¿Por qué el Gobierno de Lasso no puede frenar la ola de violencia en Ecuador?
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La asambleísta Mireya Pazmiño señaló a Sputnik que el presidente Guillermo Lasso no ha podido generar ninguna política pública para combatir la inseguridad que se vive a cotidiano en el país, con matanzas en varios ámbitos, todos relacionados con el narcotráfico, según el Gobierno.
Ecuador atraviesa una ola de violencia que el Gobierno de Lasso no puede controlar. El mandatario, como sus funcionarios, acusan a un único enemigo: el narcotráfico y las peleas entre bandas criminales por territorios y ámbitos de comercio de cocaína.
En la última semana, más de 30 personas sufrieron muertes violentas en Guayaquil (sur), y en Esmeraldas (norte). La mayoría (21) fallecieron dentro o en inmediaciones de la Penitenciaría del Litoral, situada en la ciudad portuaria desde donde salen toneladas de droga proveniente de Perú y Colombia, según investigaciones gubernamentales.
Esta crisis llevó a la renuncia del secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador, Diego Ordóñez, cargo que sigue vacante. El panorama enturbia las perspectivas del Gobierno de Lasso, ya dañado por el juicio político en su contra que avanza en la Asamblea Nacional, por el presunto delito de peculado, tras la investigación por supuesta corrupción conocida como El Gran Padrino.
13 de abril 2023, 05:30 GMT
La respuesta del Gobierno ante la ola de violencia fue insólita: permitió a la población portar armas para defenderse de los delincuentes. Asimismo, intenta que las Fuerzas Armadas tengan más control de las calles. Especialistas consultados por Sputnik pusieron en duda la efectividad de estas medidas.
La asambleísta Mireya Pazmiño recordó que el pasado 2 de abril, cuando firmó el decreto que permite la portación de armas, Lasso "publicó un tuit que luego bajó, pero ya había quedado guardado. Decía que 'ahora los ecuatorianos estamos en guerra con los delincuentes y tenemos que defendernos con nuestra propia mano'".
El aumento de la violencia en Ecuador es elocuente. La tasa de asesinatos casi se duplicó entre 2021 y 2022, al pasar de 14 a 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
"En estos momentos, cuando todos estamos alarmados por la fuerte violencia que sufrimos los ecuatorianos, cuando la inseguridad ha aumentado, así como las muertes violentas, no es pertinente que el presidente salga con esa clase de decisiones", dijo Pazmiño a Sputnik en referencia a la legalización de la portación de armas.
La asambleísta evaluó que Lasso "no ha generado ninguna política pública para enfrentar a la inseguridad. No ha aportado presupuesto para que la institución policial nacional pueda tener todo el equipamiento necesario para salir a las calles". Comentó que en la Asamblea Nacional se analiza la constitucionalidad de este polémico decreto.
La ola de violencia llevó a que se movilice en la ciudad de Guayaquil la Asociación de Comerciantes Minoristas de Guayas, quienes exigieron más seguridad para sus negocios, que sufren la constante extorsión de grupos armados.
#URGENTE
— Zoom Ec (@ZoomEcuador) April 12, 2023
¡QUÉ ALGUIEN LE PASE VIDEO A LASSO!
¡Escuche a su pueblo!
En #Guayaquil se realizó la marcha por la seguridad en la que participaron comerciantes exigiendo "No más secuestros" y "No más extorsiones" pic.twitter.com/nVonkSCiQN
La marcha se realizó el 12 de abril pasado, luego de que la Policía liberara de su secuestro al comerciante Alberto S., cuyos captores exigían 500.000 dólares para devolverlo con vida.
Algunos manifestantes, que marcharon con las caras cubiertas para que no los reconozcan, afirmaron que registran pérdidas de hasta un 50% porque deben cerrar temprano ante las amenazas de los extorsionadores.
El gobernador de Guayas, Francesco Tabacchi, se comprometió a incrementar la presencia policial. Y les ofreció botones antipánico a los comerciantes.
