¿Hasta dónde se podría cumplir la amenaza de separar a Santa Cruz de Bolivia?
¿Hasta dónde se podría cumplir la amenaza de separar a Santa Cruz de Bolivia?
Sputnik Mundo
Pasados los 36 días de paro en Santa Cruz, que significaron una derrota para el gobernador Luis Fernando Camacho y sus aliados, en este departamento dicen que... 07.12.2022, Sputnik Mundo
Comenzaron a investigarse varias denuncias contra los líderes del paro en Santa Cruz, que no lograron su objetivo de realizar el censo en 2023. El gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, y dirigentes del Comité Cívico cruceño denunciaron a su vez una "persecución política" encabezada por el presidente Arce.Cuando el paro indefinido languidecía a fines de noviembre, los líderes cívicos sostuvieron revisarían la relación con el Estado boliviano. Durante la movilización, en Santa Cruz esperaban que los ocho departamentos restantes se plegaran a su protesta hasta doblarle el brazo a Arce, lo cual no ocurrió. Ante la decepción, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, dijo públicamente que "Bolivia no quiere a Santa Cruz".El presidente Arce participó del acto central del Día de la Armada boliviana el 5 de diciembre y respondió: "Quienes hoy, por intereses políticos circunstanciales, porfían en revisar la relación con el Estado boliviano [...] deben comprender que el pueblo boliviano, junto a su gloriosa Armada, jamás permitirá una nueva pérdida de territorio bajo ningún pretexto".Marcelo Patzi, periodista cruceño, desde hace décadas escucha amenazas separatistas de líderes regionales: "Lamentablemente está en el imaginario de las élites de Santa Cruz. Es como el niño malcriado que dice: 'Si no me das el dulce, yo me voy'. ¿Y adónde se va a ir? ¿Con qué recursos? Lo pongo como metáfora, porque Santa Cruz depende mucho de Bolivia", aseguró a Sputnik.Dependencia económicaEl Gobierno gastó más de 1.400 millones de dólares en la subvención del precio del diésel y la gasolina durante 2022. Según Patzi, el poderoso empresariado agroindustrial de Santa Cruz se beneficia de esta medida.Comentó que en varios otros aspectos de la economía y las relaciones internacionales este departamento depende del Gobierno boliviano. El plan separatista "es algo totalmente inviable, que solamente se maneja como un discurso en Santa Cruz", sostuvo.La idea de dividir a Bolivia ya había sido impulsada por varios líderes cívicos, políticos y empresarios cruceños en 2009, cuando trajeron al militar boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores con la finalidad de formar un ejército local para lograr la tan anhelada independencia. Pero el militar y su banda de extranjeros separatistas fueron liquidados en el hotel Las Américas.Llegada esta hipotética instancia, "Santa Cruz quedaría totalmente aislada. Porque no es el gran departamento de Santa Cruz [que ocupa el 33% del territorio boliviano] que quiere separarse, sino unos cuántos anillos que bordean a la ciudad de Santa Cruz", dijo Patzi, autor de la investigación Fake: la prensa y los golpes de Estado en Bolivia, recién publicada.Patzi explicó que las ideas independentistas solamente florecen en la urbe cruceña: 100 kilómetros al norte de la capital queda la población campesina de San Julián, caracterizada por su lealtad al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Lo mismo Yapacaní, 150 kilómetros por la carretera que va a Cochabamba."Estas poblaciones cruceñas no van a permitir que ocurra una división. Y dentro de la misma Santa Cruz está el Plan 3000, que es un incordio para las élites cruceñas, que no han podido doblegar a su población en los 36 días", a pesar de que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) el grupo de choque del Comité Cívico, hostigó a esa ciudadela cada noche con violencia por no sumarse al paro indefinido.Todavía falta realizar el censo para saber a ciencia cierta cuántos habitantes tiene Santa Cruz y cuál es su procedencia. No hay dudas de que en los últimos 10 años fue el departamento que recibió más migración interna, por ello tanto apuro de los cívicos para tener datos precisos que permitan acrecentar la coparticipación de fondos del Estado.Al calor de la protestaLa investigadora social Licy Tejada dijo a Sputnik que no cree que la propuesta