Pedro Sánchez demanda al juez, pacta con el independentismo catalán y se va de veraneo: ¿hace bien?
© Foto : Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
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El presidente del Gobierno español cierra el curso político pactando con ERC un nuevo modelo de financiación para Cataluña a cambio de investir a un socialista al frente de la Generalidad. Las críticas arrecian mientras demanda a los jueces que investigan a su esposa. ¿Otro "episodio de hostigamiento" o una lucha por mantenerse en el poder?
El curso político finaliza en España con temas candentes de los que acaso el periodo vacacional de agosto podrá desviar el foco de atención. La formación del Gobierno catalán, el modelo de financiación autonómico y una presión mediático-judicial en torno a su esposa que ha terminado por afectarle directamente, conforman el complicado panorama que debe afrontar Pedro Sánchez.
Aún enfrascado en una negociación con los independentistas catalanes sobre la financiación de Cataluña para así granjearse sus votos de cara a la investidura del socialista Salvador Illa al frente del Gobierno catalán, Sánchez terminó por presentar una querella por prevaricación contra el juez que instruye la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez. El magistrado Juan Carlos Peinado llegó a desplazarse el 30 de julio al Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del jefe del Gobierno de España, para tomarle declaración en calidad de testigo con relación al caso de corrupción por supuesto tráfico de influencias en el que figura Gómez.
Días antes, Sánchez había solicitado declarar por escrito, posibilidad que le fue denegada por otro magistrado, Carlos Del Valle. Entonces el juez Peinado se personó en la residencia de Sánchez y le formuló dos preguntas:
1.
Si tenía algún tipo de relación con la persona investigada, a lo que el presidente respondió que era su esposa.2.
Si se acogía a su derecho a no declarar, pregunta que el interrogado respondió afirmativamente.Sánchez hizo así uso del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual le dispensa de la obligación de declarar en tanto que cónyuge de la persona investigada.
Acto seguido, la Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, presentó una querella contra el juez Peinado y su sustituto, "por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial". Se acusa a los jueces de no haber justificado el motivo para denegar a Sánchez la posibilidad de declarar por escrito, y se les ha demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
¿Es correcta la querella?
El hecho de que un juez acuda al domicilio del presidente del Gobierno y que luego este presente una demanda en su contra, ha terminado por conformar una situación inédita en España, calificada por el Gobierno de "causa política", en palabras de su portavoz, Pilar Alegría.
El propio Sánchez habla de "montaje" orquestado por las organizaciones Manos Limpias y Hazte Oír, a las que se sumó posteriormente la formación política Vox, personadas todas en el caso y cuyos abogados acudieron al Palacio de la Moncloa para presenciar la declaración del presidente.
"Ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quien entraba primero en la Moncloa fue patético", afirmó al respecto Sánchez durante su comparecencia el 31 de julio para hacer balance de su acción de gobierno durante el curso político, donde describió la investigación judicial sobre su esposa como un "no caso derivado de una oposición que ha renunciado a la batalla de las ideas".
"Se han atropellado derechos que vienen recogidos desde 1886", manifestó Pedro Sánchez, en defensa de la querella presentada por la Abogacía General del Estado.
No obstante, dentro del mundo del derecho hay voces autorizadas que expresan que el margen de acción de un juez para investigar un caso es "irrenunciable". Otra cosa es que se haga mal uso de ese margen "con intenciones políticas". Así lo cree Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US) y exletrado del Tribunal Constitucional.
"Entiendo la querella como reacción política, pero jurídicamente no sirve", afirma en su cuenta oficial en la red X. En su opinión, la Abogacía del Estado tiene razón en el fondo, pero "no hay pruebas para condenar al juez Peinado por prevaricación". Y explica por qué:
Pero el juez Peinado puede alegar, por ejemplo ,que le iba a preguntar si sabe de reuniones que ha tenido su mujer y que él ha conocido no por ser presidente sino por estar casado con ella.
— Joaquín Urías (@jpurias) July 30, 2024
Claramente el juez busca otra cosa, pero si no se demuestra, la querella no tiene sentido.
"La prevaricación exige que el juez supiera sin lugar a dudas que su interpretación de las normas aplicadas al caso concreto es errónea y aun así haya dictado una resolución. El juez tiene que ser consciente de que se salta la ley y lo hace a propósito para dañar al gobierno", remata Urías, que señala que no se ha incurrido en prevaricación si se está "ante una mera discrepancia jurídica".
¿Un caso especialmente agigantado?
La investigación por supuesto tráfico de influencias que afecta a Begoña Gómez obedece inicialmente a una denuncia que presentó la organización Manos Limpias, basándose exclusivamente en recortes de prensa. Aludía a una serie de adjudicaciones a un profesor del máster que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
A esta denuncia se unió la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír, que pedía investigar si Gómez se ayudó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para "establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades" o si ofreció o ejerció su influencia en "la concesión de subvenciones y ayudas públicas". El partido Vox también se personó en la causa y denuncia la presunta apropiación de un software para el mencionado máster.
