¿Por qué, a diferencia de lo que muestra 'Argentina, 1985', América Latina no juzgó sus dictaduras?
¿Por qué, a diferencia de lo que muestra 'Argentina, 1985', América Latina no juzgó sus dictaduras?
Sputnik Mundo
El estreno de la película 'Argentina, 1985' no solo sirvió de ejercicio de memoria en el país suramericano por lograr enjuiciar a los responsables de la... 24.03.2023, Sputnik Mundo
La cinta, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, recrea el proceso de los juicios civiles que se siguieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras la restauración de la democracia en el país latinoamericano, contra las Juntas Militares responsables de la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de miles de argentinos durante la represión.Además de los elogios o críticas artísticas que se ha ganado la cinta y de la celebración ciudadana de este ejercicio cinematográfico de memoria, Argentina, 1985 recordó a otras víctimas de dictaduras en América Latina que el caso del país suramericano es único, pues en otras naciones no se logró proceder desde la justicia contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad.Sputnik conversó con la doctora en historia Soledad Lastra, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina, para tratar de entender qué facultó las singularidades del caso argentino y que dificultó enjuiciar al mexicano Luis Echeverría, el chileno Augusto Pinochet, el guatemalteco Efraín Ríos Montt o el brasileño Humberto de Alencar Castelo Branco."Argentina es un caso excepcional en la región"La especialista en violencias de Estado en el Cono Sur no duda en asentar que "el caso de Argentina es un caso excepcional en la región" no replicado en Uruguay, Chile o Brasil durante sus propias transiciones a la democracia."Esto tiene que ver con varios factores, el primero, uno de los más importantes es la debilidad que tiene la Junta Militar cuando se da la transición a la democracia, que tienen los militares. Es un gobierno militar que se retira de una forma abrupta, muy golpeado por la derrota de la Guerra de Malvinas, y pensar que es una derrota en términos militares, justamente en el campo de ellos", apunta Lastra.Un año antes de la transición democrática de 1983, el Gobierno argentino fue derrotado militarmente por un Reino Unido administrado por Margaret Thatcher debido a la disputa territorial de las islas Malvinas, reconocidas como Falklands por la jerga inglesa.Si bien a nivel social, sigue reivindicándose la posesión latinoamericana del territorio y criticándose la presencia inglesa como un resabio del colonialismo europeo inaugurado en América desde el siglo XVI, la derrota ante Londres significó un desafío político para la dictadura militar argentina."Es un gran desprestigio para la Junta Militar la derrota en Malvinas y eso hace que sea un gobierno mucho más débil que el de otros gobiernos militares que están en la región, como el de Chile, que es un gobierno fuerte, con una presencia fuerte de Pinochet, que además lleva justamente una transición tutelada, es diferente a la transición en Argentina", apunta Lastra."Esa debilidad que tiene el régimen militar en Argentina permite que el gobierno de Raúl Alfonsín, que es un gobierno de la Unión Cívica Radical, pero es de un ala progresista dentro del radicalismo, comience a pensar en la posibilidad de Núremberg", dice en referencia al enjuiciamiento de las autoridades de la Alemania nazi por sus crímenes perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial.Específicamente, Argentina se vio involucrada en los procesos contra el nazismo porque varios responsables de esos crímenes se exiliaron en el país suramericano, por lo que el caso de Núremberg aportó ejemplos locales de la posibilidad de enjuiciar a criminales de Estado, estima la doctora en historia.Indispensable la voluntad políticaLa egresada de la UNLP suma a la posibilidad de llevar a juicio a Jorge Rafael Videla no solo la debilidad de la Junta Militar, sino también la acción en demanda de justicia de la sociedad, intelectuales y políticos en el exilio, y la voluntad política expresada entonces por Buenos Aires."La voluntad política de Alfonsín permite llevar adelante ese juicio, sin la voluntad política de la presidencia eso no hubiera pasado", sintetiza Lastra, en un escenario donde