separatista "haya tenido eco reflexivo en la población, sino que ha sido al calor de todo este tema de la realización del censo".Entre las propuestas de federalismo, separatismo y las advertencias del presidente para conservar la integridad del territorio boliviano, "va a haber un debate que va a ocupar las agendas políticas. Se va a profundizar y será un tema de campaña de la derecha de Santa Cruz. No hay una ciudadanía contestataria a esta derecha, lamentablemente", evaluó.Durante los 36 días de paro al menos cuatro personas murieron en conflictos en los puntos de bloqueo. También una joven denunció que sufrió una violación grupal, así como se cometieron otros tipos de ilícitos contra vecinas y vecinos. Entre ellos estuvo la quema de la federación de campesinos cruceños.Sobre los reclamos de "persecución política" esgrimidos por los cívicos, Tejada comentó que "es una conducta que se viene naturalizando desde 2003, cuando esta misma derecha intentó que Gonzalo Sánchez de Lozada [1993-1997 y 2002-2003] gobierne desde Santa Cruz, cuando ya el pueblo lo había echado de La Paz", tras la llamada Guerra del Gas."Ahí se expresaron los primeros signos de intolerancia y ejercicio de una política violenta contra el que piensa diferente", agregó. En este sentido, "la UJC [bajo la órbita del Comité Pro Santa Cruz] es una institución violenta, que viene exigiendo cada vez más espacios de impunidad e inmunidad", aseguró.
Pasados los 36 días de paro en Santa Cruz, que significaron una derrota para el gobernador Luis Fernando Camacho y sus aliados, en este departamento dicen que revisarán su vínculo con Bolivia. El presidente Luis Arce se comprometió a conservar la integridad territorial.
Comenzaron a investigarse varias denuncias contra los líderes del paro en Santa Cruz, que no lograron su objetivo de realizar el censo en 2023. El gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, y dirigentes del Comité Cívico cruceño denunciaron a su vez una "persecución política" encabezada por el presidente Arce.
Cuando el paro indefinido languidecía a fines de noviembre, los líderes cívicos sostuvieron revisarían la relación con el Estado boliviano. Durante la movilización, en Santa Cruz esperaban que los ocho departamentos restantes se plegaran a su protesta hasta doblarle el brazo a Arce, lo cual no ocurrió. Ante la decepción, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, dijo públicamente que "Bolivia no quiere a Santa Cruz".
El presidente Arce participó del acto central del Día de la Armada boliviana el 5 de diciembre y respondió: "Quienes hoy, por intereses políticos circunstanciales, porfían en revisar la relación con el Estado boliviano [...] deben comprender que el pueblo boliviano, junto a su gloriosa Armada, jamás permitirá una nueva pérdida de territorio bajo ningún pretexto".
Cada solemne aniversario de nuestra Armada Boliviana, es una renovación de compromiso con el pueblo boliviano y la Constitución Política del Estado, a los que juraron defender respetando una honorable tradición militar que se remonta a las republiquetas independentistas. pic.twitter.com/TOnp09IPzs
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 5, 2022
El presidente sostuvo que "Bolivia es más grande que una finca, por mucho que a las élites antipatria les cueste aceptarlo. Incitar a la confrontación entre bolivianos sirviéndose de una versión caricaturizada de regionalismo federalista, provocando dolor y muerte, debe indignarnos a todos".
Marcelo Patzi, periodista cruceño, desde hace décadas escucha amenazas separatistas de líderes regionales: "Lamentablemente está en el imaginario de las élites de Santa Cruz. Es como el niño malcriado que dice: 'Si no me das el dulce, yo me voy'. ¿Y adónde se va a ir? ¿Con qué recursos? Lo pongo como metáfora, porque Santa Cruz depende mucho de Bolivia", aseguró a Sputnik.
El Gobierno gastó más de 1.400 millones de dólares en la subvención del precio del diésel y la gasolina durante 2022. Según Patzi, el poderoso empresariado agroindustrial de Santa Cruz se beneficia de esta medida.
"Tienen combustible para sacar la soya de sus campos a precio económico. Pero si Santa Cruz se separara de Bolivia, tendría que exportar el diésel y pagarlo a precio real. Ya no sería tan rentable su negocio", consideró.