Pazmiño, de Pachakutik, contó que en la Asamblea también hay un proyecto de ley "para que cuando el Estado ecuatoriano lo requiera puedan coordinar que el Ejército y la Policía salgan a las calles". Su tratamiento aún no está en agenda.
Violencia imparable
En la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, el pasado 12 de abril los guardias encontraron seis presos ahorcados en su pabellón. Al día siguiente (13 de abril) tres guardias de la cárcel de mujeres almorzaban en un restaurante tras las paredes, cuando fueron asesinadas por sicarios.
La misma noche del 13 de abril, una decena de artefactos explosivos de baja intensidad también estallaron en Guayaquil.
El 15 de abril, las autoridades confirmaron la matanza de 12 presos de la mencionada prisión, en lo que consideran un enfrentamiento entre bandas que desde adentro siguen manejando el negocio del narcotráfico.
Hasta marzo pasado, este complejo penitenciario —el más grande de Ecuador— albergaba a 12.232 personas, aunque su capacidad es de 9.500.
En el norte también repercute la violencia: en el puerto de Esmeraldas, 30 hombres irrumpieron a los tiros y asesinaron a nueve pescadores. De esta zona también saldrían varias toneladas de cocaína con destino a Asia y Europa, según investigaciones del Gobierno.
15 de abril 2023, 11:00 GMT
En la última semana, tres jóvenes amigas que rondaban los 20 años dijeron a sus familias que irían a la playa, pero aparecieron días más tarde, asesinadas y enterradas a orillas del río Esmeraldas. Este triple feminicidio también estaría vinculado con el accionar de bandas de narcotraficantes.
Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Integra Front Line Defenders, así como la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador. En diálogo con Sputnik, indicó que "ya desde 2022 se observa un incremento muy significativo en diferentes hechos de criminalidad, particularmente de delitos contra la vida de las personas".
Espinosa comentó que se volvieron cotidianas las masacres carcelarias, los reportes de personas desaparecidas que luego aparecen sin vida, así como los secuestros extorsivos.
"Todos estos hechos se dan en un contexto que se ha venido exacerbando por las dinámicas del conflicto entre grupos que tienen interés en el narcotráfico o en el crimen organizado", dijo la abogada.
"Estas disputas se dan por la ocupación de determinados territorios, o por la imposición de sus normas. Todo aquello ante una actuación pasiva del Estado y del Gobierno de Lasso", agregó.
Espinosa comentó que le "llama mucho la atención" la pasividad del Gobierno para enfrentar este contexto. "El 13 de abril la Embajada de Estados Unidos en Guayaquil hizo pública una alerta de seguridad por posibles explosiones de artefactos a lo largo de la noche, llamando a sus ciudadanos a abstenerse de visitar lugares públicos".
Para la defensora de derechos humanos, la detonación de 10 artefactos "pareciera un acto de intimidación, para sembrar miedo entre la ciudadanía". En este sentido, cuestionó que la Policía ecuatoriana no haya tomado acciones ante la información que sí tenía la mencionada embajada.
Se mostró preocupada por "la narrativa impulsada por el Gobierno en temas de seguridad, que evidencia un incremento muy significativo en actos de xenofobia y discriminación, pretendiendo señalar a terceros, por ejemplo ciudadanos venezolanos, como los responsables de este incremento en hechos de criminalidad".
3 de abril 2023, 17:00 GMT
Portación legal de armas
Para Espinosa, la crisis de seguridad en Ecuador "evidencia que Lasso no tiene capacidad para gobernar o tomar decisiones". Una manifestación de ello sería el decreto que permite la portación de armas.
La abogada resaltó que el decreto de Lasso "no pone la solución en manos de la ciudadanía, sino de la ciudadanía rica", porque los trámites y permisos requeridos para andar con un revólver en la cintura serían solamente accesibles a personas con alto poder adquisitivo.
"El porte de armas en Ecuador no es la solución al crimen organizado ni al narcotráfico. Ellos ya están armados y no van a legalizar su porte y tenencia. Van a tener 'acceso legal' a las armas, que se van a utilizar en contextos de pobreza, desigualdad, hambre, falta de empleo. Van a atacar a los permanentemente excluidos", sostuvo.
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