Perú pone a los migrantes en la mira: ¿la solución contra la inseguridad?
Perú pone a los migrantes en la mira: ¿la solución contra la inseguridad?
Sputnik Mundo
El Gobierno peruano apunta a los migrantes para resolver la criminalidad, con medidas que buscan expulsar a los extranjeros en situación irregular. En diálogo... 25.10.2023, Sputnik Mundo
Perú dió un ultimátum a los extranjeros que residen irregularmente en el país y declaró como plazo el 10 de noviembre para que formalicen su situación migratoria. A partir de ese día, el Gobierno comenzará las expulsiones de quienes no hayan cumplido con los lineamientos.La oficina de Migraciones busca, en ese marco, regularizar la situación de aquellas personas extranjeras que ingresaron al país sin pasar por puntos de control, que se encuentran en condiciones de irregularidad por exceso de permanencia o que han perdido su calidad migratoria, consignó El Peruano, el diario oficial del Estado andino. Para acceder a los permisos, los extranjeros no deben tener antecedentes penales, policiales ni judiciales vigentes tanto en el Perú como en el exterior.La medida es parte de un enfoque del ejecutivo para combatir la criminalidad que atraviesa Perú, dado el aumento de delitos violentos, como la extorsión y el sicariato. La propia presidenta Dina Boluarte responsabilizó a los extranjeros de cometer actos de delincuencia.La mandataria sostuvo en abril pasado que "quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros" y señaló principalmente a los venezolanos y haitianos como responsables.¿Hay correlación entre migración y criminalidad?De acuerdo a datos oficiales, de los 1,3 millones de extranjeros que habitan Perú, más del 80% serían venezolanos. En ese sentido, la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana residente en Perú, realizada en 2022, estimó que hay 1.078.854 refugiados y migrantes de ese país en suelo de la nación andina.La misma encuesta reveló que el 73,9% de la población venezolana ingresó al país a través de los puestos de control de migraciones. La mayor proporción de refugiados y migrantes de Venezuela cuenta con algún tipo de permiso migratorio para permanecer en el Perú (64,7%); sin embargo, el 35,3% no posee autorización alguna. Desde Lima se dice que la Policía Nacional detuvo a 17.000 venezolanos en 2022, tras encontrarlos responsables por diversos delitos. Sin embargo, un informe del Instituto Nacional Penitenciario reveló en agosto de 2023 que solo el 5% (4.301 internos) de la población penitenciaria es de nacionalidad extranjera, mientras que el 95% de los reclusos es peruano (89.220). Del total de convictos extranjeros, los venezolanos encabezan el informe, con 2.983 casos, una cifra que representaría el 3% de los casos.Rada señaló que puede verse un "aumento de la violencia por parte de bandas organizadas venezolanas, especialmente lo que concierne al Tren de Aragua", una organización criminal originaria del estado homónimo, en el centro norte del país caribeño.Para el experto, es evidente que, ante la crisis económica y política que enfrenta Perú, el Gobierno de Boluarte está intentando revertir los altos márgenes de desaprobación partiendo del tema de la inseguridad, por lo que instrumenta principalmente el discurso antimigrantes.En el último tiempo, Lima aprobó dos decretos que buscan resolver problemas de seguridad en torno a la delincuencia transnacional: el 1573, que modifica el Código Penal, y el 1574, que hace cambios en el Código Procesal. El primero habilita al poder judicial para expulsar extranjeros que hayan cumplido la mayoría de su pena en el país, refuerza las condenas para quienes reingresen al país de forma ilegal y sanciona con entre cuatro y seis años de prisión a quienes colaboren con el tránsito irregular de migrantes.El decreto 1574, en tanto, extiende hasta 12 horas —ocho más que las estipuladas inicialmente— el plazo destinado para el control de identidad de extranjeros. Durante ese tiempo, la policía debe verificar si la persona detenida cuenta con antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en otro.En efecto, para el especialista, el núcleo central del problema gira en torno al poder policial del país, que es "ineficiente en la lucha contra el crimen organizado". Estimó que las fuerzas de seguridad no están logrando reducir los altos índices de extorsión y de sicariato que hay en territorio peruano.Rada Benavides apuntó que en el país andino "confluyen demasiadas vertientes vinculadas al crimen organizado, no solamente es el narcotráfico, es la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando". Por lo tanto, consideró que mientras no se asuma una política "no de Gobierno, sino de Estado" que se proyecte a unos 10, 15 o 20 años, el problema va a seguir atacándose con "medidas aisladas" que no van a ir a la raíz del problema.
El Gobierno peruano apunta a los migrantes para resolver la criminalidad, con medidas que buscan expulsar a los extranjeros en situación irregular. En diálogo con Sputnik, el experto Carlos Rada Benavides consideró que estas estrategias son "importantes, pero insuficientes" y lamentó la estigmatización que implican.