Comentó que en varios otros aspectos de la economía y las relaciones internacionales este departamento depende del Gobierno boliviano. El plan separatista "es algo totalmente inviable, que solamente se maneja como un discurso en Santa Cruz", sostuvo.
La idea de dividir a Bolivia ya había sido impulsada por varios líderes cívicos, políticos y empresarios cruceños en 2009, cuando trajeron al militar boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores con la finalidad de formar un ejército local para lograr la tan anhelada independencia. Pero el militar y su banda de extranjeros separatistas fueron liquidados en el hotel Las Américas.
Llegada esta hipotética instancia, "Santa Cruz quedaría totalmente aislada. Porque no es el gran departamento de Santa Cruz [que ocupa el 33% del territorio boliviano] que quiere separarse, sino unos cuántos anillos que bordean a la ciudad de Santa Cruz", dijo Patzi, autor de la investigación Fake: la prensa y los golpes de Estado en Bolivia, recién publicada.
Patzi explicó que las ideas independentistas solamente florecen en la urbe cruceña: 100 kilómetros al norte de la capital queda la población campesina de San Julián, caracterizada por su lealtad al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Lo mismo Yapacaní, 150 kilómetros por la carretera que va a Cochabamba.
"Estas poblaciones cruceñas no van a permitir que ocurra una división. Y dentro de la misma Santa Cruz está el Plan 3000, que es un incordio para las élites cruceñas, que no han podido doblegar a su población en los 36 días", a pesar de que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) el grupo de choque del Comité Cívico, hostigó a esa ciudadela cada noche con violencia por no sumarse al paro indefinido.
Todavía falta realizar el censo para saber a ciencia cierta cuántos habitantes tiene Santa Cruz y cuál es su procedencia. No hay dudas de que en los últimos 10 años fue el departamento que recibió más migración interna, por ello tanto apuro de los cívicos para tener datos precisos que permitan acrecentar la coparticipación de fondos del Estado.
"Mucho más de la mitad, hasta 70% de la población de Santa Cruz es migrante, es del resto del país. Y todas esas personas no estarían de acuerdo con separarse de un país al que aman", dijo el conductor del programa Zamba Canuta, en la radio Patria Nueva.
Al calor de la protesta
La investigadora social Licy Tejada dijo a Sputnik que no cree que la propuesta separatista "haya tenido eco reflexivo en la población, sino que ha sido al calor de todo este tema de la realización del censo".
Entre las propuestas de federalismo, separatismo y las advertencias del presidente para conservar la integridad del territorio boliviano, "va a haber un debate que va a ocupar las agendas políticas. Se va a profundizar y será un tema de campaña de la derecha de Santa Cruz. No hay una ciudadanía contestataria a esta derecha, lamentablemente", evaluó.
Durante los 36 días de paro al menos cuatro personas murieron en conflictos en los puntos de bloqueo. También una joven denunció que sufrió una violación grupal, así como se cometieron otros tipos de ilícitos contra vecinas y vecinos. Entre ellos estuvo la quema de la federación de campesinos cruceños.
Sobre los reclamos de "persecución política" esgrimidos por los cívicos, Tejada comentó que "es una conducta que se viene naturalizando desde 2003, cuando esta misma derecha intentó que Gonzalo Sánchez de Lozada [1993-1997 y 2002-2003] gobierne desde Santa Cruz, cuando ya el pueblo lo había echado de La Paz", tras la llamada Guerra del Gas.
"Ahí se expresaron los primeros signos de intolerancia y ejercicio de una política violenta contra el que piensa diferente", agregó. En este sentido, "la UJC [bajo la órbita del Comité Pro Santa Cruz] es una institución violenta, que viene exigiendo cada vez más espacios de impunidad e inmunidad", aseguró.
Tejada afirmó que durante el extenso paro cívico este grupo operó con atribuciones de Fiscalía y de Policía: "Creo que a las víctimas no se nos puede menoscabar. Nos han bloqueado con alambres de púas, con cercas electrificadas, hemos sido violentados en nuestros derechos. No se nos puede privar del derecho a la denuncia, la defensa y el pronto auxilio, como lo establece la vía legal".
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