no había un consenso absoluto en las oposiciones al régimen militar de llevarlo a juicio.Además, para el momento en que el fiscal Strassera inicia el proceso la Junta Militar se había otorgado una amnistía, recuerda la historiadora, "de hecho todas las dictaduras lo hicieron, todas las dictaduras se dieron autoamnistías".Sin embargo, al ganar las elecciones de 1983 el radicalismo argentino optó por la anulación de este perdón otorgado por los propios militares en su favor y llevarlos al banquillo de los acusados.El caso de México: ¿la dictadura perfecta?Invitado a México en 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa hizo una declaración televisiva que se convertiría en una de sus frases más recordadas.Dijo ante el caudillo cultural Octavio Paz que cuando se revisa el caso de las dictaduras latinoamericanas, México no debe sentirse con el derecho de excusarse del problema regional, sino por el contrario, pues su partido hegemónico entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), implementó una dictadura perfecta, capaz incluso de simular la oposición y de cooptar a intelectuales.Efectivamente, aunque no sufrió un golpe militar como el de Chile, Argentina, Uruguay o Brasil, o una sustitución de su carta magna, como en el caso de Perú, la violencia de Estado en México comparte rasgos estructurales con los de las dictaduras latinoamericanas: desaparición forzada, tortura contra disidentes políticos, ejecuciones extrajudiciales, entre otros rasgos.Tan es así que el actual Gobierno de México configuró la creación de una Comisión de la Verdad que investiga estos crímenes perpetrados contra la ciudadanía entre las décadas de 1960 y 1990, periodo coincidente con el de la Junta Militar argentina y la dictadura de Pinochet.Lastra matiza que estrictamente no hubo una dictadura en México en la medida en que no hubo una interrupción abrupta y autoritaria del Estado de derecho, si bien el país norteamericano sufrió las mismas violencias regionales de territorios donde sí operaban dictaduras militares.Tanto México como Chile o Argentina, subraya la historiadora, se movilizaban bajo la doctrina de la seguridad nacional, un posicionamiento gubernamental que acusa que la principal amenaza contra el Estado es un enemigo interno, un discurso desde el que se justifica la persecución y desarticulación violenta de las disidencias políticas."Es un enemigo político al que hay que exterminar porque se considera que no puede ser tratado de la misma manera, primándole las garantías y respetando los derechos que debería tener cualquier ciudadano", señala.En el caso de México, hizo un trabajo diplomático y político de cuidado de su imagen externa basado en acciones efectivas de intercambio político en la esfera internacional, describe Lastra."Esa imagen externa permite también ocultar esa cara interna de represión, persecución y de un gran despliegue de mecanismos de desaparición de mexicanos y mexicanas en ese periodo", reconoce la estudiosa.Si bien no ajusta estrictamente la categoría de dictadura, acusa Lastra, el caso del régimen mexicano fue el de un autoritarismo que no toleró el disenso y gestionó el conflicto político a través de la desaparición de personas.Uruguay, Brasil, Chile: autoamnistía militarA diferencia de la debilidad de las Juntas Militares argentinas al momento de ser llevadas a juicio, hay un denominador común para las élites uniformadas de Uruguay Brasil y Chile, evalúa la estudiosa: su presencia en la vida pública no disminuyó con la transición a las democracias.En el caso de Chile, por ejemplo, basta recordar que Pinochet entregó la gestión del país al poder civil tras imponer una constitución, fungir como comandante en jefe del Ejército y luego constituirse como senador vitalicio de la república.Es decir que aunque no dirigía más las decisiones nacionales desde La Moneda, se garantizó una participación protagónica en el escenario chileno a pesar de la restauración de la democracia.En el caso brasileño, subraya Lastra, se emitió una ley de amnistía en 1979 que simulaba una apertura a la configuración civil del país suramericano, "pero en realidad la letra chica de la ley de amnistía en Brasil es que exonera a los militares de cualquier posibilidad de juzgarlos por los crímenes que cometieron en el marco de lo que ellos llamaban el