La iniciativa de Gustavo Petro sobre gestores de paz siembra polémica en Colombia
La iniciativa de Gustavo Petro sobre gestores de paz siembra polémica en Colombia
Sputnik Mundo
La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que pretende acoger a 100.000 jóvenes de los municipios más afectados por la violencia en Colombia como gestores de... 16.12.2022, Sputnik Mundo
Bajo la iniciativa denominada Jóvenes en Paz, el Gobierno del Pacto Histórico busca contemplar a la juventud excluida en zonas de alta conflictividad social y apostar a que los gestores puedan continuar su educación, insertándose en el mercado laboral y evitando que se incorporen a las filas del crimen organizado.El programa otorgará un pago de un millón de pesos colombianos (alrededor de 210 dólares) a 100.000 beneficiarios que viven en zonas de violencia exacerbada en Colombia. Sin embargo, la oposición cuestionó no solo el destino de los fondos, a qué población estaría dirigida, sino que arremetió contra supuestas intenciones políticas para su aplicación.En ese sentido, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, cuestionó el plan de Petro a través de Twitter.Asimismo, el dirigente del partido opositor Movimiento de Salvación Nacional y excandidato presidencial Enrique Gómez, también denunció que la iniciativa era una estrategia para buscar aliados políticos."¿A cuánto estamos de que pasemos de gestores de paz a colectivos petristas?", preguntó a través de Twitter.Sin embargo, en diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano Luis Celis, explicó que las críticas parten, en su mayoría, de la postura que está adoptando el Gobierno frente a la liberación de detenidos por el pasado paro nacional de 2021 y la posibilidad de que estos sean contemplados en este programa.Se trata de cientos de jóvenes de la primera línea, como se los conoció durante las protestas del año pasado, que se encuentran detenidos hasta el momento, y que el Gobierno de Petro espera poner en libertad antes de la Navidad.Dos políticas paralelasDe acuerdo con Petro, el programa Jóvenes en Paz brindará "un ingreso que permita vivir con cierta dignidad" y "competir al salario que entrega la organización multicrimen". Además, agregó que a cambio, como contraprestación, los jóvenes deberán continuar sus estudios.Su puesta en marcha, que implicaría una inversión de dos billones de pesos anuales (alrededor de 200 millones de dólares), se prevé para 2023 con el objetivo de "hacer un proceso de paz con la juventud popular", y darles a los jóvenes de contextos violentos "la oportunidad de ser agentes de transformación, construyendo un nuevo pacto social en defensa de la vida y la paz en los territorios".El plan abarcaría jóvenes de los barrios más problemáticos de Urabá, Cartagena, Barranquilla, el Chocó, toda la costa pacífica y Bogotá, entre otros puntos, según aseguró el mandatario durante su intervención en la presentación del balance del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes realizada en Bogotá este miércoles 14.En paralelo, el Gobierno busca la salida de alrededor de 200 personas que se encuentran privadas de libertad "sin mayores delitos o contravenciones", sobre los que el presidente "ha aplicado la figura de gestores de paz", explicó Celis.Esta decisión ha sembrado polémica pese a que la decisión final es de la Justicia. "La última palabra la tendrá un juez, quien decidirá sobre unos criterios que ha planteado el Gobierno, si podrán recuperar o no la libertad".En ese sentido, el sociólogo explicó que la derecha ha generado un discurso donde se los considera "terroristas".En las últimas horas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha aclarado que los primeros siete liberados tras participar en las protestas de 2021, que serán "voceros de paz", no gozarán de una remuneración, aunque sí deberán asumir "funciones específicas" para "contribuir con la paz"."Cumplirán con unas funciones de facilitación de la convivencia, desescalamiento de las tensiones sociales. No van a tener remuneración del Estado por sus actividades, lo que van a tener es el compromiso de cumplir con unas labores humanitarias, lo que podemos llamar la paz del barrio", detalló en declaraciones a Blu Radio.Para Celis, "la mejor política de prevención de la violencia es otorgar derechos: a la educación, a la tierra, al trabajo, darle a los jóvenes que no tienen muchas veces, alimentación, la oportunidad de emprender una vida, de tener un proyecto de ciudadanía de calidad" y agregó que Petro se guía bajo la convicción de que son estas oportunidades las que acabarán con la violencia.
La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que pretende acoger a 100.000 jóvenes de los municipios más afectados por la violencia en Colombia como gestores de paz generó una amplia polémica. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Luis Celis dijo que la oposición ha construido un discurso donde hace ver a los jóvenes como "terroristas".
