¿Guardias privados colaborando con policías? A este dilema de seguridad se enfrenta Ecuador
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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto que habilita a guardias de seguridad privada a usar sus armas para colaborar con la Policía, aun fuera de sus locales de trabajo. Para los guardias, la medida los convierte en kamikazes que no podrán afrontar el desafío con una formación insuficiente.
Como parte de la iniciativa Cruzada por tu seguridad, el Gobierno ecuatoriano flexibilizó la tenencia y el porte de armas, haciendo que los guardias de seguridad privada deban realizar tareas de vigilancia y puedan desplegar acciones en los alrededores de su trabajo. La iniciativa afecta a aproximadamente 120.000 personas que trabajan en al menos 1.300 empresas, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.
"Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo", precisó el presidente Guillermo Lasso en un mensaje a los ecuatorianos emitido el 1 de abril.
Los guardias estarán habilitados a accionar aunque con ciertas limitaciones, según consignó el medio local Primicias. Los trabajadores solo podrán utilizar las armas durante las horas de prestación de servicios ya establecidas en su contrato laboral. Lo mismo se aplica al uniforme del trabajador. Fuera del horario de servicio, las armas deberán ser guardadas en depósitos o bóvedas especiales. De ser utilizadas fuera del horario laboral, serán incautadas por las autoridades.
Asimismo, los guardias tendrán que cumplir con los requisitos ya existentes para el porte de armas: haber cumplido al menos 25 años de edad, haber superado una prueba psicológica y un examen toxicológico realizado por el Ministerio de Salud Pública, y tener un certificado de destreza en el manejo de uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. Además, se exige no tener una sentencia condenatoria por la comisión de un delito o antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
El decreto también introduce la prohibición de la fabricación, el registro y la tenencia de armas artesanales y se estipula que se realizarán controles y se llevará un registro informático de las armas en circulación. La Secretaría de Seguridad Pública, además, asumirá las acciones de coordinación para prevenir y combatir el tráfico de armas y municiones.
La iniciativa de Lasso fue rechazada por los propios trabajadores de la seguridad privada. Desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe) expresaron "su rechazo absoluto al porte y tenencia de armas para civiles". La gremial cuestionó que decreto ponga énfasis en los guardias de seguridad, que según el sindicato muchas veces están mal preparados para utilizar armas.
"Con una capacitación 'mediocre' dictada por los negocios con etiqueta de Centros de Formación, donde para ellos el manejo de armas se traduce en unas dos clases en polígono virtual [...], ¿creen que podemos repeler un ataque de la magnitud que estamos atravesando?", se preguntan los guardias.
Con una capacitación “mediocre” dictada por los NEGOCIOS con etiqueta d #CentrosDeFormacion donde para ellos el uso manejo de 🔫 se traduce en unas dos clases en polígono virtual estilo “Play station” creen que podemos repeler un ataque de la magnitud q estamos atravesando❓
— FENASPE (@FENASPE1) April 2, 2023
El sindicato aseguró además que el conocimiento de Lasso sobre la seguridad privada es "abismalmente grosero", denunciando que los 80.000 guardias de seguridad no están "en las mismas condiciones" que los policías. Además, los trabajadores aseguran que los guardias de seguridad terminarán siendo expuestos por las propias empresas para cumplir con el pedido del Gobierno.
Desde Correa a universidades: más rechazos al decreto
La decisión del Gobierno ecuatoriano recibió las críticas de sectores políticos y fue rechazada por el ámbito académico, desde diversos colectivos y por el propio sindicato de trabajadores de la seguridad privada.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), se posicionó en contra de la medida, alegando que la evidencia científica demuestra que el uso de armas no es la solución para combatir la violencia.
"Ecuador pasó de tener un porcentaje de 46% de muertes violentas con armas de fuego en 2016, —que es la media mundial—, a tener en 2022 un 86%. Hasta el 2016 había un estricto control de las armas de fuego. Mientras más armas, más muertes violentas", publicó en Twitter.
Ecuador pasó de tener un porcentaje de 46% de muertes violentas con armas de fuego en 2016, -que es la media mundial-, a tener en 2022 un 86%. Hasta el 2016 había un estricto control de las armas de fuego. Mientras más armas, más muertes violentas.#ParaTontoNoSeEstudia
— Rafael Correa (@MashiRafael) April 3, 2023
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, señaló a través de Twitter que "el libre porte de armas fomentará la aparición de grupos paramilitares, viejo anhelo de las élites para control social".
La misma posición fue compartida por varias universidades del país. "Creemos que el porte de armas que se proyecta solo agudizará los conflictos y la violencia, ocasionando graves consecuencias para la ciudadanía", advirtió la Universidad Politécnica Salesiana en un comunicado difundido este 2 de abril. La institución remarcó además que hasta el presente no se ha demostrado "que un mayor uso de armas se corresponda con un más alto grado de paz pública".
En la misma línea, la Universidad de Cuenca rechazó "categórica y enérgicamente" la disposición del Gobierno de Lasso y apuntó a que "esta medida transfiera a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección". Por este motivo, la Universidad exigió al presidente "corregir inmediatamente este grave error" y en su lugar, asumir la tarea de desarrollar políticas públicas en materia de prevención de la violencia.
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