combate al terrorismo"."Es una ley que funciona como una llave que impide juzgar a los militares en Brasil, algunas causas se han podido disputar a nivel internacional y se han podido generar algunas grietas", pero, en contraste con el caso argentino, en el episodio brasileño se careció de la misma voluntad política para construir justicia desde las nuevas fuerzas democráticas.La ley de amnistía brasileña sigue siendo respetada en el presente, apunta Lastra, porque pervive toda una complicidad entre las fuerzas militares y el poder judicial.En el caso de Uruguay, un año después de la restauración de la democracia, en 1986, se emitió una ley que eximía al Estado de la responsabilidad de revisar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas."El movimiento de derechos humanos uruguayo ha intentado por todos los medios, por referéndum, por plebiscito, poner en cuestión esta ley, y todavía no lo ha logrado", matiza la especialista.Oportunidades vivas para la justiciaAunque el dictador chileno Augusto Pinochet murió impune, varios de los responsables de crímenes de Estado en Latinoamérica viven y podrían ser llevados ante la justicia, una posibilidad real siempre que haya intención política y lucha social para lograrlo, valora Lastra."No hay juicio que se haya realizado sin conflicto, estamos hablando de juzgar a gente que está anquilosada en el poder, que tiene redes de complicidad y de financiamiento en torno a los crímenes que cometieron. Y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad en distintos órdenes, no solamente de la desaparición forzada de personas", subraya, como tortura sexual, secuestro contra menores y otros episodios que en ocasiones se van conociendo medio siglo después.Si bien no es imposible construir justicia en estos casos abiertos, abunda, "para eso se necesitan sociedades que exijan justicia, cuerpos políticos que también se comprometan con esos procesos, abogados que también se comprometan con esos procesos y gobiernos que no teman mirar para atrás, porque siempre que hacemos este tipo de exigencias, que en nuestras sociedades latinoamericanas se abren este tipo de luchas, obviamente que se generan muchas incomodidades, muchos desacuerdos", apunta.Sectores políticos, económicos y militares interpelados por estas demandas sociales de justicia vuelven a poner en marcha sus mecanismos de defensa cuando se abren estas iniciativas, describe, por lo que los caminos no son sencillos, "pero no son imposibles".La dificultad del triunfo social contra las dictadurasHistóricamente que las víctimas de violencia sistémica alcancen la justicia frente a poderes como el de las fuerzas armadas y su defensa de intereses económicos es difícil porque requiere de muchas variables y conjugaciones de distintos aspectos, apunta Lastra."Los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos solos no pueden, necesitan también apoyo social, necesitan el apoyo, por ejemplo, de los medios de comunicación, necesitan el compromiso político de otros sectoress; por ejemplo de las iglesias", enumera."Se necesita de todo un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia para poder lograr cambios y transformaciones tan profundas como de las que estamos hablando, yo creo que no son procesos cómodos, llanos, no son procesos que tienen recetas, no hay manuales para hacer esto, hay luchas históricas y esas luchas hay que poder apoyarlas cada uno desde su lugar", ilustra Lastra.Estas violencias de Estado perpetradas durante las dictaduras latinoamericanas, considera la doctora en historia, calaron hondo en el tejido social, perturbaron subjetividades de manera arraigada y lesionaron dinámicas familiares y cotidianas."Estamos hablando de prácticas de terrorismo de Estado, estamos hablando de prácticas genocidas, de infundir temor, de niños que crecieron con infancias aterrorizadas y esos niños son hoy adultos que también causan con muchas consecuencias físicas, psicológicas", apunta.Ante eso, debe ser un compromiso social mirar estos hechos para elegir la lucha por la memoria y la justicia, "pero no es algo que se da de forma aisladada, no es responsabilidad de un grupo, no es responsabilidad de una familia, no es responsabilidad de la persona que sufrió la violencia, es una responsabilidad social, es una responsabilidad política", concluye.
