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Activistas de Perú advierten violaciones a derechos humanos de extranjeros

© AP Photo / Martin MejiaMigrantes venezolanos (imagen referencial)
Migrantes venezolanos (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2022
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LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú estaría violando los derechos humanos al pretender que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita la expulsión de extranjeros bajo causales viciadas, comentó Nancy Arellano para Sputnik.
Arellano es la encargada pro témpore del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización no gubernamental que vela por los derechos de los migrantes, entre otros temas afines.
"El Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley 2811 el 15 de agosto y que tiene el mismo enfoque contrario a los derechos humanos [de otro presentado previamente], pues introduce modificaciones al artículo 58 del Decreto Legislativo 1350 [Ley de Migraciones] que expone causales de expulsión violatorias", sostiene Arellano.
La norma, explica la representante de la CNDDHH, pretende que un extranjero residente sea expulsado por razones ciertamente insólitas y claramente contrarias a los tratados humanitarios de los que Perú es parte.
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Entre las causales de expulsión que pretende introducir la norma se encuentran, por ejemplo, el que un inmigrante contravenga las disposiciones sanitarias vigentes, o que no porte su documento de identidad en una eventual detención, o por hallarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso o autorización de la autoridad competente.

Medidas desproporcionadas

Arellano advierte una exageración de las sanciones. "Esto es desproporcionado porque se habla de sanciones sin que de por medio haya mediado un delito", afirma la especialista de la CNDDHH.
Como agravante, Arellano detalla que la norma busca sancionar con 25 años de prohibición de reingreso al país a quienes violen estas pretendidas causales, siendo actualmente 15 años el plazo de reingreso para quienes incumplen las causales ya determinadas por la normatividad vigente.
"En esto [la prohibición de reingreso por 25 años] media todo un tema de derechos humanos como la integridad familiar [de los inmigrantes], como el derecho de los hijos [de inmigrantes] a contar con sus padres [quienes serían expulsados sin más]", explica la experta, aludiendo a cuestiones básicas de derechos humanos que se violarían con el proyecto de ley del Ejecutivo.
En el sistema legal peruano, los extranjeros que cometen delitos deben ser juzgados en el sistema de justicia nacional, y de ser hallados culpables deben cumplir sus penas en el país y no en sus naciones de origen, luego de lo cual se hallan en facultad de retornar.
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Arellano advierte que el pretendido proyecto de ley que, según ha afirmado el presidente Pedro Castillo busca combatir la delincuencia cometida por los extranjeros, en verdad podría animar su impunidad, pues los delitos que cometan quedarían sin ser debidamente sancionados en Perú, que es donde se habrían perpetrado y donde deberían pagar su deuda con la sociedad peruana.

Realidad versus datos

La comunidad inmigrante más numerosa en Perú es la venezolana, con cerca de 1,6 millones de personas. Sin embargo, según cifras del Ministerio Público de 2020, solo el 0,72% de los delitos cometidos en Lima, ciudad que alberga a un tercio de la población nacional, fueron cometidos por ciudadanos de Venezuela.
En Perú, ciertos políticos con ánimos probablemente populistas achacan el problema de la seguridad ciudadana a la presencia de extranjeros, pero esto no se condice con los datos, pues según afirmó el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, menos de tres por ciento de los internos en los penales son extranjeros de diversas nacionalidades de distintos continentes.
Por otro lado, Arellano advierte que, de progresar la iniciativa del Ejecutivo, Perú podría abrirse un complicado proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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