañeros en el área política también. Porque si no, es penado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esa es una ley que es de 1938. Los estadounidenses que trabajan por un gobierno extranjero se tienen que registrar y tienen que pasar todo este tipo de información con cierta regularidad, so pena de que lo metan preso o que le pongan una multa”, explica la analista.¿Un incentivo para cumplir la ley?La nueva ley venezolana también establece sanciones para las ONG que no cumplan con los requisitos de fiscalización. En este sentido, Escarrá considera que las sanciones propuestas son proporcionales y justas. "Las sanciones se centran en multas relacionadas con el financiamiento extranjero no autorizado. Dado que muchas ONG están interesadas en el aspecto financiero, estas sanciones pueden servir como un incentivo para cumplir con la ley", explica.También menciona el caso de la organización Súmate como un ejemplo histórico donde la falta de cumplimiento con las regulaciones tuvo consecuencias significativas. "Súmate recibió financiamiento para desestabilizar al gobierno, lo cual se reflejó en su falta de cumplimiento con los requisitos legales", agrega.En cuanto a la influencia de la ley en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, Escarrá argumenta que la implementación de la ley no debería contradecir los derechos fundamentales, siempre y cuando las ONG operen dentro del marco legal. Escarrá sostiene que la ley busca regular a las organizaciones que podrían estar involucradas en actividades que desestabilicen el país, lo que podría interferir con la defensa de los derechos humanos si se desvían de los principios legales establecidos."El problema que tiene la mayoría de estas ONG [que critican la ley] es que responde a las necesidades y a los intereses de gobiernos extranjeros, algunas de ellas incluso hasta el punto de desconocer la integridad territorial como en el caso, por ejemplo, del territorio de la Guayana Esequiba", señala. "En ese caso, evidentemente, si estás fuera del marco de la ley, no estás cumpliendo tú con los derechos y con los deberes que tienes en Venezuela. Y por eso tomar en cuenta tus 'derechos' de establecer actividades de manera libertina, pues no es algo que permita lo que manejaba el libertador Simón Bolívar, de que para que sea el mejor gobierno del mundo, hay que garantizar la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible para el pueblo, en el marco de un proceso revolucionario donde vamos rumbo al socialismo bolivariano", concluye Escarrá.
La nueva Ley de Fiscalización y Regularización de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aprobada por el Parlamento venezolano es un instrumento legal que busca regular el financiamiento y las actividades de estos organismos, en un contexto de constante injerencia de otros países, sobre todo EEUU, en los asuntos internos de Venezuela.
La normativa ha sido aprobada en un contexto de creciente preocupación sobre el papel de estas organizaciones en la política y la estabilidad de Venezuela. Carolina Escarrá, politóloga y experta en diplomacia estratégica, se trata de una herramienta fundamental para asegurar que las ONG operen dentro de los marcos legales establecidos y no utilicen financiamiento extranjero para desestabilizar el país.
"Esta ley es absolutamente necesaria", afirma Escarrá, aludiendo a la Ley de Autodeterminación y Soberanía de 2011 promulgada durante el mandato de Hugo Chávez. "En ese momento, ya había una regulación para evitar la influencia política externa en las actividades de las ONG".
Escarrá recuerda casos históricos, como el de la ONG Súmate, que, según informes previos de las autoridades venezolanas, recibió financiamiento de la USAID con el objetivo de influir en el proceso político venezolano. "Cuando financian estas organizaciones, a menudo lo hacen imponiendo ciertas limitaciones o direccionalidades en su trabajo", explica.
"Nos hemos dado cuenta de que no se libera el dinero que le pertenece al país, pero sí ingresa dinero para financiar no solamente ciertas ONG con alcance político y con características políticas, sino que además se financia para desestabilizar el país, que es lo que han venido haciendo algunas ONG, sobre todo de parte de los Estados Unidos, pero también del Reino Unido o de Francia, en especial dirigidos al tema de los medios de comunicación", abunda la analista.