💬 opinión y análisis, augusto pinochet, raúl alfonsín, jorge rafael videla, chile, argentina, uruguay, brasil, guatemala, méxico, dictadura, "la dictadura perfecta", mario vargas llosa
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¿Por qué, a diferencia de lo que muestra 'Argentina, 1985', América Latina no juzgó sus dictaduras?
El estreno de la película 'Argentina, 1985' no solo sirvió de ejercicio de memoria en el país suramericano por lograr enjuiciar a los responsables de la dictadura, sino que también recordó a los países de la región que su relación con la violencia de Estado fue diferente y algunos responsables murieron impunes o siguen presentes en la vida pública.
La cinta, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, recrea el proceso de los juicios civiles que se siguieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras la restauración de la democracia en el país latinoamericano, contra las Juntas Militares responsables de la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de miles de argentinos durante la represión.
Además de los elogios o críticas artísticas que se ha ganado la cinta y de la celebración ciudadana de este ejercicio cinematográfico de memoria, Argentina, 1985 recordó a otras víctimas de dictaduras en América Latina que el caso del país suramericano es único, pues en otras naciones no se logró proceder desde la justicia contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Sputnik conversó con la doctora en historia Soledad Lastra, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina, para tratar de entender qué facultó las singularidades del caso argentino y que dificultó enjuiciar al mexicano Luis Echeverría, el chileno Augusto Pinochet, el guatemalteco Efraín Ríos Montt o el brasileño Humberto de Alencar Castelo Branco.
La especialista en violencias de Estado en el Cono Sur no duda en asentar que "el caso de Argentina es un caso excepcional en la región" no replicado en Uruguay, Chile o Brasil durante sus propias transiciones a la democracia.
"Esto tiene que ver con varios factores, el primero, uno de los más importantes es la debilidad que tiene la Junta Militar cuando se da la transición a la democracia, que tienen los militares. Es un gobierno militar que se retira de una forma abrupta, muy golpeado por la derrota de la Guerra de Malvinas, y pensar que es una derrota en términos militares, justamente en el campo de ellos", apunta Lastra.
Un año antes de la transición democrática de 1983, el Gobierno argentino fue derrotado militarmente por un Reino Unido administrado por Margaret Thatcher debido a la disputa territorial de las islas Malvinas, reconocidas como Falklands por la jerga inglesa.
Si bien a nivel social, sigue reivindicándose la posesión latinoamericana del territorio y criticándose la presencia inglesa como un resabio del colonialismo europeo inaugurado en América desde el siglo XVI, la derrota ante Londres significó un desafío político para la dictadura militar argentina.
"Es un gran desprestigio para la Junta Militar la derrota en Malvinas y eso hace que sea un gobierno mucho más débil que el de otros gobiernos militares que están en la región, como el de Chile, que es un gobierno fuerte, con una presencia fuerte de Pinochet, que además lleva justamente una transición tutelada, es diferente a la transición en Argentina", apunta Lastra.
"Esa debilidad que tiene el régimen militar en Argentina permite que el gobierno de Raúl Alfonsín, que es un gobierno de la Unión Cívica Radical, pero es de un ala progresista dentro del radicalismo, comience a pensar en la posibilidad de Núremberg", dice en referencia al enjuiciamiento de las autoridades de la Alemania nazi por sus crímenes perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial.
Específicamente, Argentina se vio involucrada en los procesos contra el nazismo porque varios responsables de esos crímenes se exiliaron en el país suramericano, por lo que el caso de Núremberg aportó ejemplos locales de la posibilidad de enjuiciar a criminales de Estado, estima la doctora en historia.
La egresada de la UNLP suma a la posibilidad de llevar a juicio a Jorge Rafael Videla no solo la debilidad de la Junta Militar, sino también la acción en demanda de justicia de la sociedad, intelectuales y políticos en el exilio, y la voluntad política expresada entonces por Buenos Aires.
