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Tras más de 20 años, la Justicia peruana mira a las víctimas de esterilizaciones forzadas

Tras más de 20 años, la Justicia peruana mira a las víctimas de esterilizaciones forzadas

Sputnik Mundo

La Justicia de Perú avanza en la causa por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, en la década de 1990. Miles de... 30.05.2023, Sputnik Mundo

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Durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) alrededor de 300.000 mujeres indígenas y campesinas fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Una cantidad que aún no se pudo determinar fue sometida a la fuerza a operaciones de ligadura de trompas, según denuncias realizadas hace más de 20 años.Finalmente, la Justicia peruana parece decidida a resarcir a las miles de víctimas. Pero el asunto es muy complejo.Cuando finalizó su mandato —considerado por gran parte de la población como una dictadura—, Fujimori huyó a Japón, donde también tiene ciudadanía. En 2005 apareció en Chile, donde fue capturado y extraditado a Perú. Para viabilizar la extradición, Perú envió al país vecino los documentos de siete procesos abiertos contra el expresidente. Cinco por corrupción y dos por vulneración de derechos humanos.Fujimori, de 84 años, declaró días atrás ante la justicia chilena por la causa de las esterilizaciones forzadas. Ninguno de los siete documentos enviados a Chile versaba sobre este tema, por ello se hace necesaria la venia de la Corte Suprema del país vecino para avanzar con la causa en Perú.Comentó que todas las demandantes están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), pero "no todas tienen asistencia legal, como fue establecido por Decreto Supremo. Menos de la mitad están con asistencia legal", indicó la abogada que representa a la asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Cusco (sur).Entre 1996 y 2000, más de 270.000 mujeres fueron intervenidas en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el cual "buscaba acabar con la pobreza acabando con los pobres, pasando por el cuerpo de las mujeres para que no se reprodujeran", explicó Vidal.La abogada relató que de acuerdo con los testimonios, "muchas veces se las secuestró, se las esterilizó estando embarazadas". Se las amenazó con meterlas en la cárcel, con quitarles ayudas sociales, incluso se las capturó y amarró a camillas para esterilizarlas.Varias de estas víctimas finalmente fallecieron por complicaciones en las intervenciones que a menudo se realizaban sin que hubiera las condiciones de asepsia necesarias. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos 40 muertes de mujeres.La operación de ligadura de trompas "no tendría nada de malo si ellas lo hubieran decidido como método de planificación familiar", advirtió Vidal.Y mencionó varios informes de instituciones del Estado peruano, según las cuales "se vulneraron derechos sexuales reproductivos de las mujeres, así hubo mujeres muertas porque las condiciones de salubridad en que se hicieron las operaciones fueron muchas veces terribles".En palabras de la abogada, muchas de las mujeres no denunciaron la esterilización forzada porque no hablan castellano, solamente quechua o aymara, lo cual las aleja de las instituciones peruanas donde generalmente no hay funcionarios capacitados en estos idiomas.Falta de atención estatalPor las esterilizaciones forzadas está procesado Fujimori, también sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista.Para Vidal, este caso "da cuenta de que había una lógica según la cual los médicos decidían sobre el aparato reproductor de las mujeres. Fue una política creada desde la presidencia, pero que se pudo realizar debido a una mentalidad machista, patriarcal, clasista de todo un sistema de salud".Vidal observó la falta de atención estatal a las víctimas. Mencionó que ante el conflicto armado interno de la década de 1990 se formó una Comisión de la Verdad y se aplicó una política pública de reparaciones "al igual que en Chile o Colombia, donde sin tener que pasar por procesos judiciales hay reconocimiento del daño que hizo el mismo Estado", explicó.Pero en el caso de las esterilizaciones forzadas, "el Estado sigue negando ese derecho porque, al parecer, cercenar el aparato reproductivo de las mujeres no genera una violación generalizada de derechos humanos", evaluó.

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