Bajo la iniciativa denominada Jóvenes en Paz, el Gobierno del Pacto Histórico busca contemplar a la juventud excluida en zonas de alta conflictividad social y apostar a que los gestores puedan continuar su educación, insertándose en el mercado laboral y evitando que se incorporen a las filas del crimen organizado.
El programa otorgará un pago de un millón de pesos colombianos (alrededor de 210 dólares) a 100.000 beneficiarios que viven en zonas de violencia exacerbada en Colombia. Sin embargo, la oposición cuestionó no solo el destino de los fondos, a qué población estaría dirigida, sino que arremetió contra supuestas intenciones políticas para su aplicación.
En ese sentido, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, cuestionó el plan de Petro a través de Twitter.
"Los 100.000 'gestores de paz' serán activistas políticos (y muchos milicias políticas) al servicio de la eternización de Petro en el poder, pagados con los impuestos de los colombianos", expresó el político del opositor Partido de la Unión por la Gente.
Asimismo, el dirigente del partido opositor Movimiento de Salvación Nacional y excandidato presidencial Enrique Gómez, también denunció que la iniciativa era una estrategia para buscar aliados políticos.
"¿A cuánto estamos de que pasemos de gestores de paz a colectivos petristas?", preguntó a través de Twitter.
¿A cuánto estamos de que pasemos de gestores de paz a colectivos petristas?
Sin embargo, en diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano Luis Celis, explicó que las críticas parten, en su mayoría, de la postura que está adoptando el Gobierno frente a la liberación de detenidos por el pasado paro nacional de 2021 y la posibilidad de que estos sean contemplados en este programa.
Además, desde la oposición "se ha relacionado la idea de los gestores de paz con la negociación con el Ejército de Liberación Nacional", lo cual no tiene vínculo alguno, afirmó el experto.
Se trata de cientos de jóvenes de la primera línea, como se los conoció durante las protestas del año pasado, que se encuentran detenidos hasta el momento, y que el Gobierno de Petro espera poner en libertad antes de la Navidad.
De acuerdo con Petro, el programa Jóvenes en Paz brindará "un ingreso que permita vivir con cierta dignidad" y "competir al salario que entrega la organización multicrimen". Además, agregó que a cambio, como contraprestación, los jóvenes deberán continuar sus estudios.
Su puesta en marcha, que implicaría una inversión de dos billones de pesos anuales (alrededor de 200 millones de dólares), se prevé para 2023 con el objetivo de "hacer un proceso de paz con la juventud popular", y darles a los jóvenes de contextos violentos "la oportunidad de ser agentes de transformación, construyendo un nuevo pacto social en defensa de la vida y la paz en los territorios".
El plan abarcaría jóvenes de los barrios más problemáticos de Urabá, Cartagena, Barranquilla, el Chocó, toda la costa pacífica y Bogotá, entre otros puntos, según aseguró el mandatario durante su intervención en la presentación del balance del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes realizada en Bogotá este miércoles 14.
En paralelo, el Gobierno busca la salida de alrededor de 200 personas que se encuentran privadas de libertad "sin mayores delitos o contravenciones", sobre los que el presidente "ha aplicado la figura de gestores de paz", explicó Celis.
Esta decisión ha sembrado polémica pese a que la decisión final es de la Justicia. "La última palabra la tendrá un juez, quien decidirá sobre unos criterios que ha planteado el Gobierno, si podrán recuperar o no la libertad".
En ese sentido, el sociólogo explicó que la derecha ha generado un discurso donde se los considera "terroristas".
En las últimas horas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha aclarado que los primeros siete liberados tras participar en las protestas de 2021, que serán "voceros de paz", no gozarán de una remuneración, aunque sí deberán asumir "funciones específicas" para "contribuir con la paz".
"Cumplirán con unas funciones de facilitación de la convivencia, desescalamiento de las tensiones sociales. No van a tener remuneración del Estado por sus actividades, lo que van a tener es el compromiso de cumplir con unas labores humanitarias, lo que podemos llamar la paz del barrio", detalló en declaraciones a Blu Radio.
Para Celis, "la mejor política de prevención de la violencia es otorgar derechos: a la educación, a la tierra, al trabajo, darle a los jóvenes que no tienen muchas veces, alimentación, la oportunidad de emprender una vida, de tener un proyecto de ciudadanía de calidad" y agregó que Petro se guía bajo la convicción de que son estas oportunidades las que acabarán con la violencia.
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