"La voluntad política de Alfonsín permite llevar adelante ese juicio, sin la voluntad política de la presidencia eso no hubiera pasado", sintetiza Lastra, en un escenario donde no había un consenso absoluto en las oposiciones al régimen militar de llevarlo a juicio.
Además, para el momento en que el fiscal Strassera inicia el proceso la Junta Militar se había otorgado una amnistía, recuerda la historiadora, "de hecho todas las dictaduras lo hicieron, todas las dictaduras se dieron autoamnistías".
Sin embargo, al ganar las elecciones de 1983 el radicalismo argentino optó por la anulación de este perdón otorgado por los propios militares en su favor y llevarlos al banquillo de los acusados.
Invitado a México en 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa hizo una declaración televisiva que se convertiría en una de sus frases más recordadas.
Dijo ante el caudillo cultural Octavio Paz que cuando se revisa el caso de las dictaduras latinoamericanas, México no debe sentirse con el derecho de excusarse del problema regional, sino por el contrario, pues su partido hegemónico entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), implementó una dictadura perfecta, capaz incluso de simular la oposición y de cooptar a intelectuales.
Efectivamente, aunque no sufrió un golpe militar como el de Chile, Argentina, Uruguay o Brasil, o una sustitución de su carta magna, como en el caso de Perú, la violencia de Estado en México comparte rasgos estructurales con los de las dictaduras latinoamericanas: desaparición forzada, tortura contra disidentes políticos, ejecuciones extrajudiciales, entre otros rasgos.
Tan es así que el actual Gobierno de México configuró la creación de una Comisión de la Verdad que investiga estos crímenes perpetrados contra la ciudadanía entre las décadas de 1960 y 1990, periodo coincidente con el de la Junta Militar argentina y la dictadura de Pinochet.
Lastra matiza que estrictamente no hubo una dictadura en México en la medida en que no hubo una interrupción abrupta y autoritaria del Estado de derecho, si bien el país norteamericano sufrió las mismas violencias regionales de territorios donde sí operaban dictaduras militares.
Tanto México como Chile o Argentina, subraya la historiadora, se movilizaban bajo la doctrina de la seguridad nacional, un posicionamiento gubernamental que acusa que la principal amenaza contra el Estado es un enemigo interno, un discurso desde el que se justifica la persecución y desarticulación violenta de las disidencias políticas.
"Es un enemigo político al que hay que exterminar porque se considera que no puede ser tratado de la misma manera, primándole las garantías y respetando los derechos que debería tener cualquier ciudadano", señala.
"Esa imagen externa permite también ocultar esa cara interna de represión, persecución y de un gran despliegue de mecanismos de desaparición de mexicanos y mexicanas en ese periodo", reconoce la estudiosa.
Si bien no ajusta estrictamente la categoría de dictadura, acusa Lastra, el caso del régimen mexicano fue el de un autoritarismo que no toleró el disenso y gestionó el conflicto político a través de la desaparición de personas.
Uruguay, Brasil, Chile: autoamnistía militar
A diferencia de la debilidad de las Juntas Militares argentinas al momento de ser llevadas a juicio, hay un denominador común para las élites uniformadas de Uruguay Brasil y Chile, evalúa la estudiosa: su presencia en la vida pública no disminuyó con la transición a las democracias.
En el caso de Chile, por ejemplo, basta recordar que Pinochet entregó la gestión del país al poder civil tras imponer una constitución, fungir como comandante en jefe del Ejército y luego constituirse como senador vitalicio de la república.
Es decir que aunque no dirigía más las decisiones nacionales desde La Moneda, se garantizó una participación protagónica en el escenario chileno a pesar de la restauración de la democracia.
En el caso brasileño, subraya Lastra, se emitió una ley de amnistía en 1979 que simulaba una apertura a la configuración civil del país suramericano, "pero en realidad la letra chica de la ley de amnistía en Brasil es que exonera a los militares de cualquier posibilidad de juzgarlos por los crímenes que cometieron en el marco de lo que ellos llamaban el combate al terrorismo".