La repercusión mediática del caso y el aprovechamiento de su impacto a cargo del Partido Popular y Vox ha llevado al Gobierno a entender que la presencia del juez Peinado en el Palacio de la Moncloa pretendía ser "un montaje" televisado con el que la oposición pudiera erosionar la imagen de Pedro Sánchez y, por ende, de todo su Ejecutivo. En abril, Sánchez amagó con dimitir de su puesto por lo que él y su partido consideran es en realidad un episodio de "guerra judicial" o lawfare contra el Gobierno de coalición.
¿Está realmente politizado el caso y se presta a instrumentalización? Para Paloma Román, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la situación creada cabe definirse como "otro episodio de hostigamiento" contra el presidente del Gobierno, en particular tras el resultado de las elecciones generales de julio de 2023.
"Desde el punto de vista de la oposición, desde el PP a Vox, se ensaya constantemente una estrategia de oposición fuera del Parlamento, ya que el trabajo eminentemente parlamentario suele ser un eco de lo que ocurre fuera, en el sentido de que no hay propuestas y contrapropuestas a las políticas, sino ofensiva en el terreno que sea", asegura a Sputnik Román, que describe como un déjà vù los intentos reiterados de erosionar al Gobierno.
A juicio de esta politóloga, tales tentativas vinieron precedidas del recorrido de la ley de amnistía para los políticos independentistas catalanes, una iniciativa fuertemente atacada por la oposición, que terminó por impugnarla ante los tribunales.
La imputación de Begoña Gómez es una "presa" que ni PP y Vox quieren soltar. Y aunque la base jurídica de la investigación sea endeble, el asunto "tiene un impacto de gota continua en los espacios mediáticos, que la amplifican", explica.
La negociación en Cataluña, de fondo
En paralelo al litigio judicial en torno a Begoña Gómez, Pedro Sánchez ha tratado de encarrilar uno de los objetivos de la legislatura: asegurar la presidencia de la Generalitat de Cataluña para el candidato socialista, Salvador Illa, toda vez que los socialistas catalanes ganaron las elecciones regionales en mayo.
Los socialistas catalanes concluyeron un largo proceso de negociación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que fructificó en un preacuerdo que les compromete a trabajar en pro de "un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos". En caso de que las bases de ERC, un partido de corte asambleario, ratifiquen el documento suscrito, la formación independentista podrá dar su apoyo a Illa.
El contenido del preacuerdo se filtró antes de acabar el mes de julio y no solo causó irritación en las filas de la oposición de derechas, sino también en el espectro de la izquierda e incluso entre algunos dirigentes del propio Partido Socialista de Pedro Sánchez. Se critica que el documento firmado pueda suponer una quiebra de la "solidaridad interterritorial". En el Partido Popular dudan de que el preacuerdo persiga un "reparto justo de financiación" antes que el objetivo de "lograr la independencia fiscal".
El presidente de la región de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, lamentó que el PSOE, un partido que "se fundó para combatir la desigualdad", haya firmado un documento cuyo coste tendrá que pagar el resto de comunidades autónomas. "Debemos hacer un esfuerzo entre todos para que lo mejor para Cataluña no termine siendo lo peor para el resto", manifestó en la red X.
El economista Juan Torres López, catedrático en la Universidad de Sevilla (US), sostiene que el preacuerdo firmado por socialistas e independentistas atenta contra el principio de solidaridad y no es propio que emane de un Gobierno que se tilda de "progresista". A su juicio, el texto afecta "al conjunto de comunidades autónomas", pese a estar negociándose "con una sola de ellas".
El acuerdo entre el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña, con el único fin de hacer presidente a Illa, es oportunista, preocupante y negativo porque rompe los principios de solidaridad e igualdad. Lo explico en mi webhttps://t.co/9tQKtBkO6D
— Juan Torres López (@juantorreslopez) July 31, 2024
"El acuerdo, tal y como se ha presentado hasta ahora, implica en la práctica convertir a España en un país cuasi confederal y la renuncia a los principios de solidaridad e igualdad que, al menos teóricamente, hoy día se reconocen como inspiradores de las políticas económicas y sociales", afirma Torres en un artículo en su blog personal, donde advierte que fragmentar la recaudación de impuestos "supondrá un aumento de las ineficiencias y menor eficacia, así como la disminución de su capacidad recaudatoria y redistributiva".
El resultado de estas contradicciones es la confluencia ya habitual de "voces críticas dentro de sus propias filas, bien como arietes de desgaste a su liderazgo como señales de alternancia al mismo", estima Paloma Román, para quien la conjunción de la presión judicial en torno al caso de Begoña Gómez con las maniobras para investir al socialista Salvador Illa como presidente catalán, provocan mediáticamente una "tormenta perfecta" donde la actualidad se alimenta de grandes titulares "sin matices", antes que de análisis en profundidad.
"Sánchez vive cautivo de los votos inestables, por su escasez parlamentaria. Por tanto está obligado al contorsionismo constante, que si bien en política no es nuevo, en su caso es diariamente llamativo, y también es utilizado contra él, como máxima constante de debilidad", concluye Román.
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