Perú dió un ultimátum a los extranjeros que residen irregularmente en el país y declaró como plazo el 10 de noviembre para que formalicen su situación migratoria. A partir de ese día, el Gobierno comenzará las expulsiones de quienes no hayan cumplido con los lineamientos.
La oficina de Migraciones busca, en ese marco, regularizar la situación de aquellas personas extranjeras que ingresaron al país sin pasar por puntos de control, que se encuentran en condiciones de irregularidad por exceso de permanencia o que han perdido su calidad migratoria, consignó El Peruano, el diario oficial del Estado andino.
Para acceder a los permisos, los extranjeros no deben tener antecedentes penales, policiales ni judiciales vigentes tanto en el Perú como en el exterior.
La medida es parte de un enfoque del ejecutivo para combatir la criminalidad que atraviesa Perú, dado el aumento de delitos violentos, como la extorsión y el sicariato. La propia presidenta Dina Boluarte responsabilizó a los extranjeros de cometer actos de delincuencia.
La mandataria sostuvo en abril pasado que "quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros" y señaló principalmente a los venezolanos y haitianos como responsables.
En entrevista con Sputnik, el experto en seguridad Carlos Rada Benavides señaló que "hay un tema de xenofobia en el país que se ha manifestado, ha crecido, en los últimos años. Los medios de comunicación refuerzan esta estigmatización. El problema "debería abordarse con mayor seriedad, con menos actitud mediática o de populismo".
¿Hay correlación entre migración y criminalidad?
De acuerdo a datos oficiales, de los 1,3 millones de extranjeros que habitan Perú, más del 80% serían venezolanos. En ese sentido, la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana residente en Perú, realizada en 2022, estimó que hay 1.078.854 refugiados y migrantes de ese país en suelo de la nación andina.
La misma encuesta reveló que el 73,9% de la población venezolana ingresó al país a través de los puestos de control de migraciones. La mayor proporción de refugiados y migrantes de Venezuela cuenta con algún tipo de permiso migratorio para permanecer en el Perú (64,7%); sin embargo, el 35,3% no posee autorización alguna.
Desde Lima se dice que la Policía Nacional detuvo a 17.000 venezolanos en 2022, tras encontrarlos responsables por diversos delitos.
Sin embargo, un informe del Instituto Nacional Penitenciario reveló en agosto de 2023 que solo el 5% (4.301 internos) de la población penitenciaria es de nacionalidad extranjera, mientras que el 95% de los reclusos es peruano (89.220). Del total de convictos extranjeros, los venezolanos encabezan el informe, con 2.983 casos, una cifra que representaría el 3% de los casos.
Rada señaló que puede verse un "aumento de la violencia por parte de bandas organizadas venezolanas, especialmente lo que concierne al Tren de Aragua", una organización criminal originaria del estado homónimo, en el centro norte del país caribeño.
Sin embargo, señaló que hay una estigmatización muy fuerte y que "se juega con este sentimiento de cansancio, de hartazgo que hay en la población respecto al aumento de la delincuencia".
Para el experto, es evidente que, ante la crisis económica y política que enfrenta Perú, el Gobierno de Boluarte está intentando revertir los altos márgenes de desaprobación partiendo del tema de la inseguridad, por lo que instrumenta principalmente el discurso antimigrantes.
En el último tiempo, Lima aprobó dos decretos que buscan resolver problemas de seguridad en torno a la delincuencia transnacional: el 1573, que modifica el Código Penal, y el 1574, que hace cambios en el Código Procesal.
El primero habilita al poder judicial para expulsar extranjeros que hayan cumplido la mayoría de su pena en el país, refuerza las condenas para quienes reingresen al país de forma ilegal y sanciona con entre cuatro y seis años de prisión a quienes colaboren con el tránsito irregular de migrantes.
El decreto 1574, en tanto, extiende hasta 12 horas —ocho más que las estipuladas inicialmente— el plazo destinado para el control de identidad de extranjeros. Durante ese tiempo, la policía debe verificar si la persona detenida cuenta con antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en otro.
"Son medidas importantes, pero aún así siguen siendo insuficientes, a mi juicio y al juicio de muchos conocedores del tema el asunto no se está abordando con la seriedad que debería, teniendo en cuenta que el crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional del Perú y de muchos países de la región", apuntó Carlos Rada.
En efecto, para el especialista, el núcleo central del problema gira en torno al poder policial del país, que es "ineficiente en la lucha contra el crimen organizado". Estimó que las fuerzas de seguridad no están logrando reducir los altos índices de extorsión y de sicariato que hay en territorio peruano.
Rada Benavides apuntó que en el país andino "confluyen demasiadas vertientes vinculadas al crimen organizado, no solamente es el narcotráfico, es la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando".
Por lo tanto, consideró que mientras no se asuma una política "no de Gobierno, sino de Estado" que se proyecte a unos 10, 15 o 20 años, el problema va a seguir atacándose con "medidas aisladas" que no van a ir a la raíz del problema.
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