"Es una ley que funciona como una llave que impide juzgar a los militares en Brasil, algunas causas se han podido disputar a nivel internacional y se han podido generar algunas grietas", pero, en contraste con el caso argentino, en el episodio brasileño se careció de la misma voluntad política para construir justicia desde las nuevas fuerzas democráticas.
La ley de amnistía brasileña sigue siendo respetada en el presente, apunta Lastra, porque pervive toda una complicidad entre las fuerzas militares y el poder judicial.
En el caso de Uruguay, un año después de la restauración de la democracia, en 1986, se emitió una ley que eximía al Estado de la responsabilidad de revisar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas.
"El movimiento de derechos humanos uruguayo ha intentado por todos los medios, por referéndum, por plebiscito, poner en cuestión esta ley, y todavía no lo ha logrado", matiza la especialista.
Aunque el dictador chileno Augusto Pinochet murió impune, varios de los responsables de crímenes de Estado en Latinoamérica viven y podrían ser llevados ante la justicia, una posibilidad real siempre que haya intención política y lucha social para lograrlo, valora Lastra.
"No hay juicio que se haya realizado sin conflicto, estamos hablando de juzgar a gente que está anquilosada en el poder, que tiene redes de complicidad y de financiamiento en torno a los crímenes que cometieron. Y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad en distintos órdenes, no solamente de la desaparición forzada de personas", subraya, como tortura sexual, secuestro contra menores y otros episodios que en ocasiones se van conociendo medio siglo después.
Si bien no es imposible construir justicia en estos casos abiertos, abunda, "para eso se necesitan sociedades que exijan justicia, cuerpos políticos que también se comprometan con esos procesos, abogados que también se comprometan con esos procesos y gobiernos que no teman mirar para atrás, porque siempre que hacemos este tipo de exigencias, que en nuestras sociedades latinoamericanas se abren este tipo de luchas, obviamente que se generan muchas incomodidades, muchos desacuerdos", apunta.
Sectores políticos, económicos y militares interpelados por estas demandas sociales de justicia vuelven a poner en marcha sus mecanismos de defensa cuando se abren estas iniciativas, describe, por lo que los caminos no son sencillos, "pero no son imposibles".
La dificultad del triunfo social contra las dictaduras
Históricamente que las víctimas de violencia sistémica alcancen la justicia frente a poderes como el de las fuerzas armadas y su defensa de intereses económicos es difícil porque requiere de muchas variables y conjugaciones de distintos aspectos, apunta Lastra.
"Los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos solos no pueden, necesitan también apoyo social, necesitan el apoyo, por ejemplo, de los medios de comunicación, necesitan el compromiso político de otros sectoress; por ejemplo de las iglesias", enumera.
"Se necesita de todo un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia para poder lograr cambios y transformaciones tan profundas como de las que estamos hablando, yo creo que no son procesos cómodos, llanos, no son procesos que tienen recetas, no hay manuales para hacer esto, hay luchas históricas y esas luchas hay que poder apoyarlas cada uno desde su lugar", ilustra Lastra.
Estas violencias de Estado perpetradas durante las dictaduras latinoamericanas, considera la doctora en historia, calaron hondo en el tejido social, perturbaron subjetividades de manera arraigada y lesionaron dinámicas familiares y cotidianas.
"Estamos hablando de prácticas de terrorismo de Estado, estamos hablando de prácticas genocidas, de infundir temor, de niños que crecieron con infancias aterrorizadas y esos niños son hoy adultos que también causan con muchas consecuencias físicas, psicológicas", apunta.
Ante eso, debe ser un compromiso social mirar estos hechos para elegir la lucha por la memoria y la justicia, "pero no es algo que se da de forma aisladada, no es responsabilidad de un grupo, no es responsabilidad de una familia, no es responsabilidad de la persona que sufrió la violencia, es una responsabilidad social, es una responsabilidad política", concluye.
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