"Teniendo todo ese precedente es sumamente importante que se regularice, que se limite, que se sepa por lo menos cuáles son las actividades que están teniendo estas organizaciones no gubernamentales y que se pueda además saber cuál es el alcance que tiene la financiación que se le da”, agrega Escarrá.
Una de las preocupaciones que surgen con esta ley es su impacto en la autonomía y sostenibilidad de las ONG. Según Escarrá, la regulación no debería afectar negativamente a aquellas organizaciones que operan dentro del marco legal y constitucional.
"Cuando una ONG está trabajando dentro del marco de la ley y no está orientada a la desestabilización política o social, puede seguir operando con normalidad", asegura.
La experta destaca que la ley está diseñada para regular aquellas ONG que se desvían de estos principios y que podrían tener agendas políticas externas.
En comparación con otros países, como Estados Unidos, donde la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act) regula las actividades de los agentes políticos extranjeros, Escarrá cuestiona el doble estándar del país norteamericano a la hora de criticar la legislación en otros países, pero no mirar sus propias realidades. "En Estados Unidos, la Ley del FARA exige que los individuos que trabajan en el ámbito político extranjero registren sus actividades y las informen al Departamento de Justicia", comenta Escarrá, subrayando que este tipo de regulación es común en diversas democracias para evitar la influencia externa indebida.
"Según esta ley [FARA], si tú estás en el área política como estadounidense, tú tienes que pasarle un informe al Departamento de Justicia sobre no solo las actividades que tú haces en el ámbito político, sino las actividades que hacen tus compañeros en el área política también. Porque si no, es penado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esa es una ley que es de 1938. Los estadounidenses que trabajan por un gobierno extranjero se tienen que registrar y tienen que pasar todo este tipo de información con cierta regularidad, so pena de que lo metan preso o que le pongan una multa”, explica la analista.
La nueva ley venezolana también establece sanciones para las ONG que no cumplan con los requisitos de fiscalización. En este sentido, Escarrá considera que las sanciones propuestas son proporcionales y justas. "Las sanciones se centran en multas relacionadas con el financiamiento extranjero no autorizado. Dado que muchas ONG están interesadas en el aspecto financiero, estas sanciones pueden servir como un incentivo para cumplir con la ley", explica.
También menciona el caso de la organización Súmate como un ejemplo histórico donde la falta de cumplimiento con las regulaciones tuvo consecuencias significativas. "Súmate recibió financiamiento para desestabilizar al gobierno, lo cual se reflejó en su falta de cumplimiento con los requisitos legales", agrega.
En cuanto a la influencia de la ley en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, Escarrá argumenta que la implementación de la ley no debería contradecir los derechos fundamentales, siempre y cuando las ONG operen dentro del marco legal.
"El problema surge cuando las ONG realizan actividades que no están alineadas con la constitución y las leyes nacionales", comenta.
Escarrá sostiene que la ley busca regular a las organizaciones que podrían estar involucradas en actividades que desestabilicen el país, lo que podría interferir con la defensa de los derechos humanos si se desvían de los principios legales establecidos.
"El problema que tiene la mayoría de estas ONG [que critican la ley] es que responde a las necesidades y a los intereses de gobiernos extranjeros, algunas de ellas incluso hasta el punto de desconocer la integridad territorial como en el caso, por ejemplo, del territorio de la Guayana Esequiba", señala.
"En ese caso, evidentemente, si estás fuera del marco de la ley, no estás cumpliendo tú con los derechos y con los deberes que tienes en Venezuela. Y por eso tomar en cuenta tus 'derechos' de establecer actividades de manera libertina, pues no es algo que permita lo que manejaba el libertador Simón Bolívar, de que para que sea el mejor gobierno del mundo, hay que garantizar la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible para el pueblo, en el marco de un proceso revolucionario donde vamos rumbo al socialismo bolivariano", concluye